El Decreto 1082 de 2015 define el Plan Anual de Adquisiciones, en el artículo 2.2.1.1.1.3.1, como el plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la ley anual de presupuesto, y lo califica de instrumento de planeación contractual que las entidades estatales deben diligenciar, publicar y actualizar. Es, por tanto, un instrumento de información y programación, no la planeación misma: la planeación es el deber de preparar cada proceso con necesidad, estudios, riesgos y recursos, mientras que el plan es la lista anual que anuncia al mercado y a los órganos de control qué piensa adquirir la entidad.
El contenido mínimo está en el artículo 2.2.1.1.1.4.1, en la redacción del Decreto 142 de 2023. El plan debe contener la lista de bienes, obras y servicios que la entidad pretende adquirir durante el año. Debe señalar como mínimo la necesidad y, cuando la entidad conoce el bien, obra o servicio que la satisface, identificarlo con el Clasificador de Bienes y Servicios, que el mismo decreto define como el sistema de codificación de las Naciones Unidas conocido por las siglas UNSPSC. Debe indicar además el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales se pagará, la modalidad de selección del contratista y la fecha aproximada de inicio del proceso. El artículo agrega que las entidades deben planear su contratación de manera que se promueva la división de los procesos en lotes o segmentos que faciliten la participación de las Mipymes. La distinción entre necesidad y objeto del subtema anterior reaparece aquí: el plan puede anunciar una necesidad aún sin solución identificada, y el clasificador se exige solo cuando la solución es conocida.
La división en lotes tiene su propia regla en el artículo 2.2.1.2.4.2.19, que adicionó también el Decreto 142 de 2023. Las entidades promoverán la división atendiendo al tipo de entregable, al valor del contrato y al ámbito geográfico de la entrega, y para ello deben tener en cuenta el análisis del sector económico y de los oferentes. Pueden limitar en el pliego el número de lotes que se adjudican a un mismo proponente, con criterios objetivos y no discriminatorios, y pueden decidir no dividir cuando, entre otras razones, la segmentación restrinja la competencia o haga técnicamente o económicamente imposible la ejecución. Así, la lógica del plan conecta con el estudio del sector: no se divide por capricho ni se concentra por comodidad.
Tres artículos regulan la vida del plan. El 2.2.1.1.1.4.2 dispone que el plan no obliga a las entidades a efectuar los procesos de adquisición que enumera. El 2.2.1.1.1.4.3 ordena publicarlo, junto con sus actualizaciones, en la página web de la entidad y en el SECOP, en la forma que disponga Colombia Compra Eficiente. El 2.2.1.1.1.4.4 ordena actualizarlo por lo menos una vez durante su vigencia y, además, cuando haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección u origen de los recursos, cuando se quiera incluir nuevas obras, bienes o servicios, cuando se deban excluir, o cuando se modifique el presupuesto anual de adquisiciones. De esas reglas se deducen dos consecuencias de interpretación, que son lectura doctrinal y no texto expreso: la inclusión en el plan no genera un derecho de ningún proveedor a que se abra el proceso, y la ausencia de un bien en el plan no se resuelve contratando sin más, sino actualizando el plan para incluirlo, como prevé el numeral segundo de las causales de actualización.
El plan tiene respaldo legal adicional. El artículo 74 de la Ley 1474 obliga a las entidades del Estado a publicar en su página web, a más tardar el 31 de enero de cada año, el Plan de Acción del año siguiente, que debe especificar, entre otros contenidos, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de los proyectos de inversión; su parágrafo exime a las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta de publicar lo relativo a sus proyectos de inversión. A su vez, el literal e del artículo 9 de la Ley 1712 de 2014 incluye el plan de compras anual, junto con las contrataciones adjudicadas, entre la información mínima obligatoria que todo sujeto obligado debe publicar de manera proactiva. El plan es, entonces, también un instrumento de transparencia activa.
El Decreto 997 de 2026, publicado en el Diario Oficial del 5 de agosto de 2026, adiciona al decreto único el artículo 2.2.1.1.1.4.5, titulado planeación estratégica. Según su texto, las entidades deberán elaborar el plan realizando una planeación estratégica del mismo, de modo que las alternativas de adquisición contribuyan a las metas y objetivos de las normas, políticas, programas y planes, y a los lineamientos en materia de sostenibilidad social, ambiental y económica. También deberán adoptar, en ejercicio de su autonomía, Programas Institucionales de Compra Pública Sostenible, que prioricen los procesos en los que incorporarán criterios de sostenibilidad considerando los impactos de las distintas etapas del ciclo de vida de lo que contratan. El parágrafo anuncia una Política Nacional de Compras Públicas Sostenibles y aclara que la adopción de esos programas no está condicionada a que la política se expida. Este artículo entra a regir de manera progresiva, según el esquema del artículo 14 del mismo decreto, que se describe en el subtema de estudios y documentos previos; a la fecha de consulta de este capítulo, el cómputo exacto de cada plazo queda PENDIENTE DE VERIFICACIÓN.
Una advertencia sobre el origen de los formatos: la versión original del artículo 2.2.1.1.1.4.1 encargaba a Colombia Compra Eficiente establecer los lineamientos y el formato del plan, y las notas del Normograma informan que el artículo 158 del Decreto 1510 de 2013, que contenía esa atribución, fue declarado nulo por el Consejo de Estado, Sección Tercera, en el expediente 11001-03-26-000-2014-00029-00 (50199), en 2020, por entender que el Presidente no podía trasladar a esa agencia la reglamentación que le corresponde. La redacción de 2023 ya no contiene esa frase, pero los artículos 2.2.1.1.1.4.3 y 2.2.1.1.1.4.4 siguen remitiendo a «la forma» que disponga Colombia Compra Eficiente. La sentencia no se leyó completa, solo el extracto de la nota, y cómo se articulan hoy esas remisiones queda PENDIENTE DE VERIFICACIÓN.
Ejemplo colombiano 1: un plan que anuncia la necesidad pero no la solución
En enero de 2026, la secretaría de salud de una gobernación publica su plan con la línea «mejorar la capacidad de traslado de pacientes críticos», sin indicar bien ni código. Primero, el artículo 2.2.1.1.1.4.1 exige señalar como mínimo la necesidad, y el clasificador solo cuando la entidad conoce el bien, de modo que la línea es admisible. Segundo, la línea debe incluir valor estimado, tipo de recursos, modalidad y fecha aproximada de inicio. Tercero, cuando la entidad defina si adquirirá ambulancias, un servicio de traslado o un convenio, deberá actualizar el plan conforme al artículo 2.2.1.1.1.4.4 para identificar el bien con el clasificador.
Ejemplo colombiano 2: un servicio urgente que el plan no incluía
En septiembre de 2026, un instituto departamental descubre que necesita contratar el mantenimiento de un sistema de bombeo que no figuraba en su plan de ese año. Primero, el artículo 2.2.1.1.1.4.2 no prohíbe contratar lo no incluido, pero tampoco lo exime de planear. Segundo, el artículo 2.2.1.1.1.4.4 ordena actualizar el plan cuando se quiera incluir nuevos servicios. Tercero, la entidad publica la actualización en su página y en el SECOP antes de abrir el proceso, de modo que el mercado y los órganos de control conozcan el cambio. Omitir la actualización no crea por sí solo una nulidad en las normas leídas, pero debilita la trazabilidad de la decisión.
Ejemplo colombiano 3: la pavimentación dividida por zonas
Un municipio planea pavimentar 40 kilómetros de vías urbanas. La oficina de contratación propone un solo contrato para evitar costos de gestión. Primero, el artículo 2.2.1.1.1.4.1 pide planear de modo que se promueva la división en lotes que facilite la participación de las Mipymes. Segundo, el artículo 2.2.1.2.4.2.19 enumera como criterios el tipo de entregable, el valor y el ámbito geográfico, y exige apoyarse en el análisis del sector. Tercero, si ese análisis muestra que hay contratistas locales capaces de ejecutar tramos y que la segmentación no hace inviable la obra, lo coherente es dividir por zonas y limitar en el pliego los lotes por proponente; si, en cambio, la división hace imposible la ejecución técnica, puede decidirse no dividir con esa motivación expresa.