El artículo 80 de la Ley 1437 de 2011 regula en dos incisos el momento y el contenido de la decisión. Primero, «vencido el período probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso». Segundo, esa decisión «resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso». La primera regla elimina un trámite intermedio: la autoridad no necesita declarar cerrada la etapa para decidir. La segunda reproduce, para la segunda fase de la actuación, el deber que el artículo 42 impone a la decisión inicial. En consecuencia, un acto que resuelve el recurso con una frase genérica, o que calla sobre alguno de los puntos planteados, incumple el artículo 80 aunque confirme o revoque lo principal.
La decisión puede tener los alcances que el artículo 74 asigna al recurso: aclarar, modificar, adicionar o revocar. El texto de la reposición habla de «quien expidió la decisión», y el de la apelación, del inmediato superior «con el mismo propósito». De ahí se sigue que la autoridad que decide no está atada a la alternativa de dejar todo igual o tumbar todo, sino que puede ajustar el acto en la medida en que el recurso lo justifique. Un límite relevante, que el texto del artículo 80 no precisa, es el de la situación de quien recurre. En materia administrativa sancionatoria el numeral 1 del artículo 3 enuncia el principio de no reformatio in pejus. La lectura prudente es que, al resolver el recurso del sancionado, la autoridad no puede agravar su sanción. Se trata de una inferencia a partir de un principio y no de una regla expresa del artículo 80, y su aplicación a regímenes especiales queda PENDIENTE DE VERIFICACIÓN.
Para facilitar la elaboración de las decisiones, el artículo 82 permite a las autoridades crear en su organización «grupos especializados» que preparen los proyectos de decisión de los recursos de reposición y apelación. El inciso adicionado por el artículo 16 de la Ley 2080 de 2021 autoriza al Gobierno nacional a crear mesas de trabajo, temporales o permanentes, con funcionarios de distintas entidades, para apoyar y asesorar la decisión de las apelaciones contra actos de entidades del orden nacional, y las entidades territoriales pueden aplicarlo según el reglamento. El texto aclara que el apoyo de las mesas «no es vinculante» para quien resuelve. El proyecto elaborado por un grupo y el concepto de una mesa son insumos, no decisiones: la competencia y la responsabilidad continúan en el funcionario titular.
La decisión del recurso debe ser notificada y su notificación fija la firmeza. El artículo 87 dispone que los actos quedan en firme, según el caso, desde el día siguiente a la notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos (numeral 2), desde el día siguiente al vencimiento del término para recurrir si no se recurrió (numeral 3) o desde el día siguiente a la notificación de la aceptación del desistimiento (numeral 4). Con la firmeza el acto se vuelve ejecutable según el artículo 89, y la decisión del recurso obligatorio completa el requisito del numeral 2 del artículo 161, que exige para pedir la nulidad de un acto particular haber ejercido y decidido los recursos obligatorios. En algunas materias el legislador reglamenta además la forma: el artículo 43 del Decreto 19 de 2012 establece que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y los prestadores notifican la decisión sobre los recursos de los usuarios mediante correo certificado o electrónico, en los términos del Código.
El incumplimiento del deber de decidir tiene su régimen en el artículo 86. Transcurridos dos meses desde la interposición de la reposición o la apelación sin que se haya notificado decisión expresa, la decisión «se entenderá negativa». El plazo se suspende durante la práctica de pruebas. La ocurrencia del silencio no exime a la autoridad de responsabilidad ni le impide resolver, siempre que no se haya notificado el auto admisorio de la demanda cuando el interesado acudió a la jurisdicción. El silencio es una ficción que abre la puerta judicial, y el numeral 1, literal d, del artículo 164 permite demandar en cualquier tiempo los actos producto del silencio administrativo. No es una decisión de fondo ni libera a la administración de su obligación de responder.
El inciso final del artículo 86 califica la no resolución oportuna de los recursos como falta disciplinaria. En la Sentencia C-721 de 2015, la Corte Constitucional declaró inexequible la expresión «gravísima» de esa frase. Consideró desproporcionado castigar con la máxima categoría de falta el simple vencimiento de un término legal que no afecte otros bienes jurídicos, y señaló que en cada caso debe definirse si la falta es leve o grave con los criterios disciplinarios entonces vigentes. La decisión se tomó con base en el régimen disciplinario de la Ley 734 de 2002; cómo se aplica hoy ese razonamiento con el estatuto disciplinario vigente queda PENDIENTE DE VERIFICACIÓN. Lo que permanece es el mensaje: la mora en resolver recursos es una falta disciplinaria, aunque su gravedad se valora con los criterios de graduación.
Hay dos reglas especiales en que el silencio es positivo. El artículo 52 regula la caducidad de la facultad sancionatoria: tres años desde el hecho para expedir y notificar el acto que sanciona, y para resolver los recursos un año contado desde su debida y oportuna interposición, «so pena de pérdida de competencia»; si no se deciden en ese término, «se entenderán fallados a favor del recurrente», sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria del funcionario. La Sentencia C-875 de 2011 declaró exequible esa consecuencia: consideró que es compatible con el debido proceso porque corresponde al Estado definir la situación jurídica de los administrados, y precisó que operaría salvo circunstancias excepcionales como fuerza mayor o caso fortuito que justifiquen la mora. El artículo 49A, adicionado por el artículo 7 de la Ley 2080, fija para la sanción fiscal tres meses para decidir la apelación, con la misma consecuencia de entender fallados los recursos a favor del recurrente.
Ejemplo colombiano 1: decisión que calla sobre un punto
Una empresa es sancionada por una autoridad departamental y en su reposición plantea tres peticiones: que se revoque la sanción por caducidad, que se aprecie una prueba documental y que, subsidiariamente, se reduzca la multa. La resolución que decide el recurso estudia la caducidad y la reducción, pero no menciona la prueba. El artículo 80 exige resolver todas las peticiones oportunamente planteadas, de modo que la decisión incurre en omisión. Los artículos leídos no prevén un recurso adicional contra la decisión del recurso; la empresa puede invocar la omisión en su demanda, y la autoridad, en todo caso, debió pronunciarse sobre la prueba.
Ejemplo colombiano 2: un año vencido en un trámite sancionatorio
Una autoridad municipal sanciona a un comerciante por una infracción cometida en enero de 2024. El comerciante interpone en tiempo reposición y apelación el 15 de marzo de 2025. La autoridad expide y notifica la decisión de los recursos el 20 de abril de 2026, más de un año después. El artículo 52 impone resolver los recursos en el término de un año desde su debida y oportuna interposición, so pena de pérdida de competencia, y prevé que, si no se deciden, se entienden fallados a favor del recurrente. Según la Sentencia C-875 de 2011, solo la fuerza mayor o el caso fortuito que justifiquen la mora podrían alterar esa consecuencia, y nada de eso se afirma en el caso. La resolución tardía no debería prevalecer, sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario que prevé el mismo artículo. Si la decisión se hubiera expedido dentro del año y notificado después, habría que establecer si el término exige también la notificación; el texto habla de recursos «decididos» y ese punto queda PENDIENTE DE VERIFICACIÓN.
Ejemplo colombiano 3: mesa de trabajo que recomienda lo contrario
El Gobierno nacional, conforme a la reglamentación que expida, ha creado una mesa de trabajo para apoyar la decisión de apelaciones contra actos de una entidad del orden nacional. La mesa recomienda confirmar una resolución, pero el funcionario competente concluye que debe revocarla parcialmente. El artículo 82 declara que el apoyo y asesoramiento de la mesa no es vinculante para quien resuelve la apelación, así que su decisión es válida siempre que cumpla el artículo 80: motivada y pronunciada sobre todas las peticiones planteadas. La divergencia con la recomendación no es un vicio, pero tampoco exime de explicar las razones de la decisión.