Las inhabilidades y las incompatibilidades son prohibiciones de contratar que protegen la imparcialidad, la moralidad y la igualdad en la contratación. Este tema pregunta cuáles son sus supuestos principales, cuánto duran, qué ocurre si sobrevienen y cómo los ha moldeado la Corte Constitucional. La base es el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, reformado por la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, la Ley 1778 de 2016 (literal k sobre financiación de campañas) y la Ley 2014 de 2019. El artículo 127 de la Constitución impide a los servidores públicos contratar con entidades públicas por sí o por interpuesta persona, salvo excepciones legales, y el numeral 1 del artículo 44 de la Ley 80 declara absolutamente nulos los contratos celebrados con personas incursas en esas causales.
El numeral 1 del artículo 8 declara inhábiles para contratar con las entidades estatales, entre otros, a quienes estén inhabilitados por la Constitución y las leyes, a quienes dieron lugar a la caducidad, a los condenados a interdicción de derechos y funciones públicas o sancionados con destitución, a quienes sin justa causa no suscriben el contrato adjudicado, a los servidores públicos, a cónyuges, compañeros y parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad de otro proponente en el mismo proceso, a ciertas sociedades emparentadas y a los socios de sociedades de personas declaradas en caducidad (literales a a i). La Sentencia C-462 de 2023 declaró exequible la expresión «segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad» de los literales g y h en el entendido de que incluye el segundo grado de parentesco civil. La duración es de cinco años desde la ejecutoria del acto o la sentencia para los literales c, d e i, y desde el hecho de participar, contratar o dejar vencer el plazo para firmar para los literales b y e; la compilación remite, sobre esos términos, a normas penales y disciplinarias que esta lección no concilia.
El artículo 90 de la Ley 1474, en el texto de la Ley 1955 de 2019, inhabilita al contratista con cinco o más multas en tres años, dos declaratorias de incumplimiento en ese lapso o dos multas y un incumplimiento en una misma vigencia fiscal, por tres años desde su publicación en el RUP; un literal de la Ley 2195 de 2022 fija diez años si, en contratos del Programa de Alimentación Escolar, hay un incumplimiento o dos multas. La compilación no registra derogatoria expresa por planes de desarrollo posteriores; su permanencia queda PENDIENTE DE VERIFICACIÓN.
El literal j) del numeral 1 es el centro del régimen anticorrupción: inhabilita a las personas naturales declaradas judicialmente responsables de delitos contra la administración pública, de delitos o faltas de la Ley 1474 o de conductas de las convenciones anticorrupción, y a las personas jurídicas declaradas administrativamente responsables de soborno transnacional. Según su inciso segundo, procede preventivamente aun con la impugnación de la condena pendiente; la Sentencia C-053 de 2021 declaró exequible ese inciso por el cargo examinado, que alegaba violación de la presunción de inocencia, al entenderlo una inhabilidad no sancionatoria o «requisito». Una nota del editor de la compilación, que no es fuente oficial, sostiene que los artículos 2 a 8 de la Ley 2195 de 2022, al regular la sanción administrativa de las personas jurídicas en la Ley 1474, modificaron tácitamente este literal, entre otros aspectos porque la inhabilidad pasaría a exigir sentencia ejecutoriada o principio de oportunidad en firme y dejaría de proceder preventivamente; esa lectura queda PENDIENTE DE VERIFICACIÓN y no se presenta como regla. Se extiende a sociedades en que los condenados sean administradores, representantes, miembros de junta o socios controlantes. La Sentencia C-437 de 2023, del 25 de octubre de 2023, declaró inexequible la expresión «con excepción de las sociedades anónimas abiertas» y exequible «sociedades» en el entendido de que la inhabilidad cobija también a las personas jurídicas sin ánimo de lucro con capacidad para contratar. El último inciso, en el texto de la Ley 2014 de 2019, habla de una extensión «de forma permanente», frente a los veinte años que fijaban versiones anteriores del literal; su conciliación con la reforma de la Ley 2195 de 2022 queda PENDIENTE DE VERIFICACIÓN. El artículo 2.2.1.1.2.2.10 del Decreto 1082 de 2015, añadido por el Decreto 997 de 2026, ordena consultar listas internacionales de inhabilitación y dejar constancia. Otros literales cubren a los financiadores de campañas por encima del dos por ciento de los topes y al interventor que no informa riesgos de incumplimiento o corrupción.
El numeral 2 prevé incompatibilidades con la entidad respectiva: El literal a) alcanza a quienes fueron miembros de la junta o servidores de los niveles directivo, asesor o ejecutivo de la entidad durante un año desde el retiro; el b), a sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil; el c), al cónyuge o compañero; el d), a ciertas corporaciones y sociedades que esas personas dirijan o en las que participen; y el e), a los miembros de juntas respecto de su entidad y las de su sector. El literal f), adicionado por la Ley 1474, extiende a dos años la incompatibilidad de quienes ocuparon cargos directivos cuando el objeto se relaciona con el sector al que sirvieron. El artículo 2.2.1.1.2.2.8 del Decreto 1082 define las sociedades anónimas abiertas como las inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores.
Si la causal sobreviene, el artículo 9, modificado por la Ley 2014, ordena al contratista ceder el contrato con autorización escrita o, si no puede, renunciar; al proponente se le tiene por renunciante; y el miembro de un consorcio cede su participación a un tercero. Si es el literal j) o hay sanción administrativa por corrupción, no procede la renuncia y la entidad ordena por acto motivado la cesión unilateral, sin indemnización. La Sentencia C-037 de 2021 se inhibió sobre el parágrafo 1 y el artículo 9A, y declaró inexequible el parágrafo 2. El artículo 10 exceptúa, entre otros, a quienes contratan por obligación legal.
Existen causales fuera del artículo 8. El parágrafo 1 del artículo 42 de la Ley 1952 de 2019 hace inhábil para contratar, cinco años desde la ejecutoria, al declarado responsable fiscal, hasta que pague o salga del boletín; si no paga, continúa cinco años si la cuantía supera 100 salarios mínimos, dos si supera 50, uno si supera 10 y tres meses en los demás casos. El artículo 60 de la Ley 610 de 2000 obliga a los servidores a abstenerse de contratar con quienes figuren en el boletín, y el numeral 3 del artículo 58 de la Ley 80 prevé diez años tras sentencia civil o penal.
Ejemplo colombiano 1: hermanos en el mismo proceso, uno por adopción
En una licitación de la Secretaría de Educación de Bucaramanga presentan ofertas separadas dos personas naturales: Camilo, y su hermano Julián, que fue adoptado por la familia hace años. Un veedor denuncia que están inhabilitados por parentesco.
Primero, el literal g) del numeral 1 del artículo 8 inhabilita a quienes estén dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad de otra persona que presentó propuesta en la misma licitación. Segundo, la C-462 de 2023 declaró exequible esa expresión en el entendido de que incluye el segundo grado de parentesco civil, de modo que el hermano adoptivo queda cubierto. Tercero, el artículo 2.2.1.1.2.2.5 del Decreto 1082 obliga a dejar constancia de fecha y hora de recibo de las ofertas, para establecer la primera en el tiempo y determinar cuál oferente debe ser inhabilitado. Conclusión: la causal se configura y la entidad debe resolverla con esa constancia.
Ejemplo colombiano 2: una fundación cuyo representante fue condenado
Una fundación sin ánimo de lucro con capacidad para contratar presenta oferta para un programa social de un departamento. Su representante legal fue declarado responsable judicialmente de peculado en sentencia ejecutoriada. La fundación alega que el literal j) solo cobija a sociedades comerciales.
Primero, el literal j) del numeral 1 del artículo 8 extiende la inhabilidad a las sociedades de las que hagan parte los condenados como administradores, representantes legales, miembros de junta o socios controlantes. Segundo, la C-437 de 2023 declaró exequible «sociedades» en el entendido de que cobija también a las personas jurídicas sin ánimo de lucro con capacidad para contratar. Conclusión: la fundación está inhabilitada y su argumento no prospera.
Ejemplo colombiano 3: el exsecretario y su consultora
El secretario de Infraestructura de un departamento, cargo del nivel directivo, se retiró en enero de 2025. En julio de 2026 una consultora de la que es socio presenta oferta ante la misma gobernación para un estudio de factibilidad de una vía departamental, asunto del sector de infraestructura que él dirigió.
Primero, la incompatibilidad del literal a) del numeral 2 del artículo 8 dura un año desde el retiro y en julio de 2026 ya venció. Segundo, el literal f), adicionado por la Ley 1474, cubre a los exdirectivos y a las sociedades en que participen durante los dos años siguientes al retiro, si el objeto se relaciona con el sector donde sirvieron; ese plazo corre hasta enero de 2027. Tercero, el estudio pertenece al sector de infraestructura. Conclusión: subsiste la incompatibilidad del literal f).