La Fiscalía General de la Nación ocupa una posición singular en el empleo público. Según el artículo 249 de la Constitución, está integrada por el Fiscal General, los fiscales delegados y los demás funcionarios que determine la ley, forma parte de la Rama Judicial y tiene autonomía administrativa y presupuestal. El artículo 251.2 atribuye al Fiscal General nombrar y remover, de conformidad con la ley, a los servidores bajo su dependencia, y el artículo 253 encarga a la ley el ingreso por carrera, el retiro, la remuneración y el régimen disciplinario de sus funcionarios y empleados. Por ese mandato expreso, la Sentencia C-175 de 2006 y la Sentencia C-117 de 2026 la incluyen entre las carreras especiales de origen constitucional.
Pertenecer a la Rama Judicial no significa compartir la carrera judicial. El artículo 159 de la Ley 270 de 1996 dispone que la Fiscalía tendrá su propio régimen autónomo de carrera, sujeto al concurso de méritos y a la calificación de servicios, que los cargos de carrera y de libre nombramiento serán los previstos en la ley, y que observará la nomenclatura y grados de la Rama para homologar sus cargos. Por eso la mención de los fiscales en el artículo 158 de esa ley, como cargos de carrera, no transfiere su administración al Consejo Superior de la Judicatura. Y como la carrera es especial de origen constitucional, el artículo 130 superior la excluye de la administración y vigilancia de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
El régimen vigente está en el Decreto Ley 020 de 2014, expedido con facultades extraordinarias de la Ley 1654 de 2013 para clasificar los empleos y expedir la carrera especial de la Fiscalía y de sus entidades adscritas. Su artículo 121 deroga los artículos 47 a 77 de la Ley 938 de 2004. El artículo 1 lo aplica a los servidores de la Fiscalía, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y al personal administrativo del establecimiento público de educación superior adscrito. El artículo 2 define la carrera como sistema técnico de administración de personal que garantiza igualdad de oportunidades previa demostración del mérito, estabilidad y desarrollo por capacitación, estímulos y ascenso; el artículo 3 enumera mérito, igualdad, publicidad, transparencia, imparcialidad, eficiencia y eficacia.
La administración de esta carrera corresponde, según el artículo 4, a las comisiones de la carrera especial de la Fiscalía y de cada entidad adscrita. El artículo 14 integra la comisión de la Fiscalía con el Fiscal General o su delegado, quien la preside, el Director de Apoyo a la Gestión, el Subdirector de Talento Humano y dos representantes de los servidores con derechos de carrera, uno de los funcionarios y otro de los empleados, elegidos por voto directo para dos años. El artículo 17 le asigna fijar políticas, definir pruebas y modalidades, suscribir convocatorias, resolver reclamaciones, excluir de listas, declarar desiertos o dejar sin efecto procesos por graves irregularidades, ordenar inscripciones y adelantar investigaciones sobre irregularidades en la selección.
El artículo 5 establece que los empleos de la Fiscalía y sus adscritas son de carrera, salvo los que enumera como de libre nombramiento y remoción por la especial confianza que exigen: cargos del nivel directivo, empleos de los despachos del Fiscal y del Vicefiscal, fiscales delegados ante la Corte Suprema y sus auxiliares, asesores, empleos de manejo directo de bienes y valores, y protección del Fiscal y del Vicefiscal. El Fiscal General es de período. El artículo 130 de la Ley 270, modificado por la Ley 2430 de 2024, también enumera cargos de libre nombramiento de la Fiscalía con una lista que no coincide literalmente con la del decreto; cómo se articulan ambas enumeraciones no se resolvió aquí y queda PENDIENTE DE VERIFICACIÓN.
La provisión tiene modalidades definidas en el artículo 11: nombramiento ordinario para libre nombramiento; en período de prueba para quien ocupe el primer lugar de la lista tras superar el concurso; provisional para vacantes temporales cuando el titular no perciba remuneración, y también para vacantes definitivas mientras se provee por concurso; y encargo, según las normas de situaciones administrativas. El provisional en vacante definitiva no fue seleccionado por mérito y su permanencia está ligada a la realización del concurso. El artículo 118 ordenó convocar dentro de los tres años siguientes a la vigencia del decreto los cargos vacantes o provistos provisionalmente o por encargo, de forma gradual; este tema no afirma si esa orden transitoria se cumplió.
Los concursos son de ingreso o de ascenso, según el artículo 22. El de ingreso está abierto a todas las personas que acrediten requisitos, sin discriminación. El artículo 24 permite el de ascenso cuando las vacantes pertenecen a un mismo grupo o planta y a los niveles profesional y técnico, existen servidores escalafonados en el grado inferior que cumplen requisitos y su número es igual o superior al de empleos; en ese caso se convoca hasta el treinta por ciento de las vacantes y las demás se proveen por ingreso. Si no se inscribe como mínimo el doble de servidores por empleo, el ascenso se declara desierto. El artículo 25 exige escalafón, requisitos del cargo, calificación sobresaliente en el año anterior y ausencia de sanciones disciplinarias o fiscales en los cinco años anteriores.
La Sentencia C-034 de 2015 declaró exequibles los artículos 24 y 25 y las expresiones demandadas de los artículos 26 y 30. Sostuvo que la jurisprudencia excluye los concursos totalmente cerrados, en los que solo participan servidores de carrera, pero que el diseño de la Fiscalía es mixto porque al menos el setenta por ciento de las vacantes se provee por concurso abierto, y porque el ascenso exige condiciones razonables de mérito. Lo distinguió de la regla de la Procuraduría declarada inexequible en C-266 de 2002, que solo permitía concursar a los inscritos. La decisión tuvo salvamentos de voto que no se examinaron en esta lectura y no autoriza a extender la reserva más allá del límite legal.
El artículo 26 admite modalidades complementarias. En el concurso curso, los aspirantes que superan las demás pruebas ingresan a un curso, hasta tres veces el número de cargos, y la lista resulta de sumar el curso y las pruebas. En el curso concurso, el curso es criterio de selección y la lista se conforma con quienes lo superan. En la Fiscalía solo pueden utilizarse para los grupos de Fiscalía y Policía Judicial, que el artículo 7 distingue del grupo de gestión y apoyo administrativo, y para los concursos de ascenso. Las etapas del artículo 27 son convocatoria, inscripciones, verificación de requisitos, lista de admitidos, pruebas, lista de elegibles, estudio de seguridad y período de prueba.
El estudio de seguridad es un rasgo propio de este régimen. Según el artículo 39, antes del nombramiento en prueba se practica a los aspirantes de la Fiscalía y de Medicina Legal un estudio de carácter reservado, y su resultado negativo genera la exclusión de la lista; el artículo 38 lo incluye entre las causales de exclusión, que se deciden en actuación con intervención del interesado y recurso de reposición. La lista, de acuerdo con el artículo 35, se conforma en estricto orden de mérito, la provisión se hace después de quedar en firme y de realizar el estudio, y, una vez provistos los empleos, solo puede usarse durante dos años para las vacantes definitivas que se generen en esos mismos empleos. Para retirar a un servidor ya nombrado, el artículo 100 exige razones objetivas y proporcionales, derecho de defensa y acto motivado.
El período de prueba dura seis meses, según los artículos 40 y 41. El nombramiento debe producirse dentro de los veinte días hábiles siguientes al recibo de la lista, y la evaluación dentro de los diez días siguientes al vencimiento. Si es satisfactoria, el servidor adquiere derechos de carrera mediante inscripción en el registro público de la entidad; si es insatisfactoria, su nombramiento se declara insubsistente. El servidor que ya tenía derechos de carrera y supera un nuevo concurso conserva un retorno: si no aprueba la prueba regresa a su empleo, que mientras tanto solo puede proveerse transitoriamente. El artículo 42 impide asignarle funciones distintas de las de la convocatoria durante la prueba.
La evaluación del desempeño, según los artículos 68 y 72 a 80, valora la gestión individual con parámetros objetivos concertados y comprende calificaciones semestrales que se ponderan en una evaluación anual, además de calificaciones parciales, anticipadas y de período de prueba. Sirve para adquirir derechos de carrera, ascender, determinar la permanencia, otorgar incentivos y formular planes de mejoramiento. Las calificaciones admiten reposición y la evaluación definitiva, además, apelación ante el comité de evaluación. Si el evaluador no califica a pesar del requerimiento, la calificación se entiende satisfactoria en el puntaje mínimo. Una evaluación anual no satisfactoria en firme obliga a declarar insubsistente el nombramiento, según el artículo 101.
El retiro tiene su catálogo en el artículo 96, que incluye renuncia, insubsistencia de libre nombramiento, insubsistencia por inhabilidad sobreviniente, por estudio de seguridad o por evaluación no satisfactoria, pensión, supresión del empleo, destitución disciplinaria, abandono del cargo y orden judicial, entre otras. La insubsistencia discrecional sin motivación, prevista en el artículo 98, opera solo para empleos de libre nombramiento y remoción. El artículo 112 asocia el retiro a la pérdida de los derechos de carrera, salvo la incorporación tras una supresión, y los conserva cuando el servidor pasa a un encargo o a un empleo de libre nombramiento y luego es retirado de este; el 103 reconoce al servidor de carrera cuyo empleo se suprime un derecho preferencial de incorporación o, si no es posible, indemnización. El régimen de edad de retiro del decreto no se contrastó con normas posteriores y queda PENDIENTE DE VERIFICACIÓN.
Ejemplo colombiano 1: reclamación enviada al Consejo Superior de la Judicatura
Un aspirante a un cargo de fiscal delegado ante jueces del circuito no supera la prueba de conocimientos de un concurso de ingreso convocado por la comisión de la carrera especial de la Fiscalía. Presenta su reclamación ante el Consejo Superior de la Judicatura, con el argumento de que la Fiscalía pertenece a la Rama Judicial y el artículo 158 de la Ley 270 enumera a los fiscales entre los cargos de carrera judicial. La convocatoria indica la autoridad y el término para reclamar.
El artículo 159 de la Ley 270 reconoce a la Fiscalía un régimen autónomo de carrera, y los artículos 4 y 17 del Decreto Ley 020 atribuyen la administración y la resolución de reclamaciones a la comisión de la carrera especial; el artículo 49 dispone que la reclamación contra los resultados de una prueba se presenta ante esa comisión dentro de los cinco días siguientes a su publicación, y el 47 admite, según el caso, la entidad delegada o contratada. La pertenencia a la Rama no convierte al Consejo en autoridad de este concurso. La reclamación debe presentarse ante la autoridad del régimen y en el término legal. El análisis no evalúa si la calificación de la prueba fue correcta.
Ejemplo colombiano 2: primer lugar y estudio de seguridad negativo
Una aspirante ocupa el primer lugar de la lista de elegibles en firme para un cargo de investigador del grupo de Policía Judicial. Antes de su nombramiento, el estudio de seguridad practicado conforme al artículo 39 resulta negativo, se le comunica de manera reservada y la comisión inicia la actuación de exclusión con su intervención. Ella sostiene que su posición en la lista le da un derecho absoluto al nombramiento, cualquiera que sea el resultado del estudio.
El artículo 27 incluye el estudio de seguridad como etapa del proceso, y el artículo 35 condiciona la provisión a la firmeza de la lista y a su realización; el resultado negativo es causal de exclusión según los artículos 38 y 39. El primer lugar acredita mérito en las pruebas, pero no elimina una etapa posterior que la ley integra al concurso. La exclusión puede proceder si se adopta en la actuación prevista y con los recursos correspondientes. La conclusión no valida un estudio arbitrario, cuyo contenido puede controvertirse con las garantías aplicables.
Ejemplo colombiano 3: evaluación omitida y requisito de ascenso
Un técnico escalafonado en la carrera especial de la Fiscalía no fue calificado en el último año porque su evaluador se trasladó y no atendió el requerimiento de hacerlo, por lo que su calificación se entiende satisfactoria en el puntaje mínimo. Se convoca un concurso de ascenso para el cargo inmediatamente superior de su grupo y él pide ser admitido, alegando que nunca fue calificado como insatisfactorio. En su planta concurren los demás supuestos del ascenso.
El artículo 80 del Decreto Ley 020 asigna a la falta de calificación, tras el requerimiento, el efecto de una calificación satisfactoria en el puntaje mínimo, mientras que el artículo 25 exige para el ascenso calificación sobresaliente en el año inmediatamente anterior. La regla protege su permanencia, porque impide tratar la omisión como desempeño deficiente, pero no le atribuye el nivel sobresaliente que el ascenso requiere. No puede ser admitido a ese ascenso con esa calificación. La conclusión no le impide participar en un concurso de ingreso ni excluye la responsabilidad del evaluador por no calificar.