El artículo 23 de la Ley 80 de 1993 dispone que las actuaciones de quienes intervienen en la contratación estatal se desarrollan con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados de la función administrativa. El artículo 24 desarrolla la transparencia mediante reglas concretas, de modo que el principio no es una invocación moral sino un conjunto de deberes verificables. Su fundamento superior es el artículo 209 de la Constitución Política, que somete la función administrativa a la moralidad, la imparcialidad y la publicidad, y su eco general está en el numeral 8 del artículo 3 del CPACA: la actividad administrativa es del dominio público y toda persona puede conocer las actuaciones de la administración, salvo reserva legal.
El texto del artículo 24 exige leerlo con sus notas de vigencia. El numeral 1, que enumeraba los casos de contratación directa, fue derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007; la materia pasó al artículo 2 de esta ley. Las expresiones «concurso» y «términos de referencia» también fueron derogadas, y por eso hoy el numeral 5 se refiere solo a los pliegos de condiciones. Siguen vigentes los demás numerales, que pueden agruparse en tres familias de deberes: contradicción, apertura del expediente y calidad de las reglas.
La contradicción está en el numeral 2: en los procesos contractuales los interesados tienen oportunidad de conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan o adopten, para lo cual se establecen etapas que permiten observaciones. La apertura está en los numerales 3 y 4: las actuaciones son públicas, los expedientes están abiertos al público y, en la licitación, se permite el ejercicio del derecho del artículo 273 de la Constitución, según el cual cualquier proponente puede pedir a las autoridades de control fiscal que la adjudicación se haga en audiencia pública. Quien demuestre interés legítimo puede obtener copias a su costa, respetando la reserva legal de patentes, procedimientos y privilegios. La reserva es la excepción y debe estar prevista en la ley; un funcionario no puede crearla por vía de circular.
La tercera familia, la de las reglas, está en el numeral 5. Los pliegos deben indicar los requisitos objetivos para participar, definir reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan ofertas de la misma índole, fijar con precisión las condiciones de costo y calidad, abstenerse de exigencias de imposible cumplimiento o de exenciones de responsabilidad por los datos suministrados, evitar reglas que induzcan a error o que dependan de la voluntad exclusiva de la entidad y señalar el plazo de liquidación del contrato cuando haya lugar. Un pliego ambiguo no es solo un defecto técnico: frustra la comparabilidad de las ofertas y abre espacio a decisiones subjetivas.
Otros numerales completan el cuadro. El numeral 7 obliga a motivar de manera detallada y precisa los actos de la actividad contractual, salvo los de mero trámite, y expresamente los informes de evaluación, el acto de adjudicación y la declaratoria de desierto. El numeral 8 prohíbe actuar con desviación o abuso de poder y eludir los procedimientos de selección objetiva. El numeral 9 impide que los avisos que anuncian contratos incluyan el nombre o cargo de un servidor público, regla que busca impedir el uso personalista de la gestión contractual.
El legislador posterior reforzó la transparencia con instrumentos específicos. El artículo 8 de la Ley 1150 obliga a publicar los proyectos de pliegos y los estudios previos que les sirvieron de base, a publicar las razones para acoger o rechazar las observaciones y a suministrar información «veraz, responsable, ecuánime, suficiente y oportuna»; su parágrafo, adicionado por la Ley 1882 de 2018, aclara que no se requiere disponibilidad presupuestal para publicar el proyecto de pliego. El artículo 9 ordena que la adjudicación en la licitación pública se haga en audiencia pública, mediante resolución motivada notificada al proponente favorecido en la propia audiencia. La Corte Constitucional, en la Sentencia C-380 de 2008, con ponencia del magistrado Nilson Pinilla Pinilla y fecha del 23 de abril de 2008, declaró exequible la expresión «de forma obligatoria» de ese artículo: el artículo 273 de la Constitución fija un mínimo y el Congreso puede ampliar los casos en que la audiencia procede, incluso hasta hacerla obligatoria en toda licitación.
La Ley 2195 de 2022 añadió, en su artículo 50, un deber de trazabilidad contable: en las actividades contractuales donde participen personas obligadas a llevar contabilidad y se ejecuten recursos públicos, los contratistas deben registrar cada contrato por centro de costo o de forma individualizada, de modo que el Estado pueda verificar la ejecución de esos recursos. Es una transparencia que mira hacia la ejecución y no solo hacia la selección.
La transparencia no es incompatible con las acciones afirmativas. En la Sentencia C-932 de 2007, con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra y fecha del 8 de noviembre de 2007, la Corte declaró exequibles el literal b del numeral 5 del artículo 24 y el parágrafo del artículo 30 de la Ley 80, en el entendido de que los principios de transparencia, selección objetiva e igualdad permiten que los pliegos incluyan, entre los factores de escogencia o criterios de ponderación, medidas de acción afirmativa. La lectura contraria habría sido incompatible con el artículo 13 de la Constitución. La decisión limita su cosa juzgada al análisis de ese artículo.
Las consecuencias de infringir la transparencia son de varios órdenes. El artículo 44 de la Ley 80 declara nulos de forma absoluta los contratos celebrados con abuso o desviación de poder y los celebrados contra expresa prohibición constitucional o legal. En lo disciplinario, el numeral 3 del artículo 54 de la Ley 1952 de 2019 tipifica como falta gravísima participar en la etapa precontractual o contractual con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa. Las notas del Normograma recuerdan que, para la norma anterior de igual texto, la Sentencia C-818 de 2005, con ponencia del magistrado Rodrigo Escobar Gil, la declaró exequible en el entendido de que la conducta debe ser concreta y estar descrita en normas constitucionales de aplicación directa o en normas legales que desarrollen esos principios. La sentencia se leyó, pero su aplicación a la Ley 1952 se infiere de las notas y queda PENDIENTE DE VERIFICACIÓN. La lección práctica es que invocar «la violación de la transparencia» sin señalar la regla concreta infringida es un argumento débil.
Ejemplo colombiano 1: observaciones sin respuesta publicada
En febrero de 2026, una gobernación publica el proyecto de pliego de una licitación para dotar bibliotecas rurales. Cinco interesados presentan observaciones sobre un requisito de experiencia. La entidad abre el proceso sin publicar respuesta alguna. Primero, el artículo 8 de la Ley 1150 exige publicar las razones por las cuales se acogen o rechazan las observaciones. Segundo, el numeral 2 del artículo 24 de la Ley 80 garantiza la oportunidad de controvertir. Tercero, el silencio impide a los interesados saber si su crítica fue considerada. La omisión es una irregularidad de transparencia y puede fundar una observación al acto de apertura o una queja ante la Procuraduría.
Ejemplo colombiano 2: copias negadas por un criterio de conveniencia
Una veeduría ciudadana pide a un instituto municipal de deportes copia de las propuestas recibidas en una licitación ya cerrada. El jefe jurídico la niega porque «las ofertas son del contratista». El numeral 4 del artículo 24 obliga a expedir copias a quien demuestre interés legítimo, a su costa, con la sola excepción de la reserva legal de patentes, procedimientos y privilegios. La veeduría puede pedir copias de lo no reservado, y la entidad solo puede tachar lo que una norma de rango legal proteja.
Ejemplo colombiano 3: aviso con nombre propio del alcalde
Un municipio de Boyacá publica un aviso de convocatoria cuyo encabezado reza «Gestión del alcalde Pedro, obra de su administración». El numeral 9 del artículo 24 prohíbe referencias al nombre o cargo de un servidor en los avisos que anuncian la celebración o ejecución de contratos. El aviso es contrario a la norma, aunque no invalide por sí solo el proceso; corresponde retirarlo y reemplazarlo, y la conducta puede examinarse bajo el régimen disciplinario.