El artículo 74 de la Ley 1437 de 2011 abre su enumeración con el recurso de reposición, que se interpone «ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque». Su rasgo definitorio no es el contenido de la queja del interesado sino el destinatario: el mismo funcionario que profirió el acto. Por eso es el recurso de la autocorrección. La administración recibe la oportunidad de revisar su propia decisión antes de que otra autoridad, o un juez, intervenga, y esa oportunidad se justifica por la presunción de que quien decidió conserva el expediente y puede reconocer un error sin necesidad de trámites adicionales.
Los cuatro verbos del texto delimitan lo que puede pedirse y lo que puede ordenarse. Aclarar corrige la oscuridad de lo decidido sin alterar su sentido; adicionar completa una decisión que omitió un punto planteado; modificar cambia parcialmente lo resuelto; revocar retira el acto. La lista enseña que la reposición no está limitada a obtener la revocatoria total. Un interesado puede conformarse con que se precise el alcance de una orden o con que se incluya una petición que la autoridad dejó sin respuesta, lo cual enlaza con el deber del artículo 42 de resolver todas las peticiones oportunamente planteadas.
La procedencia es general, pero condicionada. El mismo artículo 74 dice que, «por regla general», los recursos proceden contra los actos definitivos, y el artículo 43 define como definitivos los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto o hacen imposible continuar la actuación. El artículo 75 añade la contrapartida: no hay recurso contra los actos de carácter general ni contra los de trámite, preparatorios o de ejecución, «excepto en los casos previstos en norma expresa». Una norma expresa, por ejemplo, es el artículo 17 del Código, en el texto que le dio el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, que declara el desistimiento tácito de una petición incompleta mediante acto motivado y precisa que contra él «únicamente procede recurso de reposición». La reposición es, así, el recurso mínimo que el legislador suele conservar incluso cuando excluye los demás.
Esa función de mínimo explica su papel frente a las decisiones inapelables. El artículo 74 niega la apelación respecto de las decisiones de ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de entidades descentralizadas y órganos superiores de los organismos constitucionales autónomos, y de los representantes legales y jefes superiores del nivel territorial. En la Sentencia C-248 de 2013 la Corte Constitucional declaró exequible la restricción territorial y razonó que la facultad de controvertir una decisión no se agota en la apelación: se satisface también con la reposición ante el mismo funcionario y con el acceso a la jurisdicción contenciosa. Por regla general, frente a esas autoridades la reposición es el único recurso administrativo disponible.
Su carácter no obligatorio es la segunda regla que debe retenerse. El inciso final del artículo 76 dispone que los recursos de reposición y de queja «no serán obligatorios». El interesado puede, por tanto, omitir la reposición y acudir directamente al juez si no existe un recurso obligatorio pendiente, pues el numeral 2 del artículo 161 exige haber ejercido y decidido solamente «los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios». Elegir la reposición tiene otra consecuencia: el acto no quedará en firme hasta que se notifique la decisión sobre el recurso (artículo 87, numeral 2). Cómo se articula esa firmeza con el término de caducidad del artículo 164 debe verificarse en cada caso; aquí solo se enuncia la regla del artículo 87.
Cuando concurre con la apelación, la reposición suele interponerse como principal y la apelación como subsidiaria. El artículo 76 permite interponer la apelación «directamente, o como subsidiario del de reposición», lo que tiene sentido estratégico: si la autoridad no revoca, el expediente sube sin necesidad de un nuevo escrito. Esta práctica no cambia la naturaleza de cada recurso, cada uno con su requisito de sustentación. El artículo 77 exige que se presenten dentro del plazo, por el interesado, su representante o apoderado, con expresión concreta de los motivos de inconformidad, solicitud y aporte de pruebas, y datos del recurrente. Un escrito que invoca la reposición sin motivos concretos corre el riesgo de rechazo conforme al artículo 78.
Hay supuestos en los que la reposición es el único camino por una razón distinta de la jerarquía. Los actos presuntos pueden recurrirse, según el artículo 76, «en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez»; el silencio negativo es una ficción de decisión y el interesado puede pedir a la autoridad que reconsidere. Del mismo modo, cuando la autoridad que profirió el acto carece de superior administrativo o funcional, la apelación no existe por definición y el peso de la defensa en vía administrativa recae sobre la reposición y, luego, sobre la demanda.
La decisión de la reposición está sujeta a las reglas del artículo 80: se profiere vencido el período probatorio, sin necesidad de acto que así lo declare, es motivada y resuelve todas las peticiones oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso. Una respuesta que confirme el acto con una frase genérica no cumple ese estándar. Además, el artículo 79 ordena tramitar los recursos en el efecto suspensivo: mientras se resuelve, el acto no es ejecutable, y solo cuando adquiere firmeza opera el carácter ejecutorio del artículo 89.
Un límite, de naturaleza doctrinal y no textual, merece mención. El Código no dice expresamente que la decisión de la reposición no pueda empeorar la situación de quien recurre. Sin embargo, el numeral 1 del artículo 3 enuncia, en materia administrativa sancionatoria, el principio de no reformatio in pejus. Una lectura prudente es que, al modificar la sanción impuesta, la autoridad que resuelve la reposición no puede agravar la posición del sancionado por el solo hecho de su recurso. Esta es una interpretación del principio general y no una regla específica del artículo 74; su alcance en cada régimen sancionatorio especial queda PENDIENTE DE VERIFICACIÓN.
La reposición también debe distinguirse de la corrección de errores formales del artículo 45, que puede hacerse «en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte», no cambia el sentido material de la decisión y no revive los términos para demandar. Corregir un error de digitación no es recurrir; recurrir es controvertir el contenido. Confundirlas lleva a dos errores opuestos: pensar que vencido el plazo no puede corregirse una cifra mal transcrita, o pensar que una petición de corrección permite reabrir el fondo.
Ejemplo colombiano 1: ministerio que niega una homologación
Una universidad privada presenta ante un ministerio la solicitud de homologar un programa. El ministro la niega mediante resolución motivada, notificada personalmente el 3 de marzo. La universidad pregunta si puede apelar ante el Presidente de la República. El artículo 74 excluye la apelación de las decisiones de los ministros, de modo que el único recurso administrativo es la reposición ante el propio ministro, interpuesta dentro de los diez días siguientes a la notificación (artículo 76). Si no la interpone, el acto queda en firme por vencimiento del plazo; si la interpone, queda en firme con la notificación de la decisión sobre el recurso. En ambos casos conserva la vía judicial.
Ejemplo colombiano 2: alcaldía y acto presunto
Un comerciante pide a una alcaldía municipal un permiso de ocupación de espacio y, vencidos tres meses sin respuesta, la alcaldía no ha notificado decisión. Según el artículo 83 hay silencio negativo. El comerciante decide interponer reposición contra ese acto presunto. El artículo 76 le permite hacerlo en cualquier tiempo mientras no haya acudido al juez, y la autoridad, que sigue siendo competente, debe tramitar el recurso y resolverlo con motivación. Si en cambio acude primero ante el juez, ya no podrá interponer ese recurso, aunque conserva la acción judicial.
Ejemplo colombiano 3: reposición que solo busca adición
Una entidad distrital impone una sanción pecuniaria a una empresa y su resolución no se pronuncia sobre un argumento probatorio que la empresa planteó en los descargos. La empresa interpone reposición dentro del plazo, no para que se revoque la multa, sino para que se adicione la resolución con el análisis omitido. El artículo 74 permite pedir que la decisión se «adicione», y el artículo 80 obliga a resolver las peticiones oportunamente planteadas. Si la autoridad adiciona y mantiene la sanción, la empresa podrá ahora discutir el argumento en sede judicial con el estudio de la autoridad a la vista. La alternativa de no recurrir tiene el costo de que el acto quede en firme sin esa respuesta.