El artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el texto de la Ley 1755 de 2015, fija tres plazos. «Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria», toda petición debe resolverse dentro de los quince días siguientes a su recepción. Las peticiones de documentos y de información se resuelven dentro de los diez días siguientes, y las consultas sobre materias a cargo de la autoridad, dentro de los treinta. Cuando excepcionalmente no sea posible resolver en esos plazos, el parágrafo permite ampliarlos con condiciones estrictas. Este tema explica cómo se cuentan, qué los suspende o extiende, cuáles son sus excepciones y qué ocurre si se incumplen.
La Sentencia C-951 de 2014 aporta tres precisiones. La primera es que los plazos son un máximo y no un tiempo que la autoridad pueda agotar sin razón: la pronta resolución exige responder en el menor plazo posible. La segunda es que, al referirse a los términos de las modalidades de petición, la Corte los entiende como de quince, diez y treinta días hábiles; el texto del artículo 14 dice solo «días siguientes», y la regla legal general de cómputo de plazos no se leyó en el material de este capítulo, de modo que su fuente exacta queda PENDIENTE DE VERIFICACIÓN. La tercera es que el término se cuenta desde que la petición es presentada y recibida por la oficina encargada o por cualquier funcionario de la entidad, aunque no sea la autoridad que tiene la competencia, lo que evita dilaciones y da certeza al peticionario.
La fecha de recepción se prueba con la radicación. El artículo 15 dispone que, si la petición se envía por un medio idóneo para la comunicación o la transferencia de datos, se tienen como fecha y hora de radicación y como número y clase de documentos recibidos los registrados en el medio por el cual se recibieron, y que ninguna autoridad puede negarse a recibir y radicar peticiones respetuosas. El artículo 61 del código, en el texto de la Ley 2080 de 2021, obliga a las autoridades a emitir un mensaje que acuse el recibo con la fecha y el número de radicado, y el artículo 62 le da valor probatorio: el mensaje de acuse prueba el envío del interesado y la recepción de la autoridad, y si fallan los medios electrónicos de esta, el remitente puede insistir dentro de los tres días siguientes o usar otro medio, con constancia de la falla. La Ley 962 de 2005 (artículo 10) añade para el correo que la petición se presenta el día en que se incorpora, pero se radica, para el término, el día en que llega a la entidad; su articulación actual con el código queda PENDIENTE.
El plazo puede ampliarse una sola vez, y bajo condiciones. El parágrafo exige que la autoridad informe al interesado, antes del vencimiento del término, los motivos de la demora y señale un plazo razonable para responder, que no puede exceder del doble del inicialmente previsto: treinta días en la petición general, veinte en documentos y sesenta en consultas. C-951 destaca que la norma no permite prórrogas sucesivas y que la comunicación debe darse a conocer al peticionario antes de que termine el plazo. Si una petición de documentos llega al vencimiento de la prórroga sin respuesta, se entiende igualmente aceptada, como si hubiera vencido el plazo original.
Otros preceptos modifican el momento desde el cual corre o se reactiva el plazo. Cuando la petición está incompleta, el artículo 17 ordena requerir al peticionario dentro de los diez días siguientes a la radicación para que la complete en el máximo de un mes, y el término para resolver se reactiva el día siguiente a aquel en que aporte lo requerido. Si no se comprende la finalidad de la petición, el artículo 19 permite devolverla para que se aclare dentro de diez días, y C-951 interpreta que durante ese lapso el término se interrumpe. Si la autoridad es incompetente, el artículo 21 dispone que los términos se cuentan desde el día siguiente a la recepción por la autoridad competente.
Existen plazos especiales. El artículo 30 fija diez días cuando una autoridad pide información o documentos a otra; para el resto aplica el artículo 14. El artículo 102 del código, en el texto de la Ley 2080, da treinta días para decidir sobre la extensión de una sentencia de unificación del Consejo de Estado. La Ley 2052 de 2020, artículo 20, dispone que el término de un trámite es el de la ley que lo crea o su decreto reglamentario, y que los servidores no pueden resolverlo fuera de ellos; si no hay término, se aplica la Ley 1755. C-951 admitió que otras leyes fijen términos distintos, siempre que sean razonables, y reseña que la Sentencia SU-975 de 2003 fijó plazos mayores para peticiones pensionales; esa sentencia no se leyó.
También hubo una ampliación temporal. El artículo 5 del Decreto Legislativo 491 de 2020 amplió, para las peticiones en curso o radicadas durante la Emergencia Sanitaria, salvo las relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales, el plazo general a treinta días, el de documentos a veinte y el de consultas a treinta y cinco, y una nota de la compilación del artículo 14 remite a él. Pero ese artículo fue derogado por el artículo 2 de la Ley 2207 de 2022, publicada el 17 de mayo de 2022, que rige desde el día siguiente a su promulgación. Hoy los plazos aplicables a una petición nueva son los quince, diez y treinta días. El tratamiento de las peticiones radicadas durante la emergencia y aún sin respuesta en esa fecha no se estudió y queda PENDIENTE DE VERIFICACIÓN.
Vencido el plazo sin respuesta ni prórroga válida, hay consecuencias de varias clases. El artículo 14 anuncia la sanción disciplinaria, y el artículo 31 califica la falta de atención a las peticiones y a los términos como falta del servidor público, sin la palabra «gravísima», que C-951 declaró inexequible. Para la Corte, la mora es una vulneración del derecho fundamental y habilita la tutela, que antes del vencimiento no procede. En las peticiones de documentos, además, el silencio produce la aceptación de la solicitud. En las demás modalidades, el silencio administrativo no libera a la autoridad de responder, como se dijo en el primer subtema.
Ejemplo colombiano 1: prórroga que supera el doble
El Ministerio de Transporte recibe la petición de una asociación de transportadores que pide una decisión sobre la homologación de un equipo, para la cual se requieren conceptos técnicos de varias dependencias. El décimo día informa por correo que necesita más tiempo, explica que debe consultar a dos agencias y anuncia que responderá en cuarenta días.
La comunicación llegó antes de vencer el término y expone motivos, pero el plazo anunciado excede el límite. Según el parágrafo del artículo 14, el plazo razonable no puede exceder el doble del inicialmente previsto, que es de quince días en esta petición, y el doble es treinta. La prórroga es válida hasta treinta días; los cuarenta son excesivos. Si el ministerio responde en el día treinta y uno, incumple, y la mora vulnera el derecho de petición.
Ejemplo colombiano 2: documentos y prórroga vencida
Una veeduría ciudadana pide a una empresa de acueducto de propiedad de un municipio copia de los informes de interventoría de una obra. A los ocho días la empresa informa, con motivos, que necesita veinte días para ubicar los archivos. Transcurridos los veinte días no entrega ni responde.
El numeral 1 del artículo 14 da diez días, y el parágrafo permite ampliarlos hasta veinte, que fue lo anunciado. Pero C-951 concluyó que, vencida la prórroga sin respuesta, se aplica el mismo efecto que si hubiera vencido el plazo original: la solicitud se entiende aceptada y las copias se entregan dentro de los tres días siguientes. Los informes de interventoría no figuran en las reservas del artículo 24, así que la empresa no puede ya negarlos.
Ejemplo colombiano 3: el decreto de la pandemia invocado en 2024
Una entidad departamental responde en el día veintiocho una petición general presentada en 2024 y, cuando la peticionaria reclama la mora, sostiene que el artículo 5 del Decreto Legislativo 491 de 2020 amplió el plazo general a treinta días. No comunicó prórroga alguna.
El argumento ignora que ese artículo fue derogado por el artículo 2 de la Ley 2207 de 2022, que rige desde el día siguiente a su promulgación. Para una petición radicada en 2024 el plazo general es el de quince días del artículo 14, salvo norma especial o prórroga comunicada antes del vencimiento. Como no hubo prórroga, la respuesta tardía es mora.