El artículo 72 del CPACA lleva por título «Falta o irregularidad de las notificaciones y notificación por conducta concluyente» y establece que, sin el lleno de los anteriores requisitos, no se tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada revele que conoce el acto, consienta la decisión o interponga los recursos legales. El cuerpo del artículo no pronuncia la expresión «conducta concluyente»; la toma el título. La figura es un remedio y no una modalidad ordinaria: presupone que la notificación faltó o fue irregular y permite que el vicio se supere por el comportamiento del propio interesado.
Se requieren dos premisas. La primera es la ausencia de una notificación válida: no se notificó, se notificó mal, el artículo 67 declara inválida la diligencia por incumplimiento de sus requisitos, el aviso del artículo 69 omitió datos exigidos o el medio electrónico se usó sin aceptación. La segunda es una conducta de la parte interesada que encaje en uno de los tres supuestos del texto. La conducta de un tercero ajeno a la actuación no notifica al interesado, y el conocimiento que la autoridad atribuya a un funcionario o a un tercero tampoco sustituye la conducta del propio interesado.
Revelar que se conoce el acto exige una manifestación atribuible al interesado, que identifique la decisión y permita inferir que conoce su contenido: una solicitud de copias de la «Resolución 112 del 8 de abril», una carta que invoca sus efectos, un memorial que la cita. Que alguien afirme que el interesado debió enterarse no es una revelación del interesado. Consentir la decisión puede ser expreso o resultar de un comportamiento inequívoco, como cumplirla voluntariamente o pedir un plazo para cumplirla. Es una lectura del texto que el consentimiento voluntario debe distinguirse del pago o la obediencia obtenidos bajo ejecución. Y consentir una decisión para efectos de la notificación no equivale a renunciar a los recursos: el numeral 3 del artículo 87 trata como causa de firmeza la renuncia expresa a ellos, que es un acto distinto.
Interponer los recursos legales es la señal más nítida. Quien presenta reposición o apelación contra un acto demuestra que lo conoce y que ejerce sobre él un derecho de defensa. Como el artículo 76 cuenta el término para recurrir desde la notificación, y antes de ella no ha empezado a correr, el recurso así presentado no puede rechazarse por extemporáneo. El texto habla de «recursos legales», lo que se lee como los previstos por la ley contra ese acto. Qué ocurre con un recurso improcedente interpuesto contra un acto no notificado es una cuestión que el artículo no aclara y queda PENDIENTE DE VERIFICACIÓN.
El código no dice desde qué instante se entiende surtida la notificación por conducta concluyente. La Sentencia C-096 de 2001, reproducida en la Sentencia C-341 de 2014, afirma que los actos de la administración solo son oponibles al afectado a partir de su real conocimiento, es decir, desde la diligencia de notificación personal o, si esta no es posible, desde el hecho que permite suponer que ese conocimiento se produjo, ya sea porque se empleó un medio que hace llegar la noticia al destinatario final, o porque el administrado demostró su conocimiento. Con base en esa doctrina, que se aplicó al antiguo código, la lectura natural es que la notificación se entiende surtida cuando el interesado exterioriza su conocimiento y no en una fecha anterior que no pueda probarse. Es una interpretación y no una regla del artículo 72.
Hay límites que resguardan al interesado. El artículo 71 dispone que las manifestaciones del autorizado sobre el acto se tienen por no realizadas; por lo mismo, sus palabras no pueden valer como revelación de conocimiento del autorizante, aunque el texto no lo diga expresamente. La misma C-096 de 2001 insistió en que el conocimiento del acto no es una formalidad que se pueda suplir de cualquier manera. La conducta concluyente repara una irregularidad, no autoriza a la autoridad a omitir la notificación esperando que el interesado reaccione. El artículo 31 del código, en la redacción de la Ley 1755 de 2015, considera falta del servidor público el desconocimiento de los derechos de las personas previstos en esta Parte Primera.
Por otra parte, el principio de eficacia del numeral 11 del artículo 3 manda sanear las irregularidades procedimentales y remover obstáculos puramente formales, y el de buena fe presume el comportamiento leal de autoridades y particulares. Ambos justifican que la autoridad aproveche la conducta del interesado para dar por superada una irregularidad que ya no lo perjudica, y que el interesado no invoque la irregularidad para eludir un acto que reconoce haber recibido; es una aplicación de esos principios y no una regla expresa del artículo 72. Con todo, la autoridad que invoca esta figura carga con la tarea de dejar en el expediente la prueba de la conducta y la fecha en que ocurrió.
Ejemplo colombiano 1: recurso contra una resolución nunca notificada
Un funcionario de una secretaría de gobierno municipal deja, el 4 de mayo de 2026, una copia de una resolución de cierre de un establecimiento en la recepción del negocio, sin diligencia ni constancia. El 18 de mayo el gerente radica un recurso de reposición contra «la Resolución 076 del 30 de abril». La secretaría quiere rechazarlo por extemporáneo, contando diez días desde el 4 de mayo.
Dejar una copia sin diligencia no cumple el artículo 67, y por eso el plazo del artículo 76 no ha empezado a correr. Pero el artículo 72 dice que la irregularidad queda superada si la parte interesada interpone los recursos legales. El gerente, al recurrir, reveló conocer el acto. La notificación se entiende surtida el 18 de mayo, y el recurso no es extemporáneo porque se presentó el mismo día en que el interesado se notificó por su conducta. La secretaría debe tramitarlo y decidirlo.
Ejemplo colombiano 2: la carta del autorizado
Una empresa autorizó por escrito a su coordinadora jurídica solo para notificarse de las decisiones de una investigación. El 12 de junio de 2026 la autoridad omite citar a la empresa y envía la resolución a la coordinadora. Ella contesta por correo: «Recibimos la Resolución 0310 de 2026; la empresa cumplirá en el plazo fijado». La autoridad cuenta desde ese día el término para recurrir y lo considera vencido un mes después.
El artículo 71 dice que el autorizado solo está facultado para recibir la notificación y que cualquier manifestación suya sobre el acto se tiene por no realizada. La carta de la coordinadora no puede tomarse como revelación de conocimiento ni como consentimiento de la empresa. No hay conducta de la parte interesada que supere la irregularidad. La autoridad debe verificar si el envío a la coordinadora cumplió los requisitos de la notificación personal; si no, debe repetirla con la empresa, y el término no ha comenzado a correr.
Ejemplo colombiano 3: pago voluntario y renuncia a recursos
Una persona se entera por una llamada telefónica de que una autoridad le impuso una multa por una resolución que nunca le notificaron formalmente. Dos días después paga voluntariamente el valor de la multa en el banco indicado por la funcionaria. Meses más tarde presenta un recurso, y la autoridad lo rechaza argumentando que el pago implicó conocimiento, consentimiento y renuncia a recurrir.
El pago voluntario puede mostrar que la persona conocía y aceptaba la decisión, y eso puede configurar la notificación por conducta concluyente desde que la autoridad pruebe cuándo y cómo se produjo. Pero consentir la decisión no es lo mismo que renunciar a los recursos: el numeral 3 del artículo 87 exige renuncia expresa para que el acto quede en firme por ese motivo. Además, el pago bajo ejecución no es consentimiento voluntario. La autoridad debe probar la voluntariedad y no puede presumir la renuncia al recurso.