Estos tres principios se leen juntos porque se condicionan entre sí: sin publicidad nadie sabe que puede participar, sin libre concurrencia la participación se restringe a unos pocos y sin igualdad la participación formal no se traduce en oportunidades reales. Los tres arrancan en la Constitución Política: el artículo 209 enumera la igualdad y la publicidad entre los principios de la función administrativa, el artículo 13 consagra la igualdad ante la ley, el trato igual de las autoridades y las medidas en favor de grupos marginados, y el artículo 333 declara libres la actividad económica y la iniciativa privada dentro de los límites del bien común, y la libre competencia como un derecho que supone responsabilidades. El numeral 9 del artículo 3 del CPACA define la publicidad como el deber de dar a conocer actos, contratos y resoluciones en forma sistemática y permanente, sin petición alguna.
La publicidad contractual tiene un diseño electrónico. El artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 permite adelantar por medios electrónicos las actuaciones precontractuales y contractuales, y encarga al Gobierno desarrollar el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, Secop, como punto único de ingreso de información y de reportes y fuente de la información oficial de la contratación con dineros públicos. La Corte Constitucional, en la Sentencia C-259 de 2008, con ponencia del magistrado Jaime Córdoba Triviño y fecha del 11 de marzo de 2008, declaró exequible la expresión según la cual los mecanismos e instrumentos de publicidad serán señalados por el Gobierno Nacional. Para la Corte, la publicidad permite que los ciudadanos conozcan y controlen las actuaciones de la administración, y la ley fijó el marco que el reglamento concreta, de modo que no hay violación de la reserva de ley.
El Decreto 1082 de 2015 concreta esos instrumentos. Según su artículo 2.2.1.1.1.7.1, la entidad debe publicar en el Secop los documentos del proceso y los actos administrativos dentro de los tres días siguientes a su expedición; la oferta que se publica es la del adjudicatario. El artículo 2.2.1.1.2.1.2 detalla el aviso de convocatoria: entidad, objeto, modalidad, plazo estimado, fecha límite de ofertas, valor y disponibilidad presupuestal, mención de acuerdo comercial y de si la convocatoria puede limitarse a Mipyme, condiciones de participación y cronograma. El artículo 2.2.1.1.2.2.1 permite modificar los pliegos solo por adendas expedidas antes del vencimiento del plazo de ofertas, salvo cambios de cronograma, y las publica en días hábiles entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche. En la licitación, el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011 prohíbe las adendas dentro de los tres días anteriores al cierre.
Más allá del proceso, la Ley 1712 de 2014, en su artículo 10, ordena a los sujetos obligados publicar en su medio electrónico las contrataciones en curso y un vínculo al sistema electrónico de contratación, y actualizar la información como mínimo cada mes. La Corte declaró ese artículo exequible al revisar el proyecto de ley estatutaria, según las notas del Normograma; esa decisión se resume en las notas y no se leyó para este capítulo. La publicidad no equivale a divulgar todo: la reserva legal de patentes, procedimientos y privilegios, prevista en el numeral 4 del artículo 24 de la Ley 80, sigue protegida. La publicidad cubre también la fase de ejecución, pues el artículo 31 de la Ley 80 exige publicar en el Secop la parte resolutiva de los actos que declaren la caducidad, impongan multas u otras sanciones o declaren el incumplimiento, una vez ejecutoriados.
La libre concurrencia es la facultad de participar de todos los posibles proponentes con la real posibilidad de ofrecer lo que demanda la administración. La Sentencia C-713 de 2009 la vincula con el derecho a la igualdad y con los artículos 13 y 333 de la Constitución, subraya que no es absoluta sino relativa y que cabe limitarla por razones de ley, razonables y proporcionales, como la capacidad legal, la ausencia de inhabilidades, las calidades técnicas, profesionales y financieras. De ahí su consecuencia: la entidad debe abstenerse de imponer condiciones restrictivas que impidan el acceso al proceso, y son inadmisibles las cláusulas limitativas no autorizadas por la Constitución y la ley. La regla se traduce en normas como el numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80, que veda exigencias de imposible cumplimiento y reglas que dependan de la voluntad exclusiva de la entidad, y como el numeral 17 del artículo 25, que prohíbe rechazar escritos por formalismos.
La igualdad tiene dos caras. La formal exige tratar igual a los proponentes en las mismas condiciones; la material permite, e incluso exige, medidas diferenciales en favor de quienes se hallen en desventaja. La Sentencia C-932 de 2007 resolvió que la transparencia, la selección objetiva y la igualdad no excluyen acciones afirmativas en los pliegos ni en la contratación directa. La igualdad también opera frente a oferentes extranjeros: el artículo 20 de la Ley 80 les concede el mismo tratamiento que a los nacionales bajo el principio de reciprocidad, y el artículo 21 ordena garantizar en condiciones competitivas la participación de la oferta nacional, preferida en igualdad de condiciones; el artículo 44, numeral 5, hace nulos los contratos celebrados con desconocimiento de esos criterios o con violación de la reciprocidad.
El artículo 9 de la Ley 1150 es la expresión más visible de la publicidad en la decisión: la adjudicación de la licitación se hace en audiencia pública, en la que los interesados pueden pronunciarse sobre las respuestas dadas a las observaciones al informe de evaluación. El artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 hace obligatorias las audiencias de asignación de riesgos y de adjudicación. El parágrafo 8 del artículo 2 de la Ley 1150, adicionado por la Ley 2160 de 2021, recuerda que la contratación directa debe observar la Ley 80 y los principios de transparencia, responsabilidad, selección objetiva, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, eficacia y eficiencia: los principios no desaparecen con la modalidad.
Ejemplo colombiano 1: un documento publicado fuera de plazo
Una secretaría distrital de movilidad expide el 3 de junio de 2026 una adenda a una licitación y la publica el 12 de junio. Según el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082, debía publicarla dentro de los tres días siguientes a su expedición. Los oferentes presentaron propuestas sin conocer el cambio. La omisión afecta la publicidad y la igualdad de los proponentes y puede discutirse en observaciones y recursos.
Ejemplo colombiano 2: el pliego con una exigencia ajustada a un solo oferente
La secretaría de salud de una gobernación exige, para una licitación de suministro de reactivos para su laboratorio de salud pública, que el proponente haya vendido a entidades de la misma ciudad durante cinco años. Solo una empresa local cumple. La libre concurrencia, según la Sentencia C-713 de 2009, exige no imponer condiciones restrictivas que impidan el acceso sin autorización constitucional o legal, y el numeral 5 del artículo 24 prohíbe reglas de imposible cumplimiento. El proponente excluido puede observar el pliego y acudir luego al control judicial.
Ejemplo colombiano 3: una acción afirmativa para asociaciones de recicladores
Una alcaldía incluye en los factores de ponderación un puntaje por vincular a recicladores de oficio de la ciudad. Un oferente alega que viola la igualdad entre proponentes. Según la Sentencia C-932 de 2007, la transparencia, la selección objetiva y la igualdad permiten incluir medidas de acción afirmativa como criterio de ponderación, siempre en los pliegos y de forma razonable, objetiva y conocida. La medida debe estar publicada desde el proyecto de pliegos y aplicarse sin favoritismos a un oferente determinado.