El deber de selección objetiva estaba en el artículo 29 de la Ley 80 de 1993, derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007. Hoy su definición está en el artículo 5 de la Ley 1150: es objetiva la selección en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés ni cualquier clase de motivación subjetiva. El artículo 24, numeral 8, de la Ley 80 mantiene la prohibición correlativa de eludir los procedimientos de selección objetiva, y el numeral 3 del artículo 3 del CPACA define la imparcialidad en términos casi idénticos. Esta idea de objetividad limita la discrecionalidad: la entidad elige, pero con reglas públicas, previas y verificables.
El artículo 5 establece cuatro criterios. El primero separa dos momentos que la práctica suele confundir. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes se verifican como requisitos habilitantes y no otorgan puntaje, salvo lo previsto para los consultores; la exigencia debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza y valor del contrato, y su verificación documental corresponde, por regla general, a las cámaras de comercio mediante el Registro Único de Proponentes, regulado en el artículo 6 de la misma ley en la redacción del Decreto Ley 19 de 2012, que enumera excepciones como la contratación directa y la mínima cuantía. La Corte Constitucional, en la Sentencia C-713 de 2009, con ponencia de la magistrada María Victoria Calle Correa y fecha del 7 de octubre de 2009, declaró exequible la expresión «y no otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4», porque la Constitución garantiza el acceso en igualdad a quienes tengan la real posibilidad de ofrecer lo que demanda la administración y las condiciones del oferente son verificables, no calificables.
El segundo criterio define la oferta más favorable: la que, según los factores técnicos y económicos y su ponderación precisa y detallada contenida en los pliegos, resulte la más ventajosa, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en esos documentos. Según el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, que modificó este numeral, la ventaja se mide por la ponderación de calidad y precio con puntajes o fórmulas, o por la mejor relación costo-beneficio; en las obras públicas el menor plazo ofrecido no se evalúa. La regla es de cierre: si un criterio no está en el pliego, la entidad no puede usarlo para comparar, aunque le parezca razonable.
El tercer criterio es el menor precio como único factor para bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, sin perjuicio de los requisitos habilitantes; la Sentencia C-713 de 2009 se declaró inhibida sobre la expresión «servicios» de ese numeral por ineptitud de la demanda. El cuarto exige para la selección de consultores factores de calificación de los aspectos técnicos y excluye el precio como factor de escogencia. El parágrafo 2 declara que las certificaciones de sistemas de gestión de calidad no se califican ni se exigen como documento habilitante; la Sentencia C-942 de 2008, con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa y fecha del 1 de octubre de 2008, declaró exequible ese parágrafo, pero por el cargo analizado, que fue de procedimiento: no valida su fondo contra otros reproches.
La selección objetiva también se alimenta de las reglas de comparación. El parágrafo 1 permite subsanar requisitos no necesarios para comparar y no asignan puntaje, y el parágrafo 3 excluye la garantía de seriedad. El Decreto 1082 de 2015 regula el comité evaluador (2.2.1.1.2.2.3), la oferta con valor artificialmente bajo (2.2.1.1.2.2.4) y la adjudicación con oferta única, posible si cumple los requisitos habilitantes y los pliegos (2.2.1.1.2.2.6). La Ley 2195 de 2022, artículo 58, obliga a reducir en dos por ciento el total de puntos a los proponentes con multas o cláusulas penales impuestas durante el último año, salvo en excepciones que incluyen la mínima cuantía y el menor precio, y no la aplica si los actos sancionatorios están demandados, según su parágrafo 1, declarado exequible por la Sentencia C-154 de 2023 según las notas del Normograma. Esta sentencia no se leyó y su mención queda PENDIENTE DE VERIFICACIÓN.
La objetividad exige que la regla se escriba antes de conocer al proponente. Los documentos tipo de Colombia Compra Eficiente, previstos en el parágrafo 7 del artículo 2 de la Ley 1150 en la redacción de la Ley 2022 de 2020, fijan requisitos habilitantes y factores de escogencia obligatorios, y su uso es obligatorio, en los términos de la reglamentación, para los pliegos de obras públicas, interventoría de obras públicas, interventoría de consultorías de estudios y diseños y consultoría en ingeniería para obras. La Sentencia C-932 de 2007 completa el cuadro: la selección objetiva no prohíbe acciones afirmativas, que pueden formar parte de los criterios de ponderación. Objetividad no es neutralidad sustantiva, sino transparencia y previsibilidad de los criterios de escogencia.
El Decreto 1082 reglamenta, además, el ofrecimiento más favorable en el artículo 2.2.1.1.2.2.2, que el Decreto 997 de 2026 modificó, entre otros aspectos para incorporar criterios ambientales y sociales. Su texto exige, cuando se evalúa por costo-beneficio, señalar en los pliegos las condiciones mínimas, las adicionales y su valor en dinero para ponderar. Como su artículo 9, que hizo esa modificación, entra a regir de manera progresiva según el artículo 14 del mismo decreto, la versión aplicable depende de la categoría de la entidad y de la fecha del aviso de convocatoria.
Para la licitación de obra pública, los parágrafos 2 y 3 del artículo 30 de la Ley 80, adicionados por el artículo 1 de la Ley 1882 de 2018, exigen que la oferta conste de dos sobres: en el primero van los requisitos habilitantes y los documentos que otorgan puntaje distintos de la oferta económica, y en el segundo solo la propuesta económica, que permanece cerrada hasta la audiencia de adjudicación, donde se abre y se evalúa mediante el mecanismo escogido por el método aleatorio que establezcan los pliegos. La separación evita que el precio contamine la verificación de requisitos.
La consecuencia de una selección subjetiva es la nulidad absoluta cuando se celebra con abuso o desviación de poder (artículo 44, numeral 3, de la Ley 80), y puede ser falta gravísima conforme al numeral 3 del artículo 54 de la Ley 1952 de 2019.
Ejemplo colombiano 1: puntaje por experiencia en un proceso de bienes uniformes
Un departamento adelanta en mayo de 2026 un proceso para comprar transformadores de especificaciones técnicas uniformes y otorga puntos a quienes acrediten diez años de experiencia, en lugar de usar el menor precio. El numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 impide dar puntaje a las condiciones del oferente, que solo se verifican como requisitos habilitantes. El numeral 3 ordena usar el menor precio como único factor para bienes de características técnicas uniformes. El pliego es contrario a la ley y puede ser objeto de observaciones y de medio de control.
Ejemplo colombiano 2: el criterio que no estaba en el pliego
Una gobernación adjudica una licitación a una oferta con peor puntaje porque «tiene mejor reputación». Los pliegos no incluían reputación. El numeral 2 del artículo 5 impide que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en los pliegos. El numeral 7 del artículo 24 de la Ley 80 exige motivar con detalle el acto de adjudicación. La decisión carece de fundamento objetivo y compromete la responsabilidad del jefe de la entidad.
Ejemplo colombiano 3: la oferta única que cumple
Una alcaldía abre una licitación para suministro de textos escolares y recibe una sola oferta que cumple todos los requisitos habilitantes y las exigencias del pliego. El secretario quiere declarar desierto el proceso porque «no hubo competencia». Según el artículo 2.2.1.1.2.2.6 del Decreto 1082, la entidad puede adjudicar con oferta única si cumple los requisitos habilitantes y satisface el pliego, y el numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 limita la declaratoria de desierta a causas que impidan la escogencia objetiva. La falta de pluralidad, por sí sola, no impide escoger objetivamente.