El proceso de selección termina de dos maneras: la entidad adjudica el contrato al proponente que presentó la oferta más favorable o declara desierto el proceso. En ambos casos decide mediante acto administrativo, y el numeral 7 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 exige que se motive en forma detallada y precisa tanto el acto de adjudicación como la declaratoria de desierto, además de los informes de evaluación. El numeral 8 del artículo 25 añade que el acto de adjudicación y el contrato no se someten a aprobaciones o revisiones administrativas posteriores ni a requisitos distintos de los del estatuto.
En la licitación pública la adjudicación se hace de forma obligatoria en audiencia pública, mediante resolución motivada que se entiende notificada al proponente favorecido en la misma audiencia. Lo dispone el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, que desarrolla el artículo 273 de la Constitución: esta norma permite que, a solicitud de un proponente, el Contralor u otra autoridad de control ordene adjudicar en audiencia pública y encarga a la ley fijar los casos en que se aplica. La Sentencia C-380 de 2008, con ponencia del magistrado Nilson Pinilla Pinilla, declaró exequible la expresión «de forma obligatoria» del artículo 9, por el cargo analizado. La Corte entendió que el artículo 273 fija un mínimo, que el legislador puede ampliar, incluso hasta hacerlo universalmente obligatorio, y que la facultad del Contralor sigue como salvaguarda adicional si las autoridades omiten o retardan la audiencia.
El artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015 detalla la audiencia. En ella los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas que la entidad dio a las observaciones al informe de evaluación, lo cual no abre una nueva oportunidad de mejorar o modificar la oferta; si hay pronunciamientos que requieran análisis adicional y puedan cambiar la decisión, la audiencia puede suspenderse. La palabra se concede una sola vez al oferente que la pida, por las personas que designe y dentro de la duración máxima fijada, y la entidad puede prescindir de leer el borrador del acto si lo publicó antes en el Secop. En la licitación de obra con dos sobres, la audiencia es también el momento en que se abre la oferta económica y se establece el orden de elegibilidad. En otras modalidades los textos leídos no exigen audiencia de adjudicación: en el concurso de méritos se adjudica al oferente que cumpla todos los requisitos y tenga el mayor puntaje (artículo 2.2.1.2.1.3.2), en la subasta inversa al del lance más bajo (artículo 2.2.1.2.1.2.4) y en la mínima cuantía la oferta y su aceptación constituyen el contrato (numeral 9 del artículo 2.2.1.2.1.5.2).
El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. La excepción tiene dos supuestos: que entre la adjudicación y la firma del contrato sobrevenga una inhabilidad o incompatibilidad, o que se demuestre que el acto se obtuvo por medios ilegales. Si el adjudicatario no firma dentro del plazo fijado, el valor de la garantía de seriedad queda a favor de la entidad como sanción, y esta puede, por acto motivado y dentro de los quince días siguientes, adjudicar al proponente calificado en segundo lugar si su propuesta es igualmente favorable (numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80). El artículo 9 prevé algo parecido si se declara la caducidad y queda pendiente al menos el cincuenta por ciento del contrato, salvo en concesiones: puede contratarse al segundo calificado, previa revisión de las condiciones. El plazo para adjudicar y firmar lo fija el pliego, y la entidad puede prorrogarlo antes de su vencimiento por un término total no mayor a la mitad del inicial, si las necesidades lo exigen (numeral 9 del artículo 30). Si solo se presentó una oferta, puede adjudicarse cuando cumpla los habilitantes y satisfaga el pliego (artículo 2.2.1.1.2.2.6).
El acto de adjudicación no tiene recursos en vía gubernativa y puede impugnarse mediante acción de nulidad y restablecimiento del derecho (parágrafo 1 del artículo 77 de la Ley 80). El artículo 141 de la Ley 1437 de 2011 permite demandar los actos previos a la celebración del contrato en los términos de los artículos 137 y 138, y el numeral 2, literal c, del artículo 164 fija cuatro meses para demandarlos, contados desde el día siguiente a su comunicación, notificación, ejecución o publicación. La nota del editor de la Ley 80 menciona un plazo especial de treinta días fijado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, que el artículo 309 de la Ley 1437 derogó junto con los artículos 30 a 63 de esa ley; cómo se articula hoy el parágrafo 1 con el artículo 141 queda PENDIENTE DE VERIFICACIÓN.
La declaratoria de desierto es excepcional. El numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 la permite únicamente por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva, y exige que se haga en acto administrativo con las razones expresadas de forma expresa y detallada. Según el numeral 9 del artículo 30, puede declararse dentro del mismo término de adjudicación. La ley no enumera las causas; como ejemplos de lectura, y no como lista legal, cabe pensar en que no se presente ninguna oferta, en que todas sean rechazadas o en que ninguna habilitada pueda compararse con las reglas del pliego. Los pliegos deben definir reglas que eviten esa declaratoria (literal b del numeral 5 del artículo 24).
Declarar desierto un proceso tiene una consecuencia reglada. La entidad que declaró desierta una licitación debe iniciar la selección abreviada dentro de los cuatro meses siguientes (literal d del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150), y el artículo 2.2.1.2.1.2.22 del decreto precisa que puede aplicar las reglas de la selección abreviada de menor cuantía sin recibir manifestaciones de interés ni hacer sorteo, expidiendo el acto de apertura dentro de esos cuatro meses. Cuando la licitación declarada desierta se rigió por documentos tipo de obra de transporte, el nuevo proceso usa los documentos tipo de selección abreviada de menor cuantía (artículo 2.2.1.2.6.1.6). El inciso 2 del artículo 77 de la Ley 80 menciona el recurso de reposición contra los actos contractuales, pero su articulación actual con el CPACA no se verificó y queda PENDIENTE DE VERIFICACIÓN.
Ejemplo colombiano 1: el proponente que quiere mejorar su precio en la audiencia
En la audiencia de adjudicación de una licitación de pavimentación en un municipio hipotético, el proponente B, que quedó segundo, pide ofrecer en voz alta un precio menor y hablar de nuevo cuando el proponente A, que quedó primero, responda a sus observaciones.
El artículo 2.2.1.2.1.1.2 permite que los oferentes se pronuncien sobre las respuestas de la entidad a las observaciones al informe de evaluación, pero aclara que eso no implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta, y que la palabra se concede una sola vez a quien la solicite. La entidad debe negar el nuevo precio y la segunda intervención. Solo si un pronunciamiento exigiera un análisis adicional que pueda cambiar la decisión, puede suspender la audiencia.
Ejemplo colombiano 2: la inhabilidad que aparece entre la adjudicación y la firma
Una entidad hipotética adjudica un contrato de consultoría a un ingeniero, persona natural, el 12 de junio. El 20 de junio queda en firme una sentencia que lo declara responsable judicialmente de un delito contra la administración pública. La propuesta del segundo calificado era igualmente favorable.
El artículo 9 de la Ley 1150 permite revocar el acto de adjudicación si entre la adjudicación y la firma sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad, y habilita a la entidad a aplicar lo previsto en el inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80. Por tanto, mediante acto administrativo debidamente motivado y dentro de los quince días siguientes, puede adjudicar al segundo calificado. La inhabilidad por condena judicial por delitos contra la administración pública está en el literal j del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80.
Ejemplo colombiano 3: la licitación de una vía que se declara desierta
Una gobernación hipotética abre una licitación de obra vial con documentos tipo. Solo se presenta una oferta, que no acredita la capacidad residual exigida. El 14 de febrero la entidad declara desierto el proceso mediante resolución que expone las razones.
El numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 permite la declaratoria cuando una causa impide la escogencia objetiva, y exige un acto con razones expresas y detalladas. Como no pudo adjudicarse, el literal d del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 y el artículo 2.2.1.2.1.2.22 llevan a una selección abreviada de menor cuantía, cuyo acto de apertura debe expedirse dentro de los cuatro meses siguientes, sin manifestaciones de interés ni sorteo. Como la licitación usó documentos tipo, el nuevo proceso aplica los de selección abreviada de menor cuantía (artículo 2.2.1.2.6.1.6).