El artículo 72 del CPACA describe la consecuencia común de las irregularidades: sin el lleno de los requisitos de los artículos anteriores no se tiene por hecha la notificación ni produce efectos legales la decisión. Las irregularidades pueden ser de varios tipos. Puede faltar la notificación del todo. Puede haberse realizado una diligencia a la que le falta alguno de los elementos del artículo 67, y entonces el propio texto declara invalidada la notificación. Puede haber un aviso sin copia íntegra o sin los datos del artículo 69, una publicación incompleta, un envío electrónico sin la aceptación del artículo 56 o una entrega a quien no era el interesado ni su autorizado. Cada falla impide que la notificación se entienda hecha.
La consecuencia que describe el artículo no es la nulidad del acto sino su ineficacia frente al interesado. La Sentencia C-957 de 1999, al analizar el antiguo código, explicó que el acto administrativo, general o particular, existe desde el momento en que se profiere, pero no produce efectos jurídicos, es decir, carece de fuerza vinculante, mientras no se publique, notifique o comunique; añadió que la notificación es una formalidad que brinda legitimidad y eficacia a la actividad administrativa y garantiza los derechos de defensa y de acceso a la justicia. La Sentencia C-096 de 2001 calificó el conocimiento del acto como presupuesto de eficacia. El artículo 72 vigente emplea una fórmula parecida: la decisión no producirá efectos legales. La notificación defectuosa no vuelve ilegal por sí misma la decisión; la deja inoponible a quien debió ser notificado, y el acto puede, además, ser ilegal por otras causas.
La inoponibilidad se proyecta en una cadena de consecuencias. Primera: el plazo de diez días para recurrir, que el artículo 76 cuenta desde la diligencia o desde la notificación por aviso o desde el vencimiento de la publicación, no empieza a correr. Segunda: el acto no queda en firme por las vías del artículo 87, que dependen de la notificación, comunicación o publicación, de la decisión de los recursos o del vencimiento del término para interponerlos. Tercera: el artículo 89 permite ejecutar de inmediato los actos en firme, de modo que una autoridad que ejecuta un acto no firme actúa, salvo norma expresa en contrario, sin el título que la regla general exige. Cuarta: el plazo de cuatro meses para demandar en nulidad y restablecimiento, que el literal d del numeral 2 del artículo 164 cuenta desde el día siguiente a la comunicación, notificación, ejecución o publicación, según el caso, no comienza con una notificación inválida. Que la «ejecución» pueda dar inicio al término en actos no notificados es una cuestión jurisprudencial que no se examinó y queda PENDIENTE DE VERIFICACIÓN.
La irregularidad se corrige repitiendo la notificación en debida forma o se supera cuando la parte interesada revela que conoce el acto, consiente o recurre, conforme al artículo 72. La nueva notificación no produce efectos retroactivos: los términos corren desde que quede surtida. La autoridad debe corregir cuanto antes: el principio de eficacia le exige sanear las irregularidades procedimentales, y el artículo 31 considera falta del servidor público el desconocimiento de los derechos previstos en la Parte Primera. Para probar su diligencia, el expediente debe contener la constancia de la citación, de la remisión o publicación del aviso, del certificado de acceso electrónico o del acta de la notificación en estrados, según el caso.
Los terceros plantean un problema distinto. El artículo 37 impone el deber de comunicar a las terceras personas que puedan resultar directamente afectadas por la decisión en una actuación de contenido particular y concreto la existencia de la actuación, su objeto y el nombre del peticionario, para que puedan constituirse como parte; se comunica a la dirección o correo que se conozca, si no hay un medio más eficaz, o, si no es posible o los terceros son indeterminados, por un medio masivo de comunicación nacional o local u otro mecanismo eficaz, con constancia escrita. La Sentencia C-341 de 2014 declaró exequibles, por los cargos examinados, las expresiones «Deber de comunicar las actuaciones administrativas», «les comunicará», «la comunicación» y «comunicación» del artículo 37. Razonó que el deber realiza la publicidad y la defensa de los terceros y que la diversidad de medios es razonable porque los terceros pueden ser numerosos o indeterminados y la notificación personal puede ser imposible. Es una comunicación previa, anterior a la decisión, y no sustituye lo que luego debe hacerse con el acto.
Para el acto ya expedido, el artículo 73 cubre a los terceros que no intervinieron en la actuación, a quienes el acto afecta de forma directa e inmediata a juicio de la autoridad y cuyo domicilio se desconoce: se ordena publicar la parte resolutiva en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo de comunicación en el territorio de la autoridad. Si el domicilio es conocido, se procede a la notificación personal. La publicación de la parte resolutiva es suficiente aquí, a diferencia de lo que ocurre con el interesado notificado por aviso, que debe recibir copia íntegra. El texto no precisa a partir de cuándo corren los términos de esos terceros; el artículo 76 habla del «vencimiento del término de publicación», y su aplicación al artículo 73 queda PENDIENTE DE VERIFICACIÓN.
Una regla especial rige los actos de inscripción o registro. Según el artículo 70, los actos de inscripción realizados por las entidades encargadas de llevar registros públicos se entienden notificados el día en que se efectúe la anotación. Si la inscripción fue solicitada por una entidad o persona distinta del titular del derecho, debe comunicarse a este por cualquier medio idóneo dentro de los cinco días siguientes. El texto no establece qué sucede si esa comunicación al titular se omite; es razonable pensar que la omisión afecta su oportunidad de defensa, pero se trata de una lectura que no tiene respaldo en una sentencia leída.
Ejemplo colombiano 1: cierre ejecutado con una notificación inválida
Una secretaría de gobierno municipal ordena por resolución de 2 de febrero de 2026 el cierre de un restaurante. El 5 de febrero un funcionario entrega al administrador una copia sin indicación de recursos ni autoridades. El 12 de mayo, al considerar vencidos los plazos, la secretaría declara el acto en firme y ordena sellar el local.
La entrega omitió los datos que exige el inciso segundo del artículo 67, y su inciso tercero invalida la notificación. Según el artículo 72, no se tiene por hecha la notificación ni produce efectos la decisión. El plazo del artículo 76 no corrió, el acto no quedó en firme conforme al artículo 87 y el artículo 89 solo autoriza la ejecución de actos en firme. El sellamiento carece del título que exige la ley. La secretaría debe notificar en debida forma, y desde esa fecha contará el término para recurrir.
Ejemplo colombiano 2: pescadores sin domicilio conocido
Una autoridad ambiental otorga a una empresa un permiso de vertimientos que afecta directa e inmediatamente a pescadores artesanales de la ribera, que no intervinieron en la actuación. La autoridad no conoce el domicilio de ellos, pero sabe que una asociación de pescadores tiene sede registrada en el municipio.
Respecto de los pescadores cuyo domicilio se desconoce, el artículo 73 ordena publicar la parte resolutiva en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo de comunicación del territorio, por ejemplo una emisora o un periódico locales. Para la asociación, cuya sede es conocida, procede la notificación personal. Lo que no puede hacer la autoridad es mantener el acto en silencio con el argumento de que son muchos: la ley le fija una forma de publicidad adaptada a su situación. Antes, durante la actuación, el artículo 37 habría exigido comunicarles la existencia del trámite, y C-341 de 2014 respalda esa diversidad de medios.
Ejemplo colombiano 3: inscripción solicitada por otra persona
En una oficina pública de registro se inscribe, a solicitud de una entidad, una anotación que afecta un derecho cuyo titular es otra persona. La anotación se efectúa el 14 de septiembre de 2026 y la oficina no comunica nada al titular, que se entera en enero de 2027 al pedir un certificado.
Según el artículo 70, el acto de inscripción se entiende notificado el día en que se efectúa la anotación, el 14 de septiembre, pero, como fue solicitado por una entidad distinta del titular, debía comunicársele por cualquier medio idóneo dentro de los cinco días siguientes. Esa comunicación se omitió. El código no dice qué efecto tiene la omisión sobre los términos del titular; la lectura razonable es que no puede perjudicarlo sin haber sido informado, pero esa conclusión no está respaldada por una sentencia leída y debe verificarse antes de aplicarse.