El artículo 216 de la Constitución dispone que la Fuerza Pública está integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Esa delimitación tiene consecuencias directas sobre el empleo: quienes integran esos cuerpos como miembros uniformados sirven al Estado bajo un estatuto que la propia Constitución ordena construir de manera separada. El problema que resuelve este tema consiste en identificar cuándo un servidor pertenece a ese régimen, qué materias reserva la Constitución a la ley, qué límites de estatus acompañan al servicio activo y por qué trabajar en una dependencia del sector defensa no equivale, por sí solo, a ser miembro de la Fuerza Pública.
La fuente del régimen especial se encuentra en dos mandatos paralelos. El artículo 217 señala que la Nación tendrá Fuerzas Militares permanentes, constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial, según el texto modificado por el Acto Legislativo 2 de 2023, y ordena a la ley determinar el sistema de reemplazos, los ascensos, los derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario que les es propio. El artículo 218 encarga a la ley organizar la Policía, la define como un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, y también reserva a la ley su régimen de carrera, prestacional y disciplinario. La diferencia de naturaleza entre un cuerpo militar y uno civil armado no elimina la especialidad: ambos tienen estatutos propios, pero no idénticos.
El legislador extraordinario desarrolló esos mandatos en estatutos diferenciados. El artículo 2 del Decreto Ley 1790 de 2000 declara que regula el régimen especial de la carrera profesional de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, y el artículo 1 del Decreto Ley 1791 de 2000 regula la carrera profesional de oficiales, nivel ejecutivo, suboficiales y agentes de la Policía Nacional. Ambos estatutos han sido objeto de reformas sucesivas, de modo que requisitos de ascenso, tiempos y causales concretas deben verificarse en su versión vigente antes de aplicarlos a una persona. Lo que sí puede afirmarse con seguridad es el punto de partida: el ingreso, la permanencia y el ascenso de un uniformado no se rigen por la carrera administrativa general, sino por el estatuto de su cuerpo.
Un rasgo distintivo de este régimen es la protección del grado. El artículo 220 constitucional establece que los miembros de la Fuerza Pública no pueden ser privados de sus grados, honores y pensiones sino en los casos y del modo que determine la ley. El artículo 8 del Decreto Ley 1790 reitera esa garantía para oficiales y suboficiales militares y la vincula con la ley penal y disciplinaria militar. Por su parte, el artículo 99 del mismo decreto define el retiro como la situación en la que oficiales y suboficiales, sin perder su grado militar, cesan por disposición de autoridad competente en la obligación de prestar servicios en actividad. Retiro y privación del grado son, por tanto, figuras diferentes: la primera termina el servicio activo; la segunda afecta una condición que la Constitución protege con reserva legal y procedimiento.
La remuneración y las prestaciones siguen una lógica de ley marco. El artículo 150.19.e de la Constitución atribuye al Congreso dictar normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso y de la Fuerza Pública. La Ley 4 de 1992, artículo 1, literal d, incluye a los miembros de la Fuerza Pública entre los servidores cuyo régimen fija el Gobierno con sujeción a esa ley, y su artículo 10 priva de efecto y de aptitud para crear derechos adquiridos a todo régimen expedido en contravención de ella. La consecuencia práctica es que ni una orden interna ni un acuerdo individual pueden crear una prestación que la ley marco y sus decretos no autorizan.
En materia pensional, la Ley 923 de 2004 fija los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el Gobierno para regular la asignación de retiro, la pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes y sus reajustes. Su artículo 2 incluye el respeto de los derechos adquiridos, la sujeción al marco fiscal y la consideración de los riesgos inherentes a la actividad, y prohíbe desconocer la asignación de retiro a quien adquirió el derecho por llamamiento a calificar servicios, por solicitud propia o por retiro por cualquier causal. El artículo 5 repite la sanción de ineficacia para el régimen contrario. A nivel constitucional, el artículo 48, adicionado por el Acto Legislativo 1 de 2005, suprimió los regímenes pensionales especiales sin perjuicio del aplicable a la Fuerza Pública, y el parágrafo 4, adicionado por el Acto Legislativo 1 de 2024, reconoce la mesada catorce a quienes gozan de asignación de retiro o pensión y a sus beneficiarios.
El servicio activo también impone límites de estatus que no existen para otros servidores. El artículo 219 dispone que la Fuerza Pública no es deliberante, que no puede reunirse sino por orden de autoridad legítima y que no puede dirigir peticiones sino sobre asuntos relacionados con el servicio y la moralidad del cuerpo, con arreglo a la ley; además, sus miembros en servicio activo no pueden ejercer el sufragio ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos. El artículo 39 excluye a los miembros de la Fuerza Pública del derecho de asociación sindical, y el artículo 414 del Código Sustantivo del Trabajo exceptúa en el mismo sentido a los miembros del Ejército y de los cuerpos de policía. Estos límites se predican de la condición de miembro activo; no convierten en excluido de toda participación a quien ya pasó al retiro, ni autorizan restricciones adicionales que la Constitución no contempla.
El régimen disciplinario propio y la justicia penal militar cumplen funciones distintas. Los artículos 217 y 218 reservan a la ley un régimen disciplinario especial para cada cuerpo. El artículo 221 asigna a las cortes marciales o tribunales militares el conocimiento de las conductas punibles cometidas por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, y declara a esa justicia independiente del mando. Para el derecho del empleo, la distinción importa porque una decisión de retiro, una sanción disciplinaria y una condena penal tienen fuentes, autoridades y efectos diferentes; ninguna se deduce automáticamente de la otra. El artículo 222, a su vez, ordena a la ley determinar los sistemas de promoción profesional, cultural y social, y exige enseñar en la formación los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos.
Finalmente, no todo servidor del sector defensa es miembro de la Fuerza Pública. El texto original del artículo 3 de la Ley 909 de 2004 incluía en el sistema general a los empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares y de la Policía, pero esos incisos fueron derogados por el artículo 14 de la Ley 1033 de 2006. El artículo 1 de esta última estableció un régimen de carrera especial para los empleados públicos civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Así, en una misma unidad pueden coincidir un suboficial sometido al estatuto militar y un técnico civil sometido a una carrera especial distinta; la ubicación física del puesto no decide cuál de los dos regímenes se aplica.
Ejemplo colombiano 1: retiro sin pérdida del grado
Un capitán del Ejército pasa al retiro por una causal prevista en su estatuto, sin que exista condena penal ni sanción disciplinaria que haya ordenado la privación del grado. Meses después solicita a una dependencia del sector que expida una certificación con su grado militar para un trámite académico. La dependencia responde que, al haber terminado el servicio activo, ya no puede ser identificado con ese grado y que solo procede certificar el tiempo servido.
El artículo 99 del Decreto Ley 1790 define el retiro como la cesación del deber de prestar servicios en actividad sin perder el grado militar, y el artículo 220 de la Constitución solo permite privar del grado en los casos y del modo que determine la ley. Con los hechos acreditados, la respuesta confunde retiro con privación: la certificación debe reflejar el grado conservado. La conclusión no resuelve si al capitán le corresponde asignación de retiro ni su cuantía, materias que dependen de requisitos distintos, y no impide que una decisión posterior, adoptada con arreglo a la ley penal o disciplinaria militar, produzca otro efecto.
Ejemplo colombiano 2: petición sobre el servicio y propuesta partidista
Dos patrulleros de la Policía Nacional en servicio activo radican un escrito conjunto ante su comandante. En la primera parte piden revisar el estado de los elementos de protección entregados a su estación y su reposición oportuna. En la segunda, solicitan autorización para promover entre sus compañeros el respaldo a la propuesta de un partido político sobre seguridad ciudadana. Ningún hecho indica que el escrito haya sido producto de una reunión no autorizada.
El artículo 219 permite a los miembros de la Fuerza Pública dirigir peticiones sobre asuntos relacionados con el servicio y la moralidad del cuerpo, con arreglo a la ley, y prohíbe a quienes están en servicio activo intervenir en actividades o debates de partidos. La primera solicitud versa sobre el servicio y debe tramitarse; la segunda pide una autorización que la Constitución no permite otorgar. La respuesta correcta separa ambas partes en lugar de rechazar todo el escrito. El ejemplo no decide si la segunda parte configura una falta disciplinaria, cuestión que exige examinar el régimen disciplinario policial y las circunstancias de la conducta.
Ejemplo colombiano 3: técnico civil en una unidad militar
Una técnica en mantenimiento de equipos médicos trabaja como empleada pública civil no uniformada en una entidad adscrita al Ministerio de Defensa que presta servicios en instalaciones militares. Al conocer que un suboficial de la misma área fue ascendido conforme al estatuto militar, pide que se le aplique el mismo régimen de ascenso, porque comparten funciones de apoyo y ubicación. La entidad responde que su vinculación se rige por la carrera especial del personal civil del sector.
La Ley 1033 de 2006 creó una carrera especial para los empleados públicos civiles no uniformados del sector defensa, mientras el Decreto Ley 1790 regula la carrera de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares. Compartir lugar o tareas no transforma a la técnica en miembro de la Fuerza Pública ni le atribuye el estatuto de ascensos militares. Su pretensión debe examinarse dentro del régimen especial civil que le corresponde. La conclusión no afirma que ese régimen sea menos protector ni resuelve sus requisitos concretos de ascenso; solo identifica la fuente aplicable antes de estudiar cualquier derecho.