El artículo 23 de la Constitución reconoce el derecho de petición «por motivos de interés general o particular», y el artículo 13 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el texto de la Ley 1755 de 2015, repite la fórmula. El artículo 4 del código la lleva al plano del procedimiento: las actuaciones administrativas pueden iniciarse por quienes ejerzan el derecho de petición en interés general, por quienes lo ejerzan en interés particular, por quienes obren en cumplimiento de una obligación o deber legal y por las autoridades oficiosamente. Esta clasificación no es un simple adorno. Permite distinguir tres cosas que suelen confundirse: lo que cualquier persona puede pedir, el motivo que la mueve y el tipo de decisión que resultará.
Ni la Constitución ni la ley definen qué es interés general o particular. Una lectura útil, que debe presentarse como interpretación y no como regla legal, es la siguiente: la petición es de interés general cuando busca una decisión, información o actuación que afecta a la comunidad o a un sector indeterminado, como la reparación de una vía, la publicación de un presupuesto o la revisión de una política; es de interés particular cuando el peticionario pretende que se resuelva su propia situación jurídica, como el reconocimiento de una prestación o la expedición de una certificación. La frontera no es siempre nítida, porque una misma solicitud puede beneficiar a todos y a quien la presenta. La autoridad no debe resolver esa duda negándose a responder: debe tramitar la petición y decidir sobre el fondo.
La clasificación no condiciona la titularidad. La Sentencia C-951 de 2014 observó, al examinar el artículo 16, que el artículo 23 reconoce el derecho en interés general o particular sin calificar el motivo que permita elevar la petición. En consecuencia, nadie debe acreditar un interés propio para preguntar por un asunto público, ni la autoridad puede exigir que se invoque el derecho de petición, porque el artículo 13 dispone que toda actuación que inicie cualquier persona implica su ejercicio. Tampoco se necesita abogado: el mismo artículo declara el ejercicio gratuito y posible sin representación de abogado.
El artículo 13 enumera, a título ilustrativo, lo que puede solicitarse: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, información, la consulta y copia de documentos, consultas, quejas, denuncias y reclamos, y la interposición de recursos. C-951 aclara que el listado es enunciativo y que las denuncias y los recursos allí mencionados no son las denuncias que inician una actuación penal ni los recursos de los procesos judiciales, que se rigen por sus propios procedimientos. Algunas de esas modalidades tienen régimen propio que se estudia aparte: documentos e información, consultas y términos especiales.
Las diferencias prácticas aparecen al responder. El artículo 14 fija para ambas el plazo general de quince días, salvo norma legal especial. Pero la forma de dar a conocer la decisión puede variar. El artículo 65 del código, en el texto de la Ley 2080 de 2021, dispone que las decisiones que pongan término a una actuación iniciada con una petición de interés general se comunicarán por cualquier medio eficaz. Para las de interés particular rige la regla que C-951 recuerda en general: la notificación de la respuesta se sujeta al capítulo de notificaciones del código. Una explicación plausible, que es interpretación, es que el peticionario individual necesita saber desde cuándo corre cualquier recurso, mientras que en la petición general basta que la comunidad pueda enterarse.
El artículo 22 aprovecha la categoría de las peticiones análogas. Cuando más de diez personas formulen peticiones análogas, de información, de interés general o de consulta, la administración puede dar una única respuesta, la publica en un diario de amplia circulación, la pone en su página web y entrega copias a quienes las soliciten. C-951 consideró esa economía compatible con el artículo 209, pero condicionó la norma: la publicación no basta, y debe enviarse la respuesta a todos los que hayan formulado la petición. El umbral exige más de diez personas y peticiones análogas; no autoriza a agrupar peticiones distintas.
El artículo 20 introduce una prioridad ligada al contenido de la petición. Las autoridades darán atención prioritaria a las peticiones de reconocimiento de un derecho fundamental cuando deban resolverse para evitar un perjuicio irremediable al peticionario, quien debe probar sumariamente la titularidad del derecho y el riesgo. Si por razones de salud o de seguridad personal está en peligro inminente la vida o la integridad del destinatario de la medida solicitada, la autoridad adoptará de inmediato las medidas de urgencia necesarias, sin perjuicio del trámite de la petición. Las de un periodista para el ejercicio de su actividad se tramitan de forma preferente.
Dentro de las peticiones de interés particular existen algunas con requisitos y plazo propios. La más conocida es la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros. Según el artículo 102 del código, en el texto de la Ley 2080 de 2021, el interesado presenta petición ante la autoridad competente para reconocer el derecho, con la justificación razonada de que se encuentra en la misma situación de hecho y de derecho, las pruebas y la referencia de la sentencia de unificación, y la autoridad decide dentro de los treinta días siguientes. Es un ejemplo de que el plazo de quince días cede cuando una norma legal especial dispone otro.
Finalmente, una petición no se convierte en otra cosa por el nombre que le dé el peticionario o la entidad. Un oficio titulado «queja» que pide un reconocimiento es una petición de interés particular; un escrito que pide copia de documentos es una petición de documentos y se rige por el plazo de diez días. La clasificación se hace por lo que se pide y no por la etiqueta, y su error no autoriza a la autoridad a rechazar la solicitud ni a dejar de responder.
Ejemplo colombiano 1: informe de una junta de acción comunal
La junta de acción comunal de una vereda de Cundinamarca pide a la alcaldía un informe sobre el estado de ejecución de las obras del acueducto veredal, con el valor contratado y el cronograma, para presentarlo en su asamblea. No alega ningún perjuicio propio ni acredita ser beneficiaria directa de un contrato.
Es una petición de interés general: pregunta por un asunto que concierne a la comunidad, no a una situación jurídica individual de la junta. Según el artículo 4, inicia una actuación administrativa, y la alcaldía no puede exigir a la junta que acredite un interés particular, porque el artículo 23 constitucional no condiciona el motivo. El plazo general es de quince días, salvo que se trate de una solicitud de documentos, caso en que sería de diez, y la decisión final puede comunicarse por cualquier medio eficaz.
Ejemplo colombiano 2: urgencia de salud ante una secretaría departamental
Un hombre presenta a la Secretaría de Salud de su departamento una petición en la que pide intervenir para que se programe la cirugía de su hija de siete años, que tiene un diagnóstico oncológico y lleva dos meses sin cita. Adjunta la historia clínica y un concepto médico que advierte riesgo para su vida si el procedimiento se aplaza.
La petición es de interés particular y encaja en el artículo 20: se pide proteger un derecho fundamental y se prueba sumariamente la titularidad y el riesgo. Como el concepto anuncia peligro inminente para la vida, la autoridad debe adoptar de inmediato las medidas de urgencia necesarias, y tramitar después la petición. Esa urgencia no la exime de resolver en el plazo del artículo 14; en cambio, impide que espere a ese plazo para actuar.
Ejemplo colombiano 3: catorce comerciantes y una respuesta única
Catorce comerciantes de una plaza de mercado envían peticiones casi idénticas a la Secretaría de Gobierno de un distrito, en las que preguntan qué efectos tendrá un nuevo decreto de uso del espacio público sobre sus puestos. La Secretaría redacta una sola respuesta, la publica en un diario de circulación amplia y en su página web, y la deja disponible para quien la pida.
El artículo 22 autoriza una única respuesta cuando más de diez personas formulen peticiones análogas de información, de interés general o de consulta. Pero C-951 condicionó la disposición: la publicación en diario y web no sustituye la comunicación personal. La Secretaría debe, además, enviar la respuesta a cada uno de los catorce peticionarios. Si omite ese envío, la respuesta puede ser pública y aun así incumplir el derecho de quienes preguntaron.