La carrera judicial es una carrera especial de origen constitucional. El numeral 1 del artículo 256 de la Constitución atribuye al Consejo Superior de la Judicatura administrarla, y el numeral 2 le encarga elaborar listas de candidatos para la designación de funcionarios judiciales. El Acto Legislativo 2 de 2015, de equilibrio de poderes, intentó derogar ese artículo; la compilación institucional consultada registra que la Corte Constitucional declaró inexequible esa derogatoria, salvo en aspectos puntuales, y conserva el texto con esas atribuciones. El artículo 257, en el texto que la misma compilación presenta como revivido, permite al Consejo crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos de la administración de justicia dentro del monto global de apropiaciones fijado por la ley.
Administrar la carrera no equivale a juzgar disciplinariamente a sus servidores. El artículo 257A, adicionado por ese acto legislativo, atribuye a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial la función jurisdiccional disciplinaria sobre funcionarios y empleados de la Rama Judicial. La separación es relevante para el estudiante: el Consejo Superior de la Judicatura y los consejos seccionales organizan el ingreso, el registro de elegibles, la evaluación y la administración de la carrera, mientras la responsabilidad disciplinaria se decide por otra autoridad y por otro procedimiento. Un mismo hecho puede tener repercusiones en ambos planos sin que una decisión sustituya a la otra. Este tema estudia la carrera; el régimen disciplinario judicial no se desarrolla aquí.
La Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, es la fuente legal principal y fue reformada ampliamente por la Ley 2430 de 2024, publicada en el Diario Oficial 52.904 del 9 de octubre de 2024. Su artículo 125 distingue a los funcionarios, que son los magistrados, los jueces y los fiscales, de los empleados, que son las demás personas que ocupan cargos en corporaciones, despachos y órganos administrativos de la Rama. Según el artículo 130, modificado en 2024, la regla general es la carrera; se exceptúan los cargos de período individual, como los magistrados de las altas corporaciones y el Fiscal General, y los de libre nombramiento y remoción que la misma norma enumera.
El artículo 156 funda la carrera judicial en el carácter profesional de funcionarios y empleados, la eficacia de la gestión, la igualdad en las posibilidades de acceso y el mérito como fundamento principal para el ingreso, la permanencia y la promoción. El artículo 157 orienta su administración a atraer y retener a los más idóneos, y a exigirles conducta intachable y rendimiento satisfactorio. El artículo 158, modificado por la Ley 2430, declara de carrera los cargos de magistrados de tribunales, de los consejos seccionales de la judicatura y de las comisiones seccionales de disciplina judicial, los jueces, los fiscales y los demás empleados que no sean de libre nombramiento o de período. La mención de los fiscales debe leerse con el artículo 159, que reconoce a la Fiscalía un régimen autónomo de carrera.
Los requisitos se acumulan en capas. El artículo 127 exige a magistrados de tribunal, jueces y fiscales nacionalidad por nacimiento, ciudadanía en ejercicio, título de abogado y ausencia de inhabilidades. El artículo 128, modificado en 2024, añade experiencia profesional posterior al título no inferior a tres años para juez municipal, cinco para juez de circuito y diez para magistrado de tribunal, y computa como tal la actividad de empleado judicial realizada después de graduarse. El artículo 160 exige haber superado el proceso de selección y, para el acceso por primera vez a un cargo de funcionario, aprobar el curso de formación judicial. El artículo 161 fija mínimos académicos para los empleados según su nivel.
El curso de formación judicial merece una distinción. El artículo 168 lo concibe como formación profesional y científica del aspirante, que puede integrarse al proceso como curso concurso con efecto eliminatorio o exigirse como requisito previo. El parágrafo del artículo 160, en su redacción de 2024, exime de repetirlo a los funcionarios de carrera que aspiran a un ascenso dentro de la misma especialidad, siempre que lo hayan aprobado en cualquiera de las dos convocatorias inmediatamente anteriores. La Sentencia C-134 de 2023, que revisó previamente el proyecto de ley estatutaria, consideró razonable ese límite temporal porque conserva la exigencia de preparación y evita repetir cursos ya aprobados.
El ingreso sigue etapas legales. El artículo 162 prevé, para funcionarios, concurso de méritos, Registro Nacional de Elegibles, elaboración de listas de candidatos, nombramiento y confirmación; para empleados, concurso, Registro Seccional, remisión de listas y nombramiento. El artículo 164 divide el concurso en una etapa de selección, integrada por pruebas eliminatorias, y una de clasificación, que ordena a los elegibles según su mérito. La convocatoria es norma obligatoria del proceso, las solicitudes de quien no reúne requisitos se rechazan mediante resolución motivada y las pruebas son reservadas. C-134 de 2023 condicionó el numeral 2 de ese artículo en el sentido de que los concursos deben realizarse periódicamente, en un término no superior a cuatro años.
La reforma de 2024 introdujo en el artículo 163 dos modalidades de selección. El concurso de ingreso es público y abierto para todos los ciudadanos que reúnan los requisitos. El de ascenso procede cuando existen servidores escalafonados en el grado salarial inferior y se convoca para el treinta por ciento de las vacantes por categoría; las demás se proveen por concurso abierto. Para participar en ascenso se exige estar escalafonado, con permanencia mínima de cuatro años para funcionarios y dos para empleados, reunir los requisitos del cargo y contar con evaluación de servicios en firme. Quien participa en el ascenso no puede hacerlo también en el concurso abierto, y C-134 de 2023 juzgó constitucionales tanto esa prohibición como la reserva del treinta por ciento.
El ascenso tiene límites de dirección. Los funcionarios escalafonados solo pueden aspirar al cargo de categoría inmediatamente superior y de la misma especialidad. Los empleados pueden aspirar al cargo inmediatamente superior de la misma jurisdicción sin importar la especialidad, salvo secretarios, oficiales mayores, sustanciadores y profesionales, que deben hacerlo en la misma especialidad. Los secretarios de despacho solo pueden ascender al cargo de juez municipal o promiscuo municipal. El parágrafo del artículo 163 permite concursos para zonas de difícil acceso o para cargos que hayan permanecido en provisionalidad por más de cinco años, y exige a quien ingrese por esa vía tres años de permanencia antes de aspirar a un ascenso.
El registro y la lista ordenan la provisión. Según el artículo 165, la inscripción en el Registro de Elegibles se hace en orden descendente de puntajes y tiene vigencia individual de cuatro años; cada dos años, en enero y febrero, los inscritos pueden actualizar experiencia adicional, docencia, capacitación y publicaciones. El retiro del registro ocurre por posesión en el cargo, por no aceptar o no posesionarse, o por solicitud expresa. El artículo 166 ordena que el nominador provea con listas de inscripción vigente y en el orden consecutivo de la lista, teniendo en cuenta el registro vigente al producirse la vacante. El nominador comunica la vacante de funcionario dentro de los tres días siguientes, según el artículo 167.
El artículo 167A, adicionado en 2024, creó un período de prueba de seis meses para funcionarios y empleados, evaluado con los mismos criterios aplicables a los servidores de carrera. Si la evaluación no se realiza dentro de los treinta días siguientes al vencimiento, se entiende satisfactoria y la persona ingresa a la carrera; la evaluación insatisfactoria es causal de retiro que el nominador decreta por acto motivado. C-134 de 2023 sostuvo que este período mide el desempeño práctico que el curso de formación no evalúa, y negó condicionamientos que habrían permitido regresar al cargo anterior a quien no lo supere, por estimar que esa regla de estabilidad corresponde al legislador estatutario.
La permanencia se controla mediante la evaluación de servicios. Los artículos 169 a 172 la definen como verificación de idoneidad, calidad y eficiencia; debe ser motivada, resultar de un control permanente y comprender calidad, eficiencia o rendimiento, organización del trabajo y publicaciones. Los empleados son evaluados anualmente por sus superiores; los funcionarios, por los consejos superior o seccionales, con base en el factor calidad que remiten sus superiores funcionales, anualmente los jueces y cada dos años los magistrados de tribunal. La calificación insatisfactoria en firme produce el retiro, con los recursos procedentes. Según el artículo 173, el retiro de la carrera lleva consigo el retiro del servicio y exige acto motivado.
Finalmente, la administración de la carrera es compartida pero no difusa. El artículo 174 la asigna a los consejos superior y seccionales de la judicatura con participación de corporaciones y jueces, y el artículo 175 atribuye a estos designar a los servidores cuyo nombramiento les corresponde, evaluar a los empleados de su despacho y remitir el factor calidad de los funcionarios inferiores funcionales. El artículo 131 enumera los nominadores y el 132 regula la provisión en propiedad, en provisionalidad mientras se designa por el sistema legal, y en encargo hasta por un mes prorrogable. Nominar, evaluar, administrar la carrera y disciplinar son competencias distintas que deben atribuirse a su titular antes de examinar cualquier controversia.
Ejemplo colombiano 1: nombramiento fuera del orden de la lista
Se produce una vacante definitiva de juez civil municipal en un distrito judicial. El consejo seccional remite al tribunal nominador la lista de candidatos con inscripción vigente en el Registro de Elegibles para ese cargo y especialidad. El tribunal nombra a quien ocupa el cuarto lugar, porque considera que su experiencia en la región lo hace más conveniente, aunque los tres primeros manifestaron oportunamente su interés y no consta causa legal que los excluya.
El artículo 166 de la Ley 270, modificado en 2024, ordena que el nombramiento se realice siguiendo el orden consecutivo de la lista de elegibles. La conveniencia apreciada por el nominador no puede sustituir la clasificación que el concurso produjo por mérito, porque la experiencia ya pudo valorarse en las etapas y actualizaciones del registro. Debe nombrarse según el orden. La conclusión no impide verificar requisitos, inhabilidades o la aceptación del candidato conforme al artículo 133; solo excluye la elección discrecional dentro de la lista.
Ejemplo colombiano 2: secretaria de juzgado que aspira a juez de circuito
Una secretaria de un juzgado de circuito, escalafonada en carrera judicial desde hace seis años y con evaluación de servicios en firme del período anterior, se inscribe en el concurso de ascenso convocado para cargos de juez de circuito de su especialidad. Sostiene que su experiencia supera la exigida para ese cargo y que el ascenso solo exige estar escalafonada y reunir los requisitos del empleo. La convocatoria reproduce los literales del artículo 163.
El literal f del artículo 163 dispone que los secretarios de todas las categorías de despachos judiciales solo pueden ascender al cargo de juez municipal o promiscuo municipal. La regla especial limita la dirección del ascenso con independencia de la experiencia acumulada. No puede participar en el ascenso a juez de circuito. La conclusión no le impide inscribirse en el concurso público y abierto para ese cargo, siempre que no participe simultáneamente en el de ascenso y reúna los requisitos generales del artículo 128.
Ejemplo colombiano 3: período de prueba sin evaluar y calificación anual insatisfactoria
Un juez nombrado tras concurso cumple seis meses de período de prueba; transcurren cuarenta días desde el vencimiento y el nominador no ha realizado la evaluación. En el mismo distrito, otra jueza escalafonada desde años atrás obtiene una calificación integral de servicios insatisfactoria que queda en firme después de resolverse sus recursos. La oficina de personal propone tratar ambas situaciones como evaluaciones pendientes y mantener a los dos en el cargo sin más.
Las situaciones se rigen por normas distintas. El artículo 167A dispone que, si la evaluación del período de prueba no se realiza dentro de los treinta días siguientes a su vencimiento, se entiende satisfactoria y la persona ingresa a la carrera; el primer juez queda en carrera por efecto de la ley. Para la jueza escalafonada, los artículos 172 y 173 disponen que la calificación insatisfactoria en firme da lugar al retiro mediante acto motivado. La propuesta confunde una omisión del evaluador con una evaluación negativa ya definida, y el análisis no examina la corrección de esa calificación.