En toda actuación hay un peticionario o un investigado, que es la parte interesada, y puede haber otras personas que no iniciaron el trámite pero cuyos derechos o situación jurídica dependen de su resultado. El código no ofrece una definición abstracta de tercero; regula, en cambio, dos cosas: el deber de la autoridad de comunicarles la actuación, en el artículo 37, y los casos en que pueden intervenir, en el artículo 38. En la lectura de este curso, que no es una regla expresa, tercero es quien no es peticionario ni investigado y tiene un interés jurídico en lo que se decida.
El artículo 37 impone el deber de comunicar con tres condiciones. La actuación debe ser de contenido particular y concreto, de modo que no se aplica a decisiones generales. Los terceros deben poder resultar directamente afectados por la decisión, lo que excluye el interés simplemente curioso o la afectación remota. Y es la autoridad quien debe advertirlo: la norma le atribuye una valoración que se hace al analizar el expediente. Cuando concurren esas condiciones, la comunicación debe informar la existencia de la actuación, su objeto y el nombre del peticionario, si lo hubiere, con una finalidad que el texto declara: que los terceros puedan constituirse como parte y hacer valer sus derechos.
El mismo artículo regula los medios. La comunicación se remite a la dirección o al correo electrónico que se conozca, si no hay otro medio más eficaz. Si no es posible comunicar, o los terceros son indeterminados, la información se divulga por un medio masivo de comunicación nacional o local, según el caso, o por cualquier otro mecanismo eficaz, atendiendo a las condiciones de los posibles interesados. En todos los casos se deja constancia escrita en el expediente. El criterio es la eficacia del enteramiento y no la comodidad de la autoridad.
La Corte Constitucional examinó el artículo 37 en la Sentencia C-341 de 2014. El demandante pedía que «comunicar» se entendiera como «notificar personalmente» al tercero, porque de lo contrario no podría defenderse. La Corte declaró exequibles las expresiones demandadas, por los cargos examinados. Razonó que el deber de comunicar se ubica en las etapas previas de la actuación, antes del acto administrativo, y no crea, modifica ni extingue por sí mismo una situación jurídica; que la notificación personal no siempre es idónea frente a terceros cuyo paradero se desconoce o que son indeterminados; y que el legislador puede diseñar varias formas de enteramiento según las condiciones del tercero. Añadió que lo importante es que el afectado conozca la existencia de la actuación, sea por la comunicación de la administración o por conocimiento directo. En la lectura de este curso, la sentencia no avala cualquier comunicación meramente formal, porque su argumento descansa en que los medios previstos sean eficaces.
El artículo 38 abre la puerta a la intervención en tres supuestos. El primero se refiere a las actuaciones sancionatorias: pueden intervenir quienes las hayan promovido como denunciantes, quienes resulten afectados con la conducta investigada y quienes estén en capacidad de aportar pruebas que ayuden a esclarecer los hechos. El segundo cubre las actuaciones adelantadas en interés particular, cuando los derechos o la situación jurídica del tercero puedan resultar afectados o cuando la decisión pueda ocasionarle perjuicios. El tercero abarca las actuaciones iniciadas en interés general, sin otra exigencia en el texto. Quien interviene lo hace con los mismos derechos, deberes y responsabilidades de quienes son parte interesada, de modo que puede aportar pruebas, alegar y también responde por sus afirmaciones y por las conductas dilatorias que el artículo 6 reprocha a las personas.
La intervención se solicita mediante una petición que, según el parágrafo del artículo 38, debe reunir los requisitos del artículo 16, indicar cuál es el interés de participar en la actuación y allegar o solicitar las pruebas que el interesado pretenda hacer valer. La autoridad que tramita la resuelve de plano y contra esta decisión no procede recurso alguno. «De plano» significa, en el uso corriente, sin trámite previo ni audiencia, pero la decisión debe expresar sus razones, como todo ejercicio de poder en una actuación sometida al debido proceso del artículo 29 de la Constitución. El código no fija una oportunidad máxima para pedir la intervención; como las pruebas pueden aportarse hasta antes de la decisión de fondo, según el artículo 40, la práctica prudente es solicitarla apenas se conozca la actuación. Es un consejo y no una regla del texto.
Un punto de distinción importa: el derecho a intervenir no depende de la comunicación. Si la autoridad omite advertir a un tercero afectado, este puede conocer la actuación por otra vía y solicitar su participación conforme al artículo 38. La comunicación es un deber de la autoridad; la solicitud es una facultad del tercero.
El reconocimiento tiene consecuencias en la decisión. El inciso segundo del artículo 42 ordena que la decisión resuelva todas las peticiones oportunamente planteadas por el peticionario y por los terceros reconocidos. Además, el numeral 8 del artículo 5 reconoce el derecho de toda persona a formular alegaciones y aportar pruebas en cualquier actuación en la que tenga interés, a que se valoren y a que se le informe el resultado de su participación.
Para quienes no intervienen y no pudieron ser localizados, el artículo 73 prevé la publicidad del acto: cuando el acto particular afecte en forma directa e inmediata a terceros que no intervinieron y de quienes se desconozca el domicilio, las autoridades ordenan publicar la parte resolutiva en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo de comunicación del territorio donde es competente quien lo expidió; si el domicilio es conocido, se procede a la notificación personal. Y el artículo 65 establece que las decisiones que ponen término a una actuación iniciada con una petición de interés general se comunican por cualquier medio eficaz.
El código no dice cuál es la consecuencia de omitir la comunicación a un tercero que debía recibirla. Es una cuestión que se resuelve con el debido proceso del artículo 3 y con el control judicial: el artículo 137, sobre el medio de control de nulidad, enumera entre sus causales el desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, pero decidir si una omisión concreta lo configura corresponde al juez y no se resuelve aquí.
Ejemplo colombiano 1: permiso de vertimientos y vecinos de una vereda
Una corporación autónoma regional hipotética tramita en abril de 2025 el permiso de vertimientos de una granja avícola. La solicitud menciona una quebrada de la que se abastecen unas treinta familias de la vereda vecina. La oficina jurídica considera que solo la empresa solicitante es parte. El análisis es el siguiente. La actuación es de contenido particular y concreto. Las familias que consumen el agua pueden resultar directamente afectadas, por lo que el artículo 37 exige comunicarles la existencia del trámite, su objeto y el nombre del peticionario. Si se conoce el domicilio de una junta de acción comunal, se le escribe; para los demás, un aviso en emisora local. Todo se registra en el expediente.
Ejemplo colombiano 2: denunciante en un procedimiento sancionatorio
Una empresa de transporte presenta en junio de 2025 una denuncia ante una superintendencia hipotética contra un competidor por publicidad engañosa y pide intervenir en la actuación. La autoridad responde que el denunciante no es parte. Primero, el numeral 1 del artículo 38 permite intervenir a quien promovió la actuación sancionatoria como denunciante y a quien resulte afectado con la conducta. Segundo, la empresa debe presentar una petición con los requisitos del artículo 16, expresar su interés y allegar pruebas. Tercero, la autoridad resuelve de plano y sin recurso. Cuarto, si se admite, tendrá los derechos y deberes de la parte interesada, pero la sanción solo recae sobre el investigado.
Ejemplo colombiano 3: petición de interés general sobre una ruta de buses
Una asociación de usuarios solicita en septiembre de 2025 a una secretaría de movilidad hipotética modificar el recorrido de una ruta de transporte público en beneficio de todo un barrio. Una cooperativa de transportadores quiere participar porque la modificación recortaría su trayecto. Primero, la actuación fue iniciada en interés general, por lo que el numeral 3 del artículo 38 habilita la intervención sin exigir un perjuicio individual. Segundo, la cooperativa presenta su petición con interés y pruebas, y la secretaría decide de plano. Tercero, la decisión final debe resolver las peticiones de la asociación y las de la cooperativa reconocida, según el artículo 42. Cuarto, se comunica por un medio eficaz, conforme al artículo 65.