La Ley 1437 de 2011 incluyó en su Parte Primera un Título II, artículos 13 a 33, que regulaba el derecho de petición ante las autoridades y ante organizaciones privadas. La Sentencia C-818 de 2011, del 1.º de noviembre de 2011, declaró inexequibles esos veintiún artículos. La razón fue de procedimiento, no de contenido: la Corte consideró que allí se regulaba el derecho de manera íntegra, estructural y completa, y que ello exigía una ley estatutaria conforme al literal a del artículo 152 de la Constitución, mientras que el código se había expedido como ley ordinaria; la demanda destacó, por ejemplo, que se aprobó en dos legislaturas. Como una inexequibilidad inmediata habría dejado un vacío cuando perdiera vigencia el Decreto 1 de 1984, la Corte difirió sus efectos hasta el 31 de diciembre de 2014 para que el Congreso expidiera la ley estatutaria, y precisó que lo que se difería eran los efectos de la sentencia y no la vigencia de la ley.
El Congreso aprobó entonces el Proyecto de Ley Estatutaria 65 de 2012 Senado y 227 de 2013 Cámara, y la Sentencia C-951 de 2014, del 4 de diciembre de 2014, hizo el control previo que ordena el artículo 153 de la Constitución. La Corte declaró exequible el proyecto por haber sido expedido conforme al procedimiento y revisó artículo por artículo su contenido, con las exequibilidades condicionadas que se resumen más abajo. La Ley 1755 de 2015 fue sancionada el 30 de junio de 2015 y publicada en el Diario Oficial 49.559 de esa fecha. Su artículo 1 sustituye el Título II de la Parte Primera del código, artículos 13 a 33, y su artículo 2 la hace regir desde la promulgación. La lectura simple de las fechas sugiere un lapso entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2015; cómo se trató ese lapso no se estudió aquí y queda PENDIENTE DE VERIFICACIÓN.
La palabra «sustituye» tiene consecuencias. C-951 explica, al examinar el artículo 1, que sustituir es subrogar: no se trata de una modificación de la norma, sino de nuevas reglas que reemplazan a las anteriores. Por eso las referencias vigentes se hacen al «artículo 14 del código, sustituido por la Ley 1755 de 2015», no al texto de 2011. La ley no es un cuerpo aparte: la propia Corte señala que la ley estatutaria se integra a la Ley 1437. Esto explica que la compilación consultada muestre los artículos 13 a 33 dentro del código con la nota «Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015», y que la Ley 2080 de 2021 no los haya reformado: en la copia leída modifica el artículo 5 y los artículos 54, 56 y 61, vecinos del tema, pero ninguno del 13 al 33.
El título se organiza en tres capítulos. El primero, artículos 13 a 23, contiene las reglas generales: objeto y modalidades, términos, presentación y radicación, contenido, peticiones incompletas, desistimiento, peticiones irrespetuosas u oscuras, atención prioritaria, funcionario sin competencia, organización interna y deberes del Ministerio Público. El segundo, artículos 24 a 31, contiene las reglas especiales: documentos reservados, rechazo, insistencia, inaplicabilidad de la reserva entre autoridades, alcance de los conceptos, copias, peticiones entre autoridades y falta disciplinaria. El tercero, artículos 32 y 33, regula las peticiones ante organizaciones e instituciones privadas.
Lo más importante para aplicar la ley es saber qué condicionó la Corte. En el artículo 13, la expresión sobre menores y entidades de protección o formación es exequible siempre que no excluya que los menores presenten directamente peticiones a otras entidades. En el artículo 15 se declaró inexequible la exigencia de presentar la petición verbal ante el funcionario competente, y el resto es exequible bajo el entendido de que la exigencia de petición escrita debe motivarse mediante acto administrativo de carácter general. En el artículo 16, la identificación del peticionario no impide admitir peticiones anónimas cuando haya una justificación seria y creíble. El artículo 22 es exequible sin perjuicio de enviar la respuesta a todos los peticionarios. El parágrafo del 24 se extiende al numeral 8, datos genéticos humanos. El artículo 26 permite acudir a cualquier juez del lugar si no hay juez administrativo. En el 31 se declaró inexequible la expresión «gravísima». Y en el 32 se aplican las reglas del capítulo primero «en lo pertinente», es decir, las compatibles con las funciones de los particulares.
Esos condicionamientos viven en la jurisprudencia, no siempre en el texto. La compilación del código marca como condicionalmente exequibles los artículos 13, 15, 22 y 26, el numeral 2 del 16, el parágrafo del 24 y un aparte del 32, pero quien lea solo la norma no sabrá cuál es la condición. De ahí la regla de método de este tema: antes de aplicar uno de esos artículos, se lee el resolutivo de C-951. El artículo 31, en cambio, ya fue sancionado sin la palabra declarada inexequible, de modo que el texto vigente habla de «falta» para el servidor público, sin calificarla como gravísima.
La naturaleza estatutaria limita, además, a quien quiera modificar este régimen. C-951 dice sobre el artículo 22 que el reglamento de cada entidad solo puede desarrollar los aspectos operativos y administrativos, sin modificar lo regulado por la ley estatutaria. También advierte, respecto de la expresión «salvo norma legal especial» del artículo 32, que toda norma expedida con base en ella debe tener rango estatutario; y respecto del artículo 14, que el legislador puede fijar términos especiales en otras leyes. Un decreto, una resolución o una circular no pueden acortar plazos ni agregar requisitos de admisión.
La ley sirve, por último, de remisión para otras normas. La Ley 2052 de 2020 dispone, en su artículo 20, que un trámite sin término propio en la ley o su decreto reglamentario se resuelve conforme a la Ley 1755. Las reformas posteriores a 2025 no se verificaron y quedan PENDIENTES.
Ejemplo colombiano 1: el texto original como argumento
Un contratista de una gobernación pide información sobre un pago y, vencidos quince días sin respuesta, escribe a la entidad que «el artículo 14 de la Ley 1437 fue declarado inexequible por la Sentencia C-818 de 2011, de modo que no existe plazo para responderle» y que, por tanto, no ha incurrido en mora.
El contratista invoca una sentencia real pero la lee mal. C-818 declaró inexequibles los artículos 13 a 33 de la redacción de 2011, con efectos diferidos, para que el Congreso expidiera una ley estatutaria. La Ley 1755 de 2015 sustituyó esos artículos y el plazo vigente nace del artículo 14 según esa ley. La conducta de la entidad debe evaluarse con ese texto.
Ejemplo colombiano 2: la instrucción verbal sobre peticiones escritas
La jefa de atención al ciudadano de un instituto departamental ordena de palabra a sus funcionarios que dejen de recibir peticiones verbales de cualquier clase y exijan formulario escrito, porque la entidad no tiene personal para levantar actas. Un ciudadano que no sabe escribir se queda sin radicar su solicitud sobre un subsidio.
El artículo 15 permite que las autoridades exijan por escrito ciertas peticiones, y C-951 condicionó la norma: la exigencia debe motivarse mediante acto administrativo de carácter general, y no puede volverse una regla que elimine la posibilidad de presentar peticiones verbales. Una orden verbal no es un acto general motivado, y su alcance total vulnera la condición. El instituto debe recibir y dejar constancia de la petición verbal, o expedir el acto motivado que determine qué peticiones deben ser escritas sin dejar fuera a quien no puede escribir.
Ejemplo colombiano 3: el decreto municipal que cambia los plazos
Un alcalde expide un decreto que «reglamenta» el derecho de petición en el municipio y fija veinticinco días para responder las peticiones generales, con el argumento de que el artículo 22 autoriza a las autoridades a reglamentar la tramitación interna. Una abogada de la personería solicita su revisión.
El artículo 22 autoriza reglamentar la tramitación interna de las peticiones y la atención de quejas, pero C-951 precisa que el reglamento solo puede ocupar el ámbito operativo y administrativo de la ley estatutaria, sin modificarla. El plazo de quince días viene del artículo 14, que admite excepciones solo mediante norma legal especial; un decreto municipal no lo es. La personería debe señalar que el plazo del decreto no reemplaza el legal, y que el reglamento puede regular, por ejemplo, la dependencia que recibe las peticiones o el registro interno.