El numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 emplea una fórmula tajante: la contratación directa «solamente procederá» en los casos que enumera. La taxatividad es la regla de interpretación de esta modalidad. Una causal no se aplica por analogía, ni por conveniencia, ni porque el trámite competitivo sea lento. Además, el parágrafo 1 exige a la entidad justificar antes de la apertura los fundamentos jurídicos de la modalidad elegida, y el parágrafo 8, adicionado por la Ley 2160 de 2021, precisa que la contratación directa debe sujetarse a la Ley 80 y sus modificaciones, o a los regímenes especiales, con los principios de transparencia, responsabilidad, selección objetiva, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, eficacia y eficiencia. Directa significa sin concurso de ofertas, pero no sin controles.
Las causales de los literales a) a i) forman el núcleo. La urgencia manifiesta conviene recordarla con sus controles: el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 la declara por acto motivado, y el artículo 43 impone enviar los contratos, el acto y el expediente al órgano de control fiscal, que se pronuncia dentro de los dos meses siguientes, y califica su uso indebido como causal de mala conducta. La contratación de empréstitos tiene la particularidad de que sus estudios previos no son públicos, según el artículo 2.2.1.2.1.4.3 del Decreto 1082 de 2015. Los bienes y servicios del sector Defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Unidad Nacional de Protección que requieran reserva para su adquisición se adquieren sin publicar los documentos del proceso y en condiciones de mercado, sin necesidad de recibir varias ofertas (artículo 2.2.1.2.1.4.6). Las actividades científicas y tecnológicas se remiten a la definición del Decreto Ley 591 de 1991 (artículo 2.2.1.2.1.4.7).
El contrato interadministrativo exige más atención. El literal c) lo admite siempre que las obligaciones tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. Esa limitación es la que impide usar al convenio entre entidades como atajo para contratar con quien no tiene por misión legal el objeto del contrato. El mismo literal exceptúa de la figura los contratos de obra, suministro, evaluación de conformidad, encargos fiduciarios y fiducia pública cuando los ejecutores sean instituciones de educación superior públicas, sociedades de economía mixta con participación mayoritaria del Estado, personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la asociación de entidades públicas o federaciones de entidades territoriales; esos contratos solo pueden ejecutarse si participan en licitación pública o selección abreviada. También quedan fuera los contratos de seguro, y si la entidad ejecutora subcontrata, ni ella ni el subcontratista pueden vincular a quienes participaron en estudios, diseños y proyectos relacionados con el objeto del contrato principal. El artículo 2.2.1.2.1.4.4 del decreto confirma que la modalidad para contratar entre entidades estatales es la directa. La Sentencia C-366 de 2025 se inhibió de decidir sobre ese literal por ineptitud de la demanda, de modo que no hay pronunciamiento de fondo.
Otras causales exigen prueba documental. El literal g), cuando no existe pluralidad de oferentes, se concreta según el artículo 2.2.1.2.1.4.8 en que solo una persona pueda proveer el bien o servicio por ser titular de derechos de propiedad industrial o de autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional, y la circunstancia debe constar en el estudio previo. El literal h), servicios profesionales y de apoyo a la gestión o trabajos artísticos, se desarrolla en el artículo 2.2.1.2.1.4.9: la entidad verifica la idoneidad o experiencia del contratista, no necesita obtener varias ofertas, pero el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. Allí mismo se define que estos servicios son de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría, derivados de las funciones de la entidad, o actividades operativas, logísticas o asistenciales. El literal i) cubre adquirir o arrendar inmuebles, con avalúo por institución especializada y comparación de opciones al comprar (artículo 2.2.1.2.1.4.10) y verificación del mercado inmobiliario al arrendar (2.2.1.2.1.4.11).
Los literales siguientes responden a políticas públicas: reserva de la Dirección Nacional de Inteligencia (j), selección de peritos para presentar o contradecir dictámenes en procesos judiciales (k), contratos con cabildos, autoridades y organizaciones indígenas (l), con consejos comunitarios y organizaciones de comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras (m y n) y compras preferentes de productos agropecuarios a esas comunidades en emergencias y desastres (o). El parágrafo 9, adicionado por la Ley 2160, recuerda que la Fiscalía, las contralorías, la Procuraduría y la Rama Judicial ejercen control judicial, disciplinario y fiscal sobre los recursos ejecutados mediante contratos con cabildos, consejos comunitarios y organizaciones de base, cualquiera sea la modalidad.
El procedimiento tiene un acto central. El artículo 2.2.1.2.1.4.1 exige un acto administrativo de justificación que indique la causal, el objeto, el presupuesto y las condiciones exigidas al contratista, y el lugar de consulta de los estudios y documentos previos. No se requiere cuando el contrato es de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, ni en empréstitos o convenios entre el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República. Si la causal es urgencia manifiesta, el acto que la declara hace las veces de justificación y no son obligatorios los estudios previos. Las garantías no son obligatorias, pero la justificación de exigirlas o no debe constar en los estudios previos (artículo 2.2.1.2.1.4.5).
La modalidad se relaciona con la mínima cuantía de un modo que la Sentencia C-004 de 2017 explicó, al valorar la aptitud de la demanda y sin decidir de fondo: la expresión «independientemente de su objeto» no impone el recurso ciego a la mínima cuantía cuando se configura una causal de contratación directa. Sería contrario a la eficiencia y la eficacia, razonó, que la urgencia manifiesta se sometiera a una invitación pública, y en otras causales el legislador consideró la necesidad de contratar con determinada persona, como en los trabajos artísticos o en los bienes para la defensa. Las consecuencias de acudir a la causal sin fundamento pueden ser graves. El numeral 2 del artículo 44 de la Ley 80 declara nulos absolutamente los contratos celebrados contra expresa prohibición legal, causal que exige una prohibición expresa y que el intérprete debe demostrar, y el numeral 5 del artículo 54 de la Ley 1952 de 2019 enumera, entre las faltas relacionadas con la contratación pública, aplicar la urgencia manifiesta sin que existan las causales legales.
Ejemplo colombiano 1: Calamidad y urgencia manifiesta
Tras un deslizamiento que bloquea el acueducto, el Municipio de Villavicencio (caso hipotético, noviembre de 2025) debe suministrar agua potable por carrotanques. Paso 1: se trata de una situación de calamidad que exige actuaciones inmediatas, supuesto del artículo 42 de la Ley 80. Paso 2: el alcalde declara la urgencia manifiesta por acto motivado, que sustituye al acto de justificación y a los estudios previos. Paso 3: celebra los contratos directamente. Paso 4: envía de inmediato los contratos, el acto y el expediente a la contraloría, que se pronuncia dentro de los dos meses siguientes, conforme al artículo 43.
Ejemplo colombiano 2: Convenio con una universidad pública para una obra
La Gobernación de Santander (caso hipotético, enero de 2026) quiere encargar a una universidad pública la construcción de un coliseo mediante contrato interadministrativo directo. Paso 1: el literal c) admite el convenio entre entidades si sus obligaciones guardan relación directa con el objeto de la ejecutora. Paso 2: pero exceptúa los contratos de obra cuando las instituciones de educación superior públicas son las ejecutoras. Paso 3: la universidad solo podría ejecutarlo si participa y gana en licitación pública o selección abreviada. Paso 4: la contratación directa por esa causal chocaría con el texto del propio literal c).
Ejemplo colombiano 3: Abogado externo en una entidad nacional
La Superintendencia de Industria y Comercio (caso hipotético, marzo de 2026) requiere a una abogada especialista para apoyar un estudio normativo puntual. Paso 1: es un servicio profesional de naturaleza intelectual, distinto de la consultoría, caso del literal h). Paso 2: el ordenador del gasto verifica idoneidad y experiencia relacionadas con el área. Paso 3: no necesita varias ofertas, pero deja constancia escrita. Paso 4: no se exige el acto administrativo de justificación, y la entidad decide en los estudios previos si pide garantías.