El régimen docente regula la relación del Estado con quienes ejercen la función docente en los establecimientos educativos estatales de preescolar, básica y media. El Decreto Ley 1278 de 2002, llamado Estatuto de Profesionalización Docente, define en su artículo 4 la función docente como la realización directa de procesos sistemáticos de enseñanza y aprendizaje, con su diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación, y añade actividades curriculares no lectivas, orientación, atención a la comunidad y labores de dirección relacionadas con el proceso educativo. Sus artículos 5 y 6 distinguen a los docentes, que trabajan directamente con los alumnos, de los directivos docentes, que son el director rural, el rector y el coordinador.
La delimitación subjetiva evita extender el estatuto a quien no le corresponde. El artículo 67 del mismo decreto remite el personal administrativo de los establecimientos estatales a las normas de la carrera administrativa, y el artículo 68 somete a los educadores de establecimientos privados al Código Sustantivo del Trabajo y a sus reglamentos internos. Que una persona trabaje en un colegio o enseñe en una institución privada no la convierte en servidora del régimen docente estatal. A la vez, la Sentencia C-175 de 2006 calificó la carrera docente como especial de origen legal, de modo que no queda comprendida en la excepción del artículo 130 de la Constitución, y admitió la aplicación supletoria de la ley general ante vacíos.
El rasgo más característico del régimen es la coexistencia de dos estatutos. El artículo 2 del Decreto Ley 1278 se aplica a quienes se vinculen a partir de su vigencia y a quienes se asimilen conforme a sus reglas. El Decreto Ley 2277 de 1979 sigue siendo la referencia para los educadores vinculados con anterioridad que no se asimilaron, como lo confirma el reglamento vigente al mencionar a los educadores que continúan bajo ese régimen. El estatuto de 1979 organizó un Escalafón Nacional Docente de catorce grados, según su artículo 9, al que se ingresa y en el que se asciende por títulos, tiempo de servicio, capacitación y otros méritos reconocidos en sus artículos 10 a 12.
La lógica de cada estatuto es diferente. En el de 1979, la inscripción en el escalafón habilita para ejercer los cargos de la carrera, y el artículo 28 prohíbe reemplazar, suspender o excluir del escalafón al educador sino por ineficiencia profesional o mala conducta comprobada, con las excepciones que el propio decreto señala. Varios de sus artículos sobre juntas y oficinas de escalafón aparecen derogados en la compilación consultada, y la vigencia actual de otras reglas, como la edad de permanencia de su artículo 31, no se examinó aquí y queda PENDIENTE DE VERIFICACIÓN. El estatuto de 2002, en cambio, vincula permanencia, ascenso y reubicación salarial con evaluaciones periódicas de desempeño y de competencias.
La asimilación conecta ambos regímenes, pero no opera automáticamente. Según el artículo 65 del Decreto Ley 1278, los educadores con título profesional inscritos en el escalafón de 1979 y vinculados en propiedad pueden asimilarse si se someten a la misma evaluación de desempeño y de competencias aplicada para superar el período de prueba. Si la aprueban, se inscriben en el grado que corresponda a su formación y en el primer nivel salarial. El artículo 66 exige renunciar al cargo anterior y ser nombrado de nuevo, y supedita las asimilaciones a la disponibilidad presupuestal de las entidades territoriales. Mientras no se asimile, el educador conserva su régimen y no puede tomar solo las ventajas del estatuto posterior.
El ingreso a la carrera docente de 2002 tiene tres momentos. El artículo 18 reconoce los derechos de carrera a quienes son seleccionados mediante concurso, superan satisfactoriamente el período de prueba y son inscritos en el escalafón; el inciso segundo del artículo 2 añade que los educadores ingresan primero al servicio y solo después, si aprueban la prueba, se inscriben. El artículo 8 define el concurso como evaluación de aptitudes, experiencia, competencias básicas, relaciones interpersonales y condiciones de personalidad, con el fin de conformar un listado de elegibles. El concurso no otorga, por sí solo, la carrera: abre la puerta al nombramiento en prueba.
La autoridad que realiza el concurso exige leer la ley con su reglamentación actual. Los artículos 9 y 17 del Decreto Ley 1278 aluden a la convocatoria por la entidad territorial certificada y a su administración de la carrera, con segunda instancia de reclamaciones ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. El Decreto 1075 de 2015, en el capítulo de sus artículos 2.4.1.1.1 y siguientes, modificado por el Decreto 915 de 2016, atribuye a la Comisión la adopción de la convocatoria, la conformación de las listas y la audiencia de escogencia de vacantes; a la entidad territorial certificada le corresponden el reporte certificado de vacantes, la financiación complementaria y el nombramiento. Cómo ha resuelto la jurisprudencia posterior esa articulación queda PENDIENTE DE VERIFICACIÓN.
Las listas de elegibles tienen efectos precisos. El artículo 11 del Decreto Ley 1278 ordena proveer la vacante con quien ocupe el primer lugar; solo si este no acepta puede nombrarse a los siguientes, y quien rehúse queda excluido. Las listas valen dos años. El reglamento las hace territoriales: sirven para la entidad certificada para la que se realizó el concurso, para los cargos convocados y para las vacantes definitivas surgidas durante su vigencia, sin perjuicio del banco nacional departamentalizado que la Comisión puede organizar. El artículo 15 prohíbe proveer por provisionalidad o encargo un cargo vacante definitivamente cuando exista lista vigente para el nivel o área, y ordena convocar nuevo concurso dentro de los cuatro meses siguientes a su agotamiento.
El período de prueba es una etapa de verificación en el cargo. El artículo 12 lo extiende hasta culminar el año escolar del nombramiento, siempre que el educador haya desempeñado el cargo por lo menos cuatro meses; de lo contrario, la evaluación espera al año académico siguiente según el artículo 31. Quien obtenga sesenta por ciento o más en desempeño y competencias se inscribe en el grado que corresponda a sus títulos. El docente que obtenga menos es retirado; el directivo que ya estaba inscrito en el escalafón regresa a la docencia cuando exista vacante, y si no lo estaba también es retirado. El reglamento garantiza a quien ya tenía derechos de carrera y concursa de nuevo la vacancia temporal de su cargo de origen y el regreso a él si no supera la nueva prueba.
El escalafón docente del estatuto de 2002 tiene una estructura distinta del anterior. Según los artículos 19 a 21, tiene tres grados definidos por formación académica, normalista superior, licenciado o profesional con formación pedagógica, y maestría o doctorado, y cada grado comprende cuatro niveles salariales, A, B, C y D. Quien supera la prueba se ubica en el nivel A del grado que corresponda. La reubicación de nivel o el ascenso de grado procede después de tres años de servicio y requiere obtener más del ochenta por ciento en una evaluación de competencias, voluntaria, convocada por la entidad territorial; los ascensos se conceden en estricto orden de puntaje y hasta el monto de la disponibilidad presupuestal, según los artículos 23, 35 y 36.
La evaluación anual de desempeño, regulada en el artículo 32, pondera el cumplimiento de funciones y resultados de quienes hayan servido más de tres meses en el año, y la realiza el rector o director, o el superior jerárquico tratándose de estos. El artículo 36 dispone que el docente con calificación inferior al sesenta por ciento durante dos años consecutivos es excluido del escalafón y retirado; el directivo proveniente de la docencia estatal regresa a ella, y el que no provenía de allí es retirado. Contra las evaluaciones proceden reposición y apelación. La compilación consultada marca como inexequible la expresión del artículo 24 que negaba recursos contra el retiro por evaluación, y esa expresión no se enseña como vigente.
El retiro tiene un catálogo en el artículo 63, que incluye entre otras causales la renuncia aceptada, la exclusión por calificación no satisfactoria, la supresión del cargo con indemnización, la destitución disciplinaria y la no superación del período de prueba; el artículo 64 asocia al retiro la exclusión del escalafón y la pérdida de los derechos de carrera. El artículo 25 regula el reingreso: quien fue destituido debe esperar el término de su inhabilidad o, en su defecto, tres años, y someterse a nuevo concurso y prueba. Por último, el reglamento advierte que la selección de etnoeducadores en territorios indígenas o afrocolombianos se rige por normas especiales que no se estudian en este tema.
Ejemplo colombiano 1: lista vigente y nombramiento provisional
En una entidad territorial certificada se produce una vacante definitiva de docente de matemáticas en secundaria. Existe una lista de elegibles en firme y vigente para ese cargo y área, producto del concurso realizado para esa misma entidad, con aspirantes que no han sido nombrados. La secretaría de educación, para evitar el trámite, nombra en provisionalidad a un licenciado que no concursó, alegando urgencia por el inicio del calendario académico.
El artículo 15 del Decreto Ley 1278 prohíbe proveer por nombramiento provisional un cargo docente vacante definitivamente cuando existe lista de elegibles vigente para el nivel o área, y el artículo 11 ordena nombrar a quien ocupe el primer lugar. La urgencia no crea una excepción que la norma no prevé. Corresponde proveer el cargo con la lista, sin perjuicio de las responsabilidades que la misma disposición menciona. El análisis no resuelve situaciones de otra entidad territorial, porque el reglamento limita la validez de cada lista a la entidad para la que se realizó el concurso.
Ejemplo colombiano 2: educador de 1979 que pide reubicación sin asimilarse
Un licenciado vinculado en propiedad en 1998 e inscrito en el escalafón del Decreto Ley 2277 de 1979 presenta la evaluación de competencias convocada para los educadores del estatuto de 2002 y obtiene un puntaje superior al ochenta por ciento. Solicita que se le reubique en el nivel salarial siguiente de la escala del Decreto Ley 1278, sin renunciar ni ser nombrado nuevamente. No consta que haya adelantado el procedimiento de asimilación.
La reubicación del artículo 36 pertenece al escalafón del estatuto de 2002, cuyo ámbito comprende a los vinculados desde su vigencia y a los asimilados. Los artículos 65 y 66 condicionan la asimilación a la evaluación aplicada en el período de prueba, a la renuncia al cargo anterior, al nuevo nombramiento y a la disponibilidad presupuestal, y ubican al asimilado en el primer nivel salarial. Sin ese trámite, la petición carece de fundamento. La conclusión no niega sus derechos de ascenso según el estatuto de 1979 ni valora si le conviene asimilarse.
Ejemplo colombiano 3: dos rectores en período de prueba
Dos personas ganan el concurso para rector en la misma entidad territorial. La primera era docente estatal inscrita en el escalafón del Decreto Ley 1278; la segunda provenía de un colegio privado y no tenía vínculo estatal. Ambas sirven el año escolar completo y, al evaluarse su período de prueba, obtienen un cincuenta y cinco por ciento en desempeño. La secretaría propone retirar a ambas del servicio con la misma resolución.
El artículo 31 distingue: el directivo que no alcanza el sesenta por ciento y estaba inscrito en el escalafón regresa a la docencia una vez exista vacante, mientras el que no estaba inscrito es retirado. La primera conserva su condición docente y debe ser regresada a ese ejercicio; la segunda no tiene un cargo docente al cual volver. El mismo puntaje produce efectos distintos según la trayectoria acreditada. El caso no examina posibles errores en la evaluación, que podrían discutirse con los recursos procedentes.