Los empleos de período fijo vinculan a una persona con un cargo durante un lapso que la Constitución o la ley determinan de antemano. El artículo 1 de la Ley 909 de 2004 los incluye entre las cuatro clases de empleos que integran la función pública, junto a los de carrera, los de libre nombramiento y remoción y los temporales, y el artículo 5 los excluye de la carrera conforme a la Constitución y la ley. La duración no es un accesorio del cargo: define la forma de vinculación. Frente a la carrera, el período reemplaza la permanencia indefinida sujeta a mérito y evaluación por un término preestablecido; frente al libre nombramiento, impide que la continuidad dependa de la voluntad sucesiva del nominador. Los ejemplos del ordenamiento muestran su uso en cargos de control, vigilancia y dirección que el legislador quiso separar del ciclo político de quien designa o elige.
Por tratarse de una excepción a la carrera, el período debe tener fuente constitucional o legal. Una entidad no puede crearlo mediante resolución, manual de funciones o cláusula del acto de nombramiento. El artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 dispone que las vacantes definitivas en empleos de período o de elección se proveen siguiendo los procedimientos de las leyes o decretos que los regulan; no hay, por tanto, un procedimiento único. Algunos cargos son elegidos por corporaciones públicas; otros son designados por una autoridad ejecutiva en un momento señalado por la ley. Cuando la elección corresponde a una corporación, el artículo 126 de la Constitución exige, salvo los concursos regulados por la ley, una convocatoria pública reglada que garantice publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito.
Conviene distinguir el período institucional del período personal. En el primero, el calendario está fijado objetivamente por la norma y no depende de la fecha en que cada titular se posesiona; en el segundo, el lapso se cuenta desde la posesión de cada persona designada. El parágrafo del artículo 125 de la Constitución, adicionado por el Acto Legislativo 1 de 2003, resuelve esa cuestión para los cargos de elección: sus períodos constitucionales o legales son institucionales, y quien sea designado o elegido para reemplazar al titular por falta absoluta lo hará por el resto del período. Esta regla impide que una posesión tardía prolongue el ejercicio y que cada reemplazo abra un período completo nuevo, lo cual desajustaría el calendario que la norma quiso conservar.
El personero municipal ilustra un período institucional de fuente legal. El artículo 313.8 de la Constitución atribuye al concejo la elección del personero para el período que fije la ley. El artículo 170 de la Ley 136 de 1994, en el texto modificado por el artículo 4 de la Ley 2422 de 2024, ordena a los concejos elegir personeros para períodos institucionales de cuatro años, dentro de los diez primeros días de enero del año en que inicia el período constitucional de la corporación, previo concurso público de méritos. Los así elegidos inician su período el primero de marzo siguiente a la elección y lo concluyen el último día de febrero del cuarto año. La ley fija la fecha de elección, el inicio y el fin, sin dejar el calendario a la posesión de cada persona.
El contralor territorial muestra un período de fuente constitucional con una finalidad de independencia. Según el artículo 272 de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo 4 de 2019, los contralores departamentales, distritales y municipales son elegidos por la asamblea o el concejo de una terna formada con los mayores puntajes de una convocatoria pública, para un período de cuatro años que no puede coincidir con el del gobernador o el alcalde. Ningún contralor puede ser reelegido para el período inmediato, y quien haya ocupado el cargo en propiedad queda sometido a restricciones durante el año siguiente. El parágrafo transitorio que ordenó una elección por dos años sirvió para ajustar el calendario y no establece una duración permanente.
En el control interno territorial el período recae sobre un cargo designado y no elegido. El artículo 11 de la Ley 87 de 1993, modificado por el artículo 8 de la Ley 1474 de 2011, dispone que en la Rama Ejecutiva nacional el jefe de la oficina de control interno es de libre nombramiento y remoción y lo designa el Presidente de la República, mientras que en el orden territorial lo designa la máxima autoridad administrativa por un período fijo de cuatro años, en la mitad del respectivo período del alcalde o gobernador. El artículo 2.2.21.4.1 del Decreto 1083 añade que el nombramiento atiende el principio del mérito, sin perjuicio de la facultad discrecional de las autoridades territoriales. La discrecionalidad opera al escoger; el período gobierna la permanencia.
Esa regla debe leerse junto al artículo 5 de la Ley 909, que en 2004 incluyó al jefe de control interno de la administración territorial en la lista de empleos de dirección de libre nombramiento. La lectura que aquí se propone, por especialidad y posterioridad, es que en el orden territorial prevalece el período fijo: la Ley 1474 reservó la calidad de libre nombramiento al jefe de control interno del orden nacional, fijó para el territorial un período y un momento de designación, y el artículo 2.2.21.4.1 del Decreto 1083 reproduce esa distinción. Se trata de una interpretación sistemática de los textos; la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el punto no se estudió para este tema y queda PENDIENTE DE VERIFICACIÓN. La misma ley previó una regla transitoria, dictada según su texto «para ajustar el periodo», conforme a la cual los responsables del control interno que ocupaban el cargo al 31 de diciembre de 2011 permanecerían hasta que el gobernador o alcalde designara al nuevo funcionario en la fecha prevista.
Otros regímenes combinan elementos. El artículo 20 de la Ley 1797 de 2016 ordena nombrar a los gerentes o directores de las empresas sociales del Estado dentro de los tres meses siguientes a la posesión del Presidente, gobernador o alcalde, previa verificación de requisitos y evaluación de competencias, para períodos institucionales de cuatro años que empiezan con la posesión y culminan tres meses después del inicio del período institucional del nominador. Dentro de ese lapso solo pueden ser retirados por evaluación insatisfactoria del plan de gestión, destitución u orden judicial. El inicio se vincula con la posesión, pero el final queda anclado al calendario institucional; por eso no puede calcularse como cuatro años personales.
La terminación propia de esta forma de vinculación es el vencimiento del período. Algunos regímenes excluyen expresamente el retiro libre durante él: el artículo 9 de la Ley 909 establece que los miembros de la Comisión Nacional del Servicio Civil, designados para un período institucional de cuatro años, no pueden ser removidos durante él salvo por sanción disciplinaria o por llegar a la edad de retiro forzoso, y el artículo 20 de la Ley 1797 limita, como se vio, las causas de retiro de los gerentes de empresas sociales del Estado. Cuando el régimen guarda silencio, la lectura sistemática que aquí se adopta tampoco admite la remoción discrecional: el encabezado del artículo 41 de la Ley 909 se refiere al retiro de quienes desempeñan empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera, su literal a circunscribe la declaratoria de insubsistencia a los primeros y su parágrafo 2 califica como discrecional solo la remoción en ellos, mientras el artículo 1 trata el período fijo como una clase distinta. Ninguna de las fuentes estudiadas atribuye al nominador de un cargo de período una facultad de remoción libre, y reconocerla dejaría sin objeto el término fijado por la norma. Esta conclusión es una interpretación de los textos; la jurisprudencia sobre el retiro anticipado de servidores de período no se estudió para este tema y queda PENDIENTE DE VERIFICACIÓN. Tampoco existe inamovilidad absoluta: cada régimen fija o remite a causales de retiro anticipado, que deben identificarse en su fuente.
El empleado de carrera puede desempeñar un cargo de período sin perder automáticamente su posición. El artículo 26 de la Ley 909 prevé la comisión para empleos de período por el término correspondiente, con el límite de que la comisión o la suma de ellas no supere seis años, so pena de desvinculación automática del cargo de carrera, decisión que según la sentencia C-175 de 2007 debe adoptarse con las garantías del debido proceso. La distinción entre el período fijo y el empleo temporal, estudiada en el tema 11.3.5, tiene aquí una consecuencia práctica: el vencimiento del período no suprime el cargo, que queda vacante de manera definitiva según el artículo 2.2.5.2.1 del Decreto 1083 y debe proveerse de nuevo por el procedimiento de su régimen, conforme al artículo 2.2.5.3.1.
Ejemplo colombiano 1: personero y pérdida de confianza del concejo
En un municipio colombiano, el personero fue elegido previo concurso público de méritos y se posesionó para el período institucional en curso. En el segundo año, una nueva mayoría del concejo aprueba una proposición que declara la pérdida de confianza en su gestión y le solicita al presidente de la corporación tramitar su retiro inmediato. No se acredita renuncia, sanción disciplinaria ejecutoriada, decisión judicial ni otra causal legal; solo un desacuerdo político con sus actuaciones.
El artículo 170 de la Ley 136 fija un período institucional de cuatro años con fechas de inicio y terminación. El concejo elige al personero, pero ninguna de las fuentes estudiadas le atribuye una facultad de remoción, y la pérdida de confianza no figura entre las causas de terminación del período que esas fuentes prevén. Con la lectura expuesta en el tema, corresponde rechazar el trámite de retiro fundado solo en esa proposición. La conclusión no impide que la corporación ejerza los controles que tenga atribuidos ni que la autoridad disciplinaria competente, que el caso no identifica, investigue conductas concretas con garantías; las causales legales de retiro anticipado del personero no se examinan aquí.
Ejemplo colombiano 2: nuevo gobernador y jefe de control interno
En un departamento colombiano, la jefa de la oficina de control interno fue designada por el gobernador anterior en la mitad de su período, en la fecha que señala el artículo 11 de la Ley 87. Al mes de posesionarse, el nuevo gobernador designa a otra persona para el cargo y sostiene que puede hacerlo porque el artículo 5 de la Ley 909 incluye al jefe de control interno territorial entre los empleos de libre nombramiento y remoción. No se discute la validez de la designación de la titular ni se invoca otra causal.
El artículo 11 de la Ley 87, en el texto de la Ley 1474, fija para ese cargo territorial un período de cuatro años y un momento de designación, la mitad del período del gobernador. El inicio del mandato del nuevo gobernador no es ese momento. Con la lectura por especialidad y posterioridad expuesta en el tema, la enumeración de 2004 no autoriza a desplazar a la titular durante su período, y debe mantenerse la designación vigente hasta su vencimiento, salvo una causal legal acreditada. La conclusión depende de esa interpretación, cuyo contraste con la jurisprudencia está pendiente. El caso no resuelve la situación de una entidad del orden nacional, donde ese jefe sí es de libre nombramiento, ni valida por sí solo una designación anterior que presentara vicios propios.
Ejemplo colombiano 3: reemplazo del contralor por falta absoluta
Un contralor municipal colombiano renuncia en el segundo año de su período y la renuncia es aceptada, lo que produce falta absoluta. El concejo adelanta la convocatoria pública y elige a una reemplazante. En el acta de posesión la elegida pide que se registre un período de cuatro años contados desde ese día, porque considera que cada elección abre un período propio.
El parágrafo del artículo 125 de la Constitución dispone que los períodos de los cargos de elección son institucionales y que quien reemplaza por falta absoluta lo hace por el resto del período del titular. Por eso la reemplazante ejercerá hasta el vencimiento del período que corría, no durante cuatro años personales. La pretensión confunde período institucional y período personal. El caso no examina los detalles del procedimiento de elección del reemplazo ni decide si la reemplazante puede participar en la elección siguiente frente a la prohibición de reelección para el período inmediato.