El contratista es la contraparte particular de la entidad estatal: la persona natural o jurídica, o la agrupación de personas, que se obliga a ejecutar el objeto del contrato a cambio de una prestación. Este tema pregunta qué derechos y deberes le impone el estatuto, cómo se acredita su aptitud con el registro de proponentes y cuál es su régimen de responsabilidad. El artículo 3 de la Ley 80 de 1993: al celebrar y ejecutar contratos, los particulares deben tener en cuenta que colaboran con las entidades en el logro de sus fines y cumplen una función social que implica obligaciones. La Ley 1150 de 2007, en su artículo 32, derogó la expresión «además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado» de ese inciso; lo que permanece es la idea de colaboración con una finalidad pública.
El artículo 5 ordena los derechos y deberes. El contratista tiene derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que su valor intrínseco no se altere durante la vigencia del contrato; en consecuencia, previa solicitud, a que se restablezca el equilibrio económico a un punto de no pérdida cuando ocurran situaciones imprevistas que no le sean imputables y, si el rompimiento proviene del incumplimiento de la entidad, a que se restablezca la ecuación surgida al nacer el contrato. Puede acudir a las autoridades para proteger los derechos derivados del contrato. A cambio debe colaborar para que el objeto se cumpla con la mejor calidad, acatar las órdenes de la entidad, obrar con lealtad y buena fe, garantizar la calidad de lo contratado y no ceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley; en este caso debe informar de inmediato a la entidad y a las demás autoridades, y el incumplimiento de ese deber o los pactos prohibidos dan lugar a la declaratoria de caducidad. El artículo 27 añade que, si la equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulta afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas para restablecerla.
La aptitud para ofertar se verifica con el Registro Único de Proponentes. El artículo 6 de la Ley 1150, en el texto modificado por el artículo 221 del Decreto 19 de 2012, ordena que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a contratar con entidades estatales se inscriban en el RUP de la cámara de comercio de su domicilio principal. Exceptúa de la inscripción y de la clasificación la contratación directa, los contratos de servicios de salud, los de mínima cuantía, la enajenación de bienes del Estado, la compra de productos agropecuarios en bolsas legalmente constituidas, los contratos propios de la actividad comercial e industrial de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta y las concesiones de cualquier índole; allí verifica las condiciones del proponente la entidad. El certificado del RUP es plena prueba de las circunstancias que consten en él y que hayan verificado las cámaras, y las entidades no pueden exigir, ni los proponentes aportar, la documentación que sirva para inscribirse, salvo que las características del objeto exijan verificar requisitos adicionales.
El Decreto 1082 de 2015 desarrolla el registro. El artículo 2.2.1.1.1.5.1 obliga a inscribirse a quienes quieran participar en procesos de contratación, salvo las excepciones taxativas de la ley, y exige renovar la información a más tardar el quinto día hábil de abril de cada año, so pena de que cesen los efectos del RUP. El artículo 2.2.1.1.1.5.7 ordena a las entidades enviar mensualmente a la cámara de comercio las multas, sanciones e inhabilidades firmes, que figuran en el certificado por el término de la sanción o la inhabilidad, y las multas por un año. El registro acredita aptitud y publicita antecedentes.
La responsabilidad del contratista se reparte en varias normas. El artículo 26 dispone que los contratistas responden cuando formulen propuestas con condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación (numeral 6), por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado información falsa (numeral 7) y por la buena calidad del objeto contratado (numeral 8). El artículo 52 agrega que responden civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual y que los consorcios y uniones temporales responden por los actos y omisiones de sus integrantes en los términos del artículo 7. El artículo 53, en la redacción de la Ley 1882 de 2018, hace responder civil, fiscal, penal y disciplinariamente a consultores, asesores externos e interventores, con la salvedad, para estos últimos, de que los perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa del interventor en las obligaciones de su contrato. El artículo 56 considera al contratista, el interventor, el consultor y el asesor particulares que cumplen funciones públicas para efectos penales y los sujeta, por la celebración, ejecución y liquidación de los contratos, a la responsabilidad penal que la ley señala a los servidores públicos.
El artículo 58 señala consecuencias: indemnizaciones por responsabilidad civil y, para servidores públicos declarados responsables civil o penalmente, inhabilidad para ejercer cargos públicos y para proponer y celebrar contratos con entidades estatales por diez años contados desde la ejecutoria de la sentencia; la norma agrega que igual sanción corresponde a los particulares declarados responsables civil o penalmente. Nada de lo anterior vuelve servidor público al contratista, porque el artículo 2 reserva esa calidad a quienes prestan servicios dependientes a las entidades y a los demás supuestos que enumera. La asimilación del artículo 56 opera para efectos penales y no cambia su estatus. Como lectura final, el contratista soporta un régimen mixto: derechos económicos protegidos por la equivalencia contractual, cargas de lealtad, un registro que lo identifica y responsabilidades que van más allá del incumplimiento privado.
Ejemplo colombiano 1: el alza imprevista del combustible
Una empresa suministra combustible a la flota de una entidad territorial de Córdoba, por contrato de 2022. Un hecho externo, que ninguna de las partes pudo prever y que no es imputable a la empresa, encarece el producto de manera tal que ejecutar el contrato implicaría pérdidas. La empresa solicita por escrito a la entidad que se restablezca la ecuación.
Primero, el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 80 reconoce el derecho a que, previa solicitud, se restablezca el equilibrio a un punto de no pérdida ante situaciones imprevistas no imputables al contratista. Segundo, el artículo 27 señala que si la equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulta afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias. Conclusión: la entidad debe estudiar la petición, y su procedencia depende de probar que el hecho era imprevisto y no imputable.
Ejemplo colombiano 2: la oferta artificialmente baja
En un proceso para el mantenimiento de colegios en un departamento del Eje Cafetero, un proponente ofrece un valor cuarenta por ciento inferior al presupuesto oficial. Una vez adjudicado, solicita adiciones sucesivas y alega que los precios iniciales eran inviables. La entidad advierte que desde el comienzo sus costos eran superiores a su oferta y que la rebaja buscaba ganar el proceso.
Primero, se identifica el numeral 6 del artículo 26 de la Ley 80: los contratistas responden cuando formulen propuestas en las que se fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación. Segundo, la prueba del propósito es determinante: no basta que el precio sea bajo; debe demostrarse la intención de lograr la adjudicación. Conclusión: la responsabilidad existe si se acredita ese propósito, y la entidad debe valorar ese hecho al decidir cualquier solicitud de adición.
Ejemplo colombiano 3: el RUP y la verificación de requisitos
La Secretaría de Salud del departamento de Sucre abre una licitación pública para dotar el laboratorio departamental de salud pública y exige que los proponentes aporten de nuevo los contratos que acreditan su experiencia y los estados financieros que ya sirvieron para inscribirse en el RUP. Por otra parte, la misma secretaría hace una compra de mínima cuantía de insumos de aseo y se niega a recibir ofertas de quienes no tengan el registro.
Primero, para la licitación aplica el artículo 6.1 de la Ley 1150: el certificado del RUP es plena prueba y las entidades no pueden exigir, ni los proponentes aportar, documentación que deba usarse para la inscripción; solo pueden verificar directamente requisitos adicionales si las características del objeto lo exigen, y la entidad debería justificarlo. Segundo, para la mínima cuantía rige la excepción del artículo 6: no se requiere el registro ni la clasificación y la verificación corresponde a la entidad. Conclusión: la secretaría contradice la regla en ambos procesos.