El artículo 209 de la Constitución incluye la publicidad entre los principios de la función administrativa, y el numeral 9 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 la convierte en deber: las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y permanente y sin que medie petición, sus actos, contratos y resoluciones mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley. El Capítulo V del Título III de la Parte Primera, rotulado «Publicaciones, citaciones, comunicaciones y notificaciones», no usa cuatro palabras para una sola idea. Como esquema de estudio, publicar es poner un acto de contenido general a disposición de todos por el medio oficial; comunicar es informar una decisión o una actuación sin las formalidades de la notificación; y notificar es dar a conocer formalmente un acto particular a su interesado. Este tema trata la primera.
La regla central es el inciso primero del artículo 65, en la redacción del artículo 15 de la Ley 2080 de 2021: los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales, según el caso. La expresión «según el caso» remite al nivel de la autoridad: el Diario Oficial para las nacionales y la gaceta para las entidades territoriales que la tengan. Para saber si un acto es general importa su contenido y no su nombre, porque decreto, resolución o acuerdo pueden ser generales o particulares. La resolución que fija una tarifa aplicable a todos los usuarios de un servicio es general; la que sanciona a una empresa determinada es particular. La distinción es doctrinal y, en los casos mixtos, exige analizar a quiénes se dirige realmente el acto.
La Sentencia C-957 de 1999 explica qué significa «no serán obligatorios». Al estudiar la publicidad de los actos bajo el artículo 43 del antiguo Código Contencioso Administrativo y al juzgar el artículo 8 de la Ley 57 de 1985 y el artículo 119 de la Ley 489 de 1998, la Corte sostuvo que la publicación de un acto general no es requisito de validez sino condición de oponibilidad, que su falta no es causal de nulidad y que produce la inoponibilidad del acto frente a los particulares; declaró exequibles los dos artículos mencionados por el cargo formulado. Esa sentencia es anterior al CPACA y no lo examina. Trasladar su razonamiento al artículo 65 vigente es razonable, porque la fórmula legal es casi idéntica, pero es una interpretación del lector y no una declaración de la Corte sobre el código actual. Con ese matiz, el acto general existe desde que se expide, pero no puede exigirse a los particulares mientras no se publique.
De ahí se sigue, como lectura propia, que una autoridad no puede reclamar a un particular el cumplimiento de un reglamento aún no publicado ni fundar en él una sanción por hechos anteriores a su publicación. Desde qué día obliga el acto una vez publicado lo precisa la propia disposición o la regla general sobre vigencia, que este tema no examina.
Los incisos siguientes del artículo 65 regulan variantes. El segundo, agregado por la Ley 2080, ordena que los actos administrativos electrónicos del artículo 57 se publiquen también en el Diario Oficial o en la gaceta territorial, conservando autenticidad, integridad y disponibilidad: el formato electrónico no sustituye al órgano oficial. El tercero permite que las entidades de la administración central y descentralizada de los entes territoriales que no cuenten con un órgano oficial de publicidad divulguen sus actos mediante fijación de avisos, distribución de volantes, inserción en otros medios, publicación en la página electrónica, cualquier canal digital habilitado por la entidad o bando, en tanto esos medios garanticen amplia divulgación. Dos límites son claros. La habilitación es solo para entidades territoriales sin órgano oficial, de modo que una entidad nacional no puede reemplazar al Diario Oficial por su página web. Y el medio vale por lo que logra: una hoja pegada en una cartelera interna no garantiza amplia divulgación aunque los avisos figuren entre los medios nombrados.
Las notas del editor del Normograma remiten además a normas sobre publicidad de actos de los concejos y de precios fijados por autoridades que no se leyeron; su alcance queda PENDIENTE DE VERIFICACIÓN.
El inciso cuarto separa la publicación de la comunicación: las decisiones que ponen término a una actuación iniciada con una petición de interés general se comunican por cualquier medio eficaz, sin Diario Oficial ni notificación personal. El inciso quinto prevé que, si una fuerza mayor impide publicar en el Diario Oficial, el Gobierno nacional puede disponer que se haga por un medio masivo eficaz; la excepción depende de esa decisión y no de cada entidad. El parágrafo extiende el deber de publicar a los actos de nombramiento y a los actos de elección distintos a los de voto popular, aunque sean de contenido particular. Esa extensión tiene efectos procesales: el literal a del numeral 2 del artículo 164 cuenta el término para demandar nombramientos desde el día siguiente a su publicación en la forma del inciso primero del artículo 65. Una lectura prudente es que un comunicado de prensa, que no es publicación oficial en esa forma, no hace correr ese plazo.
Dos normas de transparencia complementan el deber sin sustituirlo. El artículo 7 de la Ley 962 de 2005 ordena a la Administración Pública poner a disposición del público, por medios electrónicos, las leyes, decretos y actos de carácter general, o los documentos de interés público relativos a ellos, dentro de los cinco días siguientes a su publicación, sin perjuicio de la obligación de publicarlos en el Diario Oficial. El artículo 2 de la Ley 1712 de 2014 declara pública toda información en poder de un sujeto obligado, salvo reserva constitucional o legal. Ambas aseguran acceso y difusión; solo la publicación oficial condiciona la obligatoriedad del acto general. Además, el artículo 75 excluye los recursos contra los actos de carácter general, salvo norma expresa, de modo que la publicación no abre la vía administrativa de impugnación.
Ejemplo colombiano 1: multa fundada en una resolución todavía inédita
Una unidad administrativa especial nacional expide el 6 de abril de 2026 una resolución general que exige a todos los importadores de cierto producto un certificado de conformidad adicional. Se publica en el Diario Oficial el 20 de abril. El 14 de abril la unidad multa a un importador que no presentó ese certificado en una operación del 10 de abril.
El acto general existía desde el 6 de abril, pero según el inciso primero del artículo 65 no era obligatorio mientras no se publicara, y la multa se funda en hechos del 10 de abril. Siguiendo la lectura de C-957 de 1999, la publicación condiciona la oponibilidad y no la validez: el acto no es nulo por estar inédito, pero no podía exigirse al importador. La unidad no puede sostener la multa en esa resolución; solo podría hacerlo si otra norma ya publicada exigiera el certificado.
Ejemplo colombiano 2: decreto municipal en una cartelera interna
Un municipio de nueve mil habitantes, sin gaceta oficial, expide el 2 de febrero de 2026 un decreto que fija nuevos horarios de venta en la plaza de mercado. La alcaldía lo fija solo en la cartelera interna de su sede. Una comerciante es sancionada por abrir fuera del nuevo horario y alega que nunca conoció el decreto.
El inciso tercero del artículo 65 admite avisos, volantes, página electrónica, canales digitales o bando para las entidades territoriales sin órgano oficial, pero solo si garantizan amplia divulgación. Una cartelera dentro de la sede es accesible apenas para quien entra a ella y no cumple esa condición frente a comerciantes de las veredas. El municipio debió combinar, por ejemplo, la página electrónica, avisos en la plaza y un bando. Mientras no lo haga, el decreto no obliga a la comerciante y la sanción carece de fundamento oponible.
Ejemplo colombiano 3: nombramiento publicado y plazo para demandar
Una gobernación nombra por decreto, el 3 de marzo de 2026, al secretario de salud departamental. El decreto se publica en la gaceta departamental el 12 de marzo, aunque una nota de prensa había informado el nombramiento el 4 de marzo. Un ciudadano quiere demandar la nulidad del acto por una supuesta inhabilidad y pregunta desde cuándo corre el término.
El parágrafo del artículo 65 exige publicar los actos de nombramiento. El literal a del numeral 2 del artículo 164 cuenta el término para demandar nombramientos desde el día siguiente a su publicación en la forma del inciso primero del artículo 65, es decir, en el Diario Oficial o en la gaceta territorial. El plazo comienza el 13 de marzo y no el 5, porque la nota de prensa no es esa forma de publicación. El código fija treinta días para este supuesto; si se cuentan como hábiles o calendario no se resuelve aquí.