El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en la redacción del artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, ordena que, previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato cuando la modalidad es contratación directa, se elaboren los estudios, diseños y proyectos requeridos y los pliegos de condiciones. Si el objeto incluye una obra, la entidad debe contar en esa misma oportunidad con estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental, incluso cuando el contrato comprenda el diseño. El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en su parágrafo 1, agrega que la entidad debe justificar, antes de abrir el proceso, los fundamentos jurídicos de la modalidad de selección que propone adelantar.
El Decreto 1082 de 2015 concreta esa exigencia en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato; deben permanecer a disposición del público durante el proceso. En la redacción anterior a las reformas de 2026, que provenía del Decreto 399 de 2021, deben contener, además de lo indicado para cada modalidad, ocho elementos: la descripción de la necesidad; el objeto con sus especificaciones, autorizaciones, permisos y licencias, y, si hay diseño y construcción, los documentos técnicos; la modalidad de selección y su justificación, con fundamentos jurídicos; el valor estimado y su justificación, incluida la forma de calcular los precios unitarios; los criterios para seleccionar la oferta más favorable; el análisis de riesgo y la forma de mitigarlo; las garantías; y la indicación de si el proceso está cobijado por un acuerdo comercial. Si el contrato es de concesión, no se publica el modelo financiero. El artículo no se aplica a la mínima cuantía.
Los estudios previos son la primera pieza de los Documentos del Proceso, que el decreto define como los estudios y documentos previos, el aviso de convocatoria, los pliegos o la invitación, las adendas, la oferta, el informe de evaluación, el contrato y cualquier otro documento expedido por la entidad durante el proceso. Los demás documentos se derivan de los estudios: el pliego recoge los criterios y las reglas, y el contrato recoge los riesgos asignados.
Su publicidad está en el artículo 8 de la Ley 1150: junto con el proyecto de pliegos deben publicarse los estudios y documentos previos que sirvieron de base, y la entidad debe publicar las razones por las que acoge o rechaza las observaciones. El parágrafo adicionado por el artículo 6 de la Ley 1882 de 2018 aclara que no es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para publicar el proyecto de pliego.
El régimen cambia según la modalidad. En la mínima cuantía no rige el artículo 2.2.1.1.2.1.1 sino el 2.2.1.2.1.5.1, que exige unos estudios previos con seis contenidos mínimos: la necesidad, el objeto identificado con el clasificador, las condiciones técnicas, el valor estimado y su justificación, el plazo de ejecución y el certificado de disponibilidad presupuestal. En la contratación directa, el artículo 2.2.1.2.1.4.1 exige un acto administrativo de justificación con la causal, el objeto, el presupuesto y condiciones, y el lugar de consulta de los estudios previos; no es necesario para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión ni en los casos de los literales a y b del artículo 2.2.1.2.1.4.3. En la urgencia manifiesta, el artículo 2.2.1.2.1.4.2 dispone que el acto que la declara hace las veces de justificación y que la entidad no está obligada a elaborar estudios y documentos previos; el artículo 42 de la Ley 80 exige que se declare mediante acto administrativo motivado. Por otra parte, el parágrafo 1 del artículo 83 de la Ley 1474 exige que los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, con independencia de la modalidad, se pronuncien sobre la necesidad de contar con interventoría.
El Decreto 997 de 2026 reformó el artículo 2.2.1.1.2.1.1. Su versión conserva los ocho elementos y pasa a diez numerales: añade el análisis de impactos económicos, sociales y ambientales de cada etapa del ciclo de vida del bien, obra o servicio (numeral 5) y el análisis de alternativas que promuevan la sostenibilidad, con una evaluación de la capacidad del mercado para cumplirlas (numeral 6), y amplía los criterios de selección de la oferta para incluir los criterios ambientales y sociales (numeral 7). Un parágrafo exige justificar en los Documentos del Proceso la decisión de no incluir criterios o cláusulas ambientales o sociales con base en el estudio previo. Los artículos 2, 3, 8 y 11 de ese decreto rigen desde el día siguiente a su publicación; los artículos 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 y 13, entre ellos el que reforma los estudios previos, entran a regir de manera progresiva según el artículo 14.
Ese artículo 14 fija cuatro grupos, con plazos que corren desde la publicación en el Diario Oficial, ocurrida el 5 de agosto de 2026. A los seis meses deben cumplir, entre otras, las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y sus descentralizadas, las ramas legislativa y judicial, los órganos de control nacionales, las corporaciones autónomas regionales y los distritos especiales. A los nueve meses, los departamentos de categoría especial y primera y los municipios de categoría especial, primera y segunda, entre otros. A los doce, los departamentos de categoría segunda y tercera y los municipios de categoría tercera y cuarta. A los quince, los departamentos de categoría cuarta, los municipios de categoría quinta y sexta y las demás entidades sujetas al Estatuto cuya naturaleza no esté prevista. Las nuevas reglas se aplican a los procesos cuyo aviso, invitación o documento equivalente se publique con posterioridad a su entrada en vigencia; las entidades pueden adoptarlas antes, pero en su integridad. Los procesos regidos por Documentos Tipo siguen aplicando esos instrumentos y las normas anteriores hasta que Colombia Compra Eficiente los modifique. El primer plazo, de seis meses, no había vencido a la fecha de consulta (13 de noviembre de 2026); el cómputo exacto de cada fecha, y si algún acto posterior alteró el esquema, queda PENDIENTE DE VERIFICACIÓN.
Las consecuencias de unos estudios inexistentes o deficientes se encadenan. El numeral 3 del artículo 26 de la Ley 80 hace responsables a las entidades y servidores que abran procesos sin los estudios necesarios o con pliegos incompletos, ambiguos o confusos que conduzcan a decisiones subjetivas. El numeral 2 del artículo 54 de la Ley 1952 de 2019 tipifica como falta gravísima intervenir en un contrato estatal con omisión de los estudios técnicos, financieros y jurídicos previos requeridos. El efecto de la omisión sobre la validez del contrato depende de la jurisprudencia del Consejo de Estado, que no se leyó: PENDIENTE DE VERIFICACIÓN.
Ejemplo colombiano 1: el modelo financiero de una concesión
En mayo de 2026, una gobernación publica los estudios previos de la concesión de un terminal de transporte e incluye, para «mayor transparencia», el modelo financiero completo. Primero, el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 dispone que, si el contrato es de concesión, la entidad no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración. Segundo, el valor estimado y su justificación sí deben constar y publicarse, pero sin ese modelo. Tercero, la entidad debe retirar el documento y publicar una versión que cumpla la regla, sin que eso altere el deber de publicar los demás estudios con el proyecto de pliegos.
Ejemplo colombiano 2: compra de útiles en la mínima cuantía
Una alcaldía compra resmas y tóner por un valor inferior a su mínima cuantía y su jefe jurídico elabora el documento de ocho elementos del artículo 2.2.1.1.2.1.1. Primero, ese artículo no es aplicable a la mínima cuantía. Segundo, rige el artículo 2.2.1.2.1.5.1, que exige la necesidad, el objeto identificado con el clasificador, las condiciones técnicas, el valor y su justificación, el plazo y el certificado de disponibilidad presupuestal. Tercero, lo exigible son esos seis contenidos mínimos; un documento más extenso no es ilegal, pero introduce análisis que la norma no pide.
Ejemplo colombiano 3: el aviso que se publica antes de que rija el nuevo texto
Un municipio de sexta categoría publica el aviso de convocatoria de un suministro en noviembre de 2026. Primero, el artículo 14 del Decreto 997 ubica a los municipios de categoría quinta y sexta en el grupo de los quince meses, de modo que a esa fecha las reformas a los estudios previos aún no le eran exigibles. Segundo, el parágrafo 1 del mismo artículo permite adoptarlas anticipadamente, pero en su integridad. Tercero, sin adopción anticipada rige el texto anterior de ocho elementos; con ella, deben aplicarse todas las nuevas reglas.