El artículo 25 de la Ley 80 de 1993 es el más extenso del Estatuto y contiene el principio de economía, que el artículo 209 de la Constitución Política incluye entre los de la función administrativa y el numeral 12 del artículo 3 del CPACA describe como proceder con austeridad y eficiencia, optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos. En contratación, economía no significa comprar barato: significa que los procedimientos y las etapas sean los estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable. El numeral 1 del artículo 25 conserva esa regla, con términos preclusivos y perentorios para las etapas y con impulso oficioso de las autoridades, aunque la expresión «términos de referencia» fue derogada por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.
Los numerales 2 a 5 construyen la lectura teleológica de las formas. Las normas de los procedimientos contractuales se interpretan de manera que no den ocasión a trámites distintos y adicionales a los previstos ni permitan valerse de defectos de forma para no decidir o proferir providencias inhibitorias (numeral 2). Las reglas son mecanismos al servicio de los fines estatales, de la prestación continua y eficiente de los servicios públicos y de la protección de los derechos de los administrados (numeral 3). Los trámites se adelantan con austeridad de tiempo, medios y gastos y se impiden las dilaciones (numeral 4), y se adoptan procedimientos que garanticen la pronta solución de las diferencias contractuales (numeral 5). La economía es, entonces, una regla de interpretación: ante la duda entre un rito adicional y la decisión de fondo, prevalece la decisión de fondo.
Esa lectura tiene un desarrollo directo en la subsanabilidad. El parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150, modificado por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, dispone que la ausencia de requisitos o de documentos no necesarios para comparar las propuestas no sirve de título suficiente para rechazar los ofrecimientos, y que los requisitos que no afecten la asignación de puntaje deben ser solicitados por la entidad y entregados por los proponentes hasta el traslado del informe de evaluación, salvo en la mínima cuantía y la subasta. Quien no responda será rechazado, y durante el plazo de subsanación no se pueden acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre. El parágrafo 3 establece la excepción: la no entrega de la garantía de seriedad junto con la oferta no es subsanable y causa el rechazo. Una cosa es el defecto de forma que la economía manda salvar, y otra la falta de un requisito que condiciona la validez de la oferta.
El numeral 15 del artículo 25 reitera que las autoridades no exigen sellos, autenticaciones, documentos originales o autenticados, reconocimientos de firma, traducciones oficiales ni otras formalidades rituales, salvo mandato perentorio y expreso de leyes especiales; el inciso segundo de ese numeral fue derogado por el artículo 32 de la Ley 1150, cuyo artículo 5 trata la materia. El numeral 17 prohíbe rechazar solicitudes escritas por inobservar formalidades de la entidad, que debe corregir oficiosamente los defectos, y obliga a radicar las actas o cuentas de cobro el día en que el contratista las presenta. El numeral 18 limita la declaratoria de desierto a motivos o causas que impidan la escogencia objetiva, declarada en acto administrativo con las razones expresas y detalladas.
La economía también ordena el tiempo. El numeral 7 exige analizar la conveniencia o inconveniencia del objeto y impartir las autorizaciones y aprobaciones con antelación al inicio del proceso de selección o a la firma del contrato. El numeral 8 impide someter el acto de adjudicación y el contrato a aprobaciones o revisiones administrativas posteriores o a exigencias distintas de las del Estatuto. El numeral 11 dispone que las corporaciones de elección popular y los organismos de control y vigilancia no intervengan en los procesos de contratación, salvo para solicitar la audiencia pública de adjudicación en la licitación, y precisa que asambleas y concejos autorizan a gobernadores y alcaldes para contratar conforme a los numerales 9 del artículo 300 y 3 del artículo 313 de la Constitución. El numeral 16 regula el silencio administrativo positivo en la ejecución: si la entidad no se pronuncia dentro de tres meses sobre las solicitudes presentadas durante la ejecución, se entiende favorable la decisión, sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios competentes. Cómo se articula este numeral con la regulación general del silencio en el CPACA no se estudió y queda PENDIENTE DE VERIFICACIÓN.
Los plazos concretos están en normas posteriores. Según el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015, los interesados pueden comentar el proyecto de pliegos durante diez días hábiles en la licitación pública y cinco días hábiles en la selección abreviada y el concurso de méritos. El numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 mantiene los informes de evaluación a disposición de los oferentes por cinco días hábiles, sin que puedan completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. El artículo 89 de la Ley 1474 de 2011 permite prorrogar el plazo de la licitación hasta por la mitad del inicial, pero prohíbe adendas dentro de los tres días anteriores al cierre. La economía no sacrifica la contradicción: la brevedad de los trámites se mide dentro de esos plazos mínimos, no contra ellos.
La economía convive con los demás principios. La Sentencia C-713 de 2009, con ponencia de la magistrada María Victoria Calle Correa y fecha del 7 de octubre de 2009, recuerda que la contratación pública es una modalidad de gestión pública regida por los principios del artículo 209 y que el contrato es un medio para la adquisición de bienes y servicios tendientes a los fines del Estado, no un fin en sí mismo. De ahí que un ahorro que comprometa la selección objetiva o la planeación sea apenas aparente.
Ejemplo colombiano 1: rechazo por una certificación que podía aclararse
Un departamento adelanta, en agosto de 2026, una licitación para construir un acueducto veredal. La oferta de una unión temporal omite el certificado de existencia de uno de sus integrantes, requisito habilitante que no otorga puntaje. El comité evaluador recomienda rechazarla. El parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 exige solicitar el documento y permite aportarlo hasta el término de traslado del informe de evaluación. El rechazo inmediato contradice la economía, porque convierte un defecto de forma en causal de exclusión sin necesidad. Distinto sería que faltara la garantía de seriedad, que no es subsanable.
Ejemplo colombiano 2: aprobación posterior a la adjudicación
Una corporación autónoma regional, sometida al Estatuto por el artículo 24 de la Ley 1150, adjudica un contrato de suministro y su secretaría general exige que el consejo directivo «ratifique» la adjudicación antes de firmar. El numeral 8 del artículo 25 de la Ley 80 impide someter el acto de adjudicación y el contrato a aprobaciones administrativas posteriores distintas de las del Estatuto. Si la ratificación estaba prevista en una autorización previa, esta debió obtenerse antes de abrir el proceso, conforme al numeral 7. Exigirla después genera dilación, expone a la entidad a reclamos del adjudicatario y, si se prolonga sin causa, puede discutirse como falta de planeación.
Ejemplo colombiano 3: la solicitud presentada con un formato distinto
Un contratista de mantenimiento vial entrega a un municipio una cuenta de cobro en formato de la propia empresa, no en el diseñado por la entidad. La oficina de tesorería la devuelve sin explicación. El numeral 17 del artículo 25 prohíbe rechazar solicitudes por no seguir formalidades de la entidad, que debe corregir los defectos y, además, radicar la cuenta el día en que se presenta. Si realmente no puede tramitarse, debe devolverse a la mayor brevedad con motivos escritos. La entidad no puede alegar el formato para retrasar el pago.