El artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 formula el principio en su primera frase: cuando el interés general propio de la función pública entra en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este debe declararse impedido. Después enumera dieciséis causales por las cuales, si el servidor no manifiesta su impedimento, podrá ser recusado. El criterio de aplicación es funcional y no jerárquico: alcanza a todo servidor que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas. Se trata de garantizar la imparcialidad, que el artículo 3 del CPACA y el artículo 209 de la Constitución incluyen entre los principios de la función administrativa.
Hay dos instituciones y no una. El impedimento es la declaración del propio servidor, que está obligado a hacerla («deberá declararse impedido»). La recusación es la solicitud de un tercero para que el servidor sea apartado cuando este no se declaró impedido. El artículo 12 precisa que cualquier persona puede presentar la recusación, y no solo el interesado en la actuación. La diferencia importa porque el impedimento exige honestidad y reconocimiento por parte del funcionario, mientras que la recusación obliga a la parte afectada a identificar una causal concreta. El primer inciso del artículo 11 habla del interés «particular y directo»: un interés meramente general, o la simple condición de contribuyente, no encaja. Esa lectura es una interpretación del texto.
Las dieciséis causales pueden ordenarse por la clase de vínculo. El numeral 1 reúne el interés particular y directo en la decisión, propio o de cónyuge, compañero permanente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o socios. Los numerales 2 y 11 aluden a la actuación previa: haber conocido el asunto antes o haber dado consejo o concepto por fuera de la actuación, o haber intervenido como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo; el numeral 11 aclara que no son concepto las explicaciones sobre el contenido de una decisión ya tomada por la administración. Los numerales 3 y 4 recogen relaciones de representación, y los numerales 9, 10, 12 y 13 las patrimoniales y de decisión pendiente. Los numerales 5, 6 y 7 se ocupan de litigios y denuncias penales. El numeral 8 menciona la enemistad grave por hechos ajenos a la actuación o la amistad entrañable con alguno de los interesados. Los numerales 14, 15 y 16 abordan vínculos electorales, de recomendación para llegar al cargo y gremiales o societarios dentro del año anterior.
El grado de parentesco no es uniforme. El numeral 1 llega hasta el cuarto grado de consanguinidad, el segundo de afinidad y el primero civil; los numerales 6 y 7 se limitan al segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil; el 9 combina el segundo grado de consanguinidad con el primero de afinidad o civil, y el 13 se restringe al segundo de consanguinidad o primero civil. Aplicar el mismo parentesco a todas las causales es un error frecuente. La lista tiene además matices: el numeral 14 se refiere a haber integrado listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas o integradas también por el interesado, en el período coincidente con la actuación o en alguno de los dos anteriores.
El trámite lo regula el artículo 12. En caso de impedimento, el servidor envía dentro de los tres días siguientes a su conocimiento la actuación, con escrito motivado, a su superior; si no lo tiene, a la cabeza del respectivo sector administrativo; y a falta de ambos, al Procurador General de la Nación cuando se trate de autoridades nacionales o del Alcalde Mayor del Distrito Capital, o al procurador regional cuando se trate de autoridades territoriales. La autoridad competente decide de plano en los diez días siguientes a su recibo. Si acepta, determina a quién corresponde el asunto, designando si es preciso un funcionario ad hoc, y en el mismo acto ordena entregar el expediente. Cuando alguien presenta una recusación, el recusado manifiesta dentro de los cinco días siguientes si acepta o no la causal; vencido ese término se sigue el trámite del impedimento.
Mientras tanto la actuación se suspende, desde la manifestación del impedimento o la presentación de la recusación, hasta que se decida. El artículo agrega que el cómputo de los términos para que proceda el silencio administrativo se reiniciará una vez vencidos los plazos a los que se refiere el inciso 1. La remisión a ese inciso, que contiene el plazo de tres días, deja dudas sobre cómo se reanuda el cómputo, y la doctrina o la jurisprudencia que podría precisarlo no se leyó: queda PENDIENTE DE VERIFICACIÓN. Tampoco el artículo declara la consecuencia de una decisión adoptada pese a una causal. Podría discutirse como irregularidad en la expedición del acto entre las causales de nulidad del artículo 137, pero esa conclusión es interpretativa y no está verificada en sentencias, por lo que queda PENDIENTE DE VERIFICACIÓN.
Conviene distinguir este régimen de otros que se le parecen. El conflicto de competencia del artículo 39 enfrenta a dos autoridades sobre quién debe conocer del asunto, mientras que el impedimento se refiere a la persona que decide dentro de una autoridad competente. Para magistrados y jueces de lo contencioso administrativo, los artículos 130 a 132 prevén causales y trámites propios; el artículo 130 remite además al artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, cuya equivalencia actual no se leyó y queda PENDIENTE DE VERIFICACIÓN. El artículo 11 habla de «servidor público»; si sus reglas alcanzan a los particulares con funciones administrativas, a quienes el artículo 2 llama autoridades, es una cuestión que el artículo 123 de la Constitución remite, para los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas, al régimen que determine la ley, y este tema no la resolvió. Tampoco se examinó el régimen disciplinario del conflicto de intereses, ni si las causales del artículo 11 son taxativas o si la cláusula general de su primer inciso permite declararse impedido por motivos distintos.
Ejemplo colombiano 1: el sobrino del investigado
El director seccional de una superintendencia debe decidir una investigación sancionatoria contra su sobrino, hijo de su hermano. El parentesco es de tercer grado colateral por consanguinidad, comprendido en el cuarto grado del numeral 1 del artículo 11, que alcanza el interés particular y directo de esos parientes en la decisión. Debe declararse impedido y, dentro de los tres días siguientes a conocer la causal, enviar la actuación con escrito motivado a su superior. Este decide de plano en diez días y, si acepta, designa a quien continúe, eventualmente ad hoc, y ordena entregar el expediente. Entre tanto, la actuación se suspende.
Ejemplo colombiano 2: el concepto previo por fuera de la actuación
La jefa jurídica de un instituto distrital emitió, meses antes y a petición de una empresa, un concepto privado sobre la legalidad de la conducta que hoy se investiga en la entidad. Un tercero presenta la recusación el 8 de abril de 2026. El numeral 11 del artículo 11 permite recusar a quien dio consejo o concepto por fuera de la actuación sobre las cuestiones materia de ella. La jefa tiene cinco días para manifestar si acepta la causal; vencido el término, o si la rechaza, el superior decide de plano en los diez días siguientes a su recibo. Entre la recusación y la decisión la actuación queda suspendida. El caso no decide cuál será el sentido de la resolución final.
Ejemplo colombiano 3: la recusación por haber negado antes
Un solicitante a quien una secretaría de planeación negó dos peticiones anteriores recusa al jefe de la oficina de licencias en la tercera, porque este «ya está en su contra». No alega vínculo familiar, patrimonial ni litigio. El desacuerdo con decisiones anteriores no está entre las dieciséis causales del artículo 11; el numeral 8 exige enemistad grave por hechos ajenos a la actuación, no la simple discrepancia con lo decidido. La recusación, formulada por cualquier persona según el artículo 12, igual debe tramitarse: el recusado manifiesta en cinco días si acepta la causal y el superior decide de plano. Lo previsible es que sea rechazada por falta de una causal, aunque esa decisión no puede anticiparse sin conocer las pruebas.