El artículo 6 de la Ley 1437 de 2011 se abre con una frase de reciprocidad: «Correlativamente con los derechos que les asisten, las personas tienen, en las actuaciones ante las autoridades, los siguientes deberes». Son cuatro: acatar la Constitución y las leyes, obrar conforme a la buena fe, ejercer con responsabilidad los derechos y observar un trato respetuoso con los servidores públicos. Su base está en el artículo 95 de la Constitución, según el cual el ejercicio de los derechos y libertades implica responsabilidades y toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes, y entre los deberes ciudadanos figura respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. No es un catálogo de cargas para el ciudadano sino el reverso de los derechos del artículo 5. Quien presenta una petición ejerce un derecho y asume, a la vez, el compromiso de hacerlo sin abuso.
El primer deber, acatar la Constitución y las leyes, parece obvio, pero cumple una función normativa: ancla la responsabilidad del particular. El artículo 6 constitucional dispone que los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, mientras que los servidores públicos lo son por la misma causa y además por omisión o extralimitación en sus funciones. Esa diferencia ayuda a leer el artículo 6 del CPACA: sus deberes concretan, para la actuación administrativa, lo que ya exigen la Constitución y las leyes.
El segundo deber es el más denso. Obliga a obrar conforme a la buena fe, «absteniéndose de emplear maniobras dilatorias en las actuaciones, y de efectuar o aportar, a sabiendas, declaraciones o documentos falsos o hacer afirmaciones temerarias, entre otras conductas». La enumeración es abierta. El artículo 83 de la Constitución presume la buena fe en todas las gestiones de los particulares ante las autoridades, y el numeral 4 del artículo 3 del CPACA hace recíproca esa presunción: las autoridades y los particulares presumen el comportamiento leal y fiel de unos y otros. La presunción puede desvirtuarse con hechos, pero no se invierte: la entidad no puede exigir que el ciudadano pruebe que obra de buena fe. En la lectura que aquí se propone, la expresión «a sabiendas» exige conocimiento de la falsedad respecto de declaraciones y documentos, mientras que las afirmaciones temerarias se reprochan por la ligereza con que se formulan.
La relación entre confianza y veracidad se ve con claridad en el Decreto Ley 19 de 2012. Su artículo 7 prohíbe exigir declaraciones extrajuicio como requisito de una actuación administrativa y dispone que basta la afirmación del particular ante la autoridad, «la cual se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento»; su artículo 5 impide exigir más documentos y copias de los estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal salvo orden expresa de la ley o poderes especiales. La administración reduce los controles formales precisamente porque confía en el dicho del particular, y esa confianza hace más grave su falsedad. El numeral 5 del artículo 3 añade el deber de rectitud, lealtad y honestidad que obliga por igual a todas las personas y a los servidores.
El tercer deber exige ejercer los derechos con responsabilidad y, por ello, abstenerse de «reiterar solicitudes evidentemente improcedentes». Su contrapartida institucional está en el artículo 19, cuyo segundo inciso permite a la autoridad remitirse a las respuestas anteriores frente a peticiones reiterativas ya resueltas. La facultad tiene dos salvedades: los derechos imprescriptibles y las peticiones que se hubieran negado por no acreditar requisitos, siempre que en la nueva petición se subsane. La distinción es práctica. Reiterar la misma solicitud sin hechos ni pruebas nuevos es abuso. Volver a pedir con el requisito que antes faltaba, o ante un derecho que no prescribe, es ejercicio legítimo y la autoridad debe estudiarlo.
El cuarto deber, observar un trato respetuoso con los servidores, tiene eco en el artículo 23 constitucional, que habla de peticiones respetuosas, y en el artículo 19 del CPACA: «Toda petición debe ser respetuosa so pena de rechazo». Aquí hay una tensión que el parágrafo del artículo 6 ayuda a resolver. Este dispone que el incumplimiento de los deberes «no podrá ser invocado por la administración como pretexto para desconocer el derecho reclamado», aunque puede dar lugar a sanciones penales, disciplinarias o de policía según la ley. La lectura que concilia ambas normas, y que es interpretación y no texto, es que el rechazo del artículo 19 recae sobre el escrito irrespetuoso, no sobre el derecho de fondo, que el interesado puede hacer valer de nuevo con un escrito correcto. El CPACA no define qué es irrespetuoso, y la jurisprudencia que podría precisarlo no se leyó, de modo que ese punto queda PENDIENTE DE VERIFICACIÓN.
Conviene distinguir el deber de la carga. El deber del artículo 6 está respaldado por reproche jurídico y eventual sanción. La carga del artículo 17 solo perjudica a quien no la cumple. Si la autoridad constata que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario debe realizar una gestión de trámite a su cargo, lo requiere dentro de los diez días siguientes a la radicación para que la complete en un máximo de un mes. Se entiende que desistió quien no satisface el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo solicite prórroga hasta por un término igual. El desistimiento y el archivo se decretan por acto motivado, notificado personalmente, contra el cual solo procede reposición, y la solicitud puede presentarse de nuevo. Esta consecuencia no es una sanción: es la pérdida del impulso procesal.
La carga está acotada por el deber de la autoridad. El artículo 16 ordena examinar integralmente la petición y prohíbe estimarla incompleta por falta de requisitos que no estén en el marco jurídico vigente, que no sean necesarios para resolverla o que se encuentren en sus archivos, y prohíbe rechazarla por fundamentación inadecuada o incompleta. Los deberes recaen también sobre los terceros que intervienen, porque el artículo 38 les reconoce los mismos derechos, deberes y responsabilidades que a la parte interesada. Qué sanción penal, disciplinaria o de policía corresponde a cada conducta depende de normas que este tema no leyó y queda PENDIENTE DE VERIFICACIÓN.
Ejemplo colombiano 1: la certificación adulterada
Un transportador presenta ante una secretaría departamental de movilidad, en 2026, la certificación de un curso de conducción que sabe falsificada para obtener una autorización. La funcionaria lo advierte al cotejar el documento con el archivo de la institución. El numeral 2 del artículo 6 prohíbe aportar a sabiendas documentos falsos, y la autoridad puede negar la autorización porque el requisito no está acreditado. El parágrafo no la obliga a pasar por alto la falsedad, porque el requisito no está acreditado; lo que impide es invocar la mala conducta como pretexto para desconocer un derecho que pueda reconocerse con otros medios de prueba. Las consecuencias penales o disciplinarias, si las hay, se rigen por otras normas.
Ejemplo colombiano 2: la misma queja por cuarta vez
Un usuario presenta ante una superintendencia de servicios públicos, cuatro veces en 2026, la misma queja sobre una factura. Las tres primeras fueron respondidas de fondo, y en la cuarta no aporta hechos ni pruebas nuevos. El numeral 3 del artículo 6 le exige abstenerse de reiterar solicitudes evidentemente improcedentes, y el inciso 2 del artículo 19 autoriza a la entidad a remitirse a las respuestas anteriores. Distinto sería si una de ellas se hubiera negado por falta de un documento que ahora acompaña: la excepción del mismo inciso obliga a estudiar de nuevo. El análisis exige comparar el contenido de la petición nueva con el de las anteriores.
Ejemplo colombiano 3: el requerimiento que venció
Una abogada pide a la secretaría de educación de un municipio el reconocimiento de un derecho y omite un anexo. La entidad, dentro de los diez días siguientes a la radicación, le pide completarlo en un mes. Ella no responde ni solicita prórroga, y vencido el plazo la autoridad decreta el desistimiento y el archivo por acto motivado, notificado personalmente. Según el artículo 17, el efecto es la pérdida del trámite, no una sanción. Solo procede reposición, y la abogada puede presentar de nuevo la petición completa. Si el anexo reposaba en los archivos de la entidad, el artículo 16 prohibía considerar incompleta la solicitud, y el desistimiento sería indebido.