El Estatuto General de Contratación es la regla general, pero no es universal. Algunas entidades y algunos contratos quedan fuera de él por disposición legal, y precisar el fundamento de cada exclusión evita dos errores opuestos: aplicar el Estatuto a quien la ley exceptuó y creer que quien está exceptuado puede contratar sin reglas. El punto de partida es el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007: las entidades estatales que «por disposición legal» tengan un régimen contractual excepcional aplican, conforme a ese régimen, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de los artículos 209 y 267 de la Constitución y quedan sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la contratación estatal. La expresión «por disposición legal» es decisiva: en la lectura de este curso, que no es una regla expresa del texto, indica que la excepción necesita fuente legal y que un manual interno de contratación no basta para crearla.
La excepción más discutida es la de las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta. El artículo 14 de la Ley 1150, tal como lo reescribió el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, sujeta al Estatuto a las empresas industriales y comerciales, a las sociedades de economía mixta con participación estatal superior al cincuenta por ciento, a sus filiales y a las sociedades entre entidades públicas con participación mayoritaria, con una excepción: las que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado o público, nacional o internacional, o en mercados regulados, que se rigen por las normas aplicables a esas actividades, sin perjuicio del artículo 13. Se exceptúan además los contratos de ciencia y tecnología, remitidos a la Ley 29 de 1990, que no se leyó. El decreto reglamentario añade que las empresas que no están en situación de competencia usan la selección abreviada de menor cuantía para los contratos de su actividad industrial y comercial, salvo obra pública, consultoría, prestación de servicios, concesión, encargo fiduciario y fiducia pública. El artículo 93 de la Ley 489 de 1998 sujetaba esos contratos al Estatuto; la regla actual está en el artículo 14 de la Ley 1150. La Sentencia C-629 de 2003 completa el cuadro: las sociedades de economía mixta con participación estatal igual o inferior al cincuenta por ciento contratan con reglas de derecho privado, pero no desaparecen los principios de gestión de recursos públicos, que se hacen efectivos por el control fiscal y el administrativo.
Otras exclusiones tienen fuente propia. El artículo 15 de la Ley 1150 reescribe el parágrafo 1 del artículo 32 de la Ley 80 para sacar del Estatuto los contratos de los establecimientos de crédito, las compañías de seguros y las demás entidades financieras estatales. El artículo 16 hace lo propio con Satena, Indumil, el Hotel Tequendama, Cotecmar y la CIAC, y la Corte Constitucional se inhibió de decidir su constitucionalidad en la Sentencia C-259 de 2008. El artículo 76 de la Ley 80 deja los contratos de exploración y explotación de recursos naturales bajo su legislación especial. El artículo 93 de la Ley 30 de 1992 somete a derecho privado los contratos de las universidades estatales u oficiales, salvo empréstitos, y el artículo 94 exige para su validez, además, aprobación y registro presupuestal y publicación en el Diario Oficial. El numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993 rige en derecho privado la contratación de las empresas sociales del Estado, que pueden usar discrecionalmente las cláusulas exorbitantes del Estatuto. El artículo 31 de la Ley 142 de 1994, en la versión de la Ley 689 de 2001, excluye del Estatuto los contratos de las entidades estatales prestadoras de servicios públicos domiciliarios, con un parágrafo que sujeta al Estatuto, y a licitación pública, los contratos en que un ente territorial encarga a una empresa asumir o sustituir la prestación de uno o varios servicios. El artículo 20 de la Ley 1150 permite que los contratos financiados total o en al menos un cincuenta por ciento con fondos de organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacionales se sometan a los reglamentos de esas entidades, y prohíbe que las entidades estatales les entreguen la administración de sus recursos propios.
Algunas entidades que podrían parecer exceptuadas no lo están: las corporaciones autónomas regionales (artículo 24 de la Ley 1150) y las cooperativas y asociaciones de entidades territoriales y los entes solidarios de carácter público (artículo 10) están sometidas al Estatuto. En cambio, el Decreto 92 de 2017, visto en el subtema 13.1.1, reglamenta los contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro del artículo 355 de la Constitución, y su artículo 8 somete esa contratación a las normas generales de la contratación pública, salvo en lo que el propio decreto reglamenta.
La Ley 2195 de 2022 reforzó el mínimo común de los regímenes especiales. Su artículo 53 agregó al artículo 13 de la Ley 1150 la obligación de publicar los documentos de la actividad contractual, en todas sus etapas, en el SECOP II o la plataforma que haga sus veces, con transición de seis meses. Su artículo 56 ordena que las entidades sometidas al Estatuto que celebren contratos o convenios con entidades de régimen especial o de derecho privado apliquen los documentos tipo de Colombia Compra Eficiente, y que esos negocios se rijan por el Estatuto; el parágrafo exceptúa a las instituciones de educación superior públicas, las empresas sociales del Estado, las sociedades de economía mixta y las empresas industriales y comerciales, solo respecto de su giro ordinario.
El régimen exceptuado no cambia el juez natural. El numeral 2 del artículo 104 del CPACA asigna a la jurisdicción contencioso administrativa los procesos relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública; y el numeral 3 incluye los contratos de las prestadoras de servicios públicos domiciliarios en los que se incluyan o hayan debido incluirse cláusulas exorbitantes.
Para cada caso se sigue una secuencia: determinar la naturaleza jurídica de la entidad; buscar la ley que la exceptúa y su alcance; verificar la actividad concreta y el origen de los recursos; y aplicar siempre el piso del artículo 13. Cuándo una actividad está «en competencia» requiere jurisprudencia que no se leyó y queda PENDIENTE DE VERIFICACIÓN.
Ejemplo colombiano 1: empresa departamental de turismo que compra insumos
Una empresa industrial y comercial del departamento hipotética administra un hotel termal que compite con hoteles privados. En 2025 compra lencería y contrata cocineros para el hotel.
Conforme al artículo 14 de la Ley 1150, las empresas que desarrollan actividades comerciales en competencia con el sector privado se rigen por las normas aplicables a esas actividades, sin perjuicio del artículo 13. Estos contratos, que tocan el giro del hotel, se celebran con reglas de derecho privado, pero la empresa debe observar los principios de los artículos 209 y 267, las inhabilidades e incompatibilidades y la publicación en el SECOP II; y si hay controversia, conoce la jurisdicción contencioso administrativa.
Ejemplo colombiano 2: municipio que encarga a una empresa de servicios públicos asumir el acueducto
Un municipio hipotético quiere que una empresa oficial de servicios públicos asuma el acueducto, que operaba una empresa en liquidación. La alcaldía propone un contrato directo, apoyada en que el artículo 31 de la Ley 142 excluye del Estatuto los contratos de esas empresas.
La regla general del artículo 31 se refiere a los contratos que celebran las entidades prestadoras. El parágrafo del mismo artículo trata el caso contrario: los contratos en que el ente territorial encarga a la empresa asumir o sustituir la prestación se rigen por el Estatuto, y la selección debe hacerse previa licitación pública. Por eso la alcaldía no puede acudir a contratación directa con base en la exclusión.
Ejemplo colombiano 3: ministerio con un programa cofinanciado por un organismo de cooperación internacional
Un ministerio hipotético ejecuta un programa de reconstrucción de escuelas con fondos de un organismo de cooperación internacional que aporta el 60 por ciento, y con recursos propios en el resto. Propone entregar al organismo la administración de todo el presupuesto del programa.
El artículo 20 de la Ley 1150 permite someter a los reglamentos del organismo los contratos financiados en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento con fondos de organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacionales, y los recursos de contrapartida pueden recibir el mismo tratamiento. Pero prohíbe celebrar contratos para que un organismo de cooperación administre o gerencie los recursos propios o los asignados por los presupuestos públicos, de modo que la propuesta no es viable respecto del cuarenta por ciento de recursos propios. El ministerio debe, además, reportar la ejecución a los órganos de control y al SECOP, y las contralorías conservan el control fiscal.