La Ley 1150 de 2007, publicada en el Diario Oficial del 16 de julio de 2007, es la primera gran reforma al Estatuto. Su artículo 1 le asigna dos tareas: introducir modificaciones a la Ley 80 de 1993 y dictar disposiciones generales aplicables a toda contratación con recursos públicos. Esa segunda función explica que sus artículos 13 a 16 y 20 se ocupen también de entidades que no se rigen por el Estatuto. La vigencia fue escalonada: el artículo 33 la hizo regir seis meses después de la promulgación, salvo el artículo 6, sobre verificación de condiciones de los proponentes, que regiría a los dieciocho meses, y los artículos 9 y 17, que rigieron desde la promulgación. El artículo 31 conservó los procesos en curso bajo las normas vigentes al iniciarse.
El diseño central es el sistema de modalidades del artículo 2: licitación pública como regla general, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, esta última solo en los casos taxativos que la ley enumera. La contratación de mínima cuantía llegó después, como numeral 5, por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y hoy se lee en el texto del artículo 30 de la Ley 2069 de 2020, que la define como la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento de la menor cuantía de la entidad. El parágrafo 1 exige justificar, antes de abrir el proceso, los fundamentos jurídicos de la modalidad escogida. El detalle de cada modalidad pertenece al capítulo 13.5.
Alrededor de ese eje la ley instala los demás mecanismos. El artículo 5 define la selección objetiva como la escogencia del ofrecimiento más favorable a la entidad, sin afecto ni motivación subjetiva, y separa los requisitos habilitantes, que se verifican como cumple o no cumple, de los factores de escogencia, que dan puntaje. El artículo 6 creó el registro de proponentes en las cámaras de comercio, en el texto dado por el artículo 221 del Decreto 19 de 2012; el artículo 7 regula las garantías, el 8 la publicación de proyectos de pliegos y estudios previos, el 9 la adjudicación en audiencia pública, el 11 la liquidación de los contratos y el 17 el debido proceso sancionatorio. El artículo 12, hoy en el texto de la Ley 2069 de 2020, habilita convocatorias limitadas a Mipyme y otros mecanismos de promoción.
Las decisiones de la Corte Constitucional sobre esta ley dejaron enseñanzas de sistema. En la Sentencia C-259 de 2008 la Corte declaró exequible el inciso primero del artículo 6, exequible la expresión sobre publicidad del artículo 3 y la del artículo 21 sobre desconcentración, inexequible el artículo 30 y se inhibió sobre el artículo 16 y el parágrafo 3 del artículo 6. En la Sentencia C-439 de 2016, la Corte declaró inexequible la frase del inciso tercero del artículo 32 que decía que las normas del Estatuto preferían a cualquier otra sobre la materia, salvo las estatutarias u orgánicas, y que su derogatoria solo podía hacerse de manera expresa. Su razón fue que el Estatuto es una ley ordinaria y que el legislador ordinario no puede limitar al legislador futuro: al Congreso le corresponde interpretar, reformar y derogar las leyes, y esa potestad solo la restringe la Constitución o la ley orgánica. La Sentencia C-474 de 2016 se estuvo a lo resuelto. La consecuencia práctica es que una ley ordinaria posterior puede modificar el Estatuto aunque no lo mencione, y que verificar su vigencia exige comparar fechas y contenidos, no confiar en una supuesta prevalencia.
La Ley 1882 de 2018, publicada el 15 de enero de 2018, se presenta como una ley para fortalecer la contratación pública y la de infraestructura. En la parte que modifica el Estatuto, su artículo 1 adicionó los parágrafos 2 y 3 del artículo 30 de la Ley 80: en las licitaciones de obra pública la oferta se presenta en dos sobres, uno con requisitos habilitantes y factores con puntaje distintos del precio, y otro con la propuesta económica, y el informe de evaluación del primer sobre debe permanecer publicado cinco días hábiles para observaciones. El artículo 2 reescribió la responsabilidad de consultores, asesores e interventores del artículo 53 de la Ley 80. El artículo 4 ordenó adoptar documentos tipo para obras públicas e interventorías; esa norma quedó incorporada como parágrafo 7 del artículo 2 de la Ley 1150, que la Ley 2022 de 2020 modificó para que Colombia Compra Eficiente adopte documentos tipo obligatorios.
El aporte más sensible de la Ley 1882 está en su artículo 5, que modificó el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 y agregó los parágrafos 3 a 5. La falta de requisitos o documentos no necesarios para comparar las ofertas no es causal suficiente de rechazo; los requisitos que no afectan el puntaje deben solicitarse y entregarse hasta el término de traslado del informe de evaluación, so pena de rechazo, y durante ese término no se pueden acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre. En cambio, la no entrega de la garantía de seriedad con la propuesta no es subsanable. Además, las entidades deben aceptar la experiencia adquirida con contratos con particulares. El artículo 6 agregó que no es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para publicar el proyecto de pliego. El resto de la ley, artículos 7 a 20, modifica leyes de infraestructura y asociaciones público privadas, y su artículo 21 mantiene los procesos en curso bajo las normas con las que iniciaron.
La lectura conjunta se hace en capas. La Ley 80 contiene el marco y las prerrogativas; la Ley 1150 introduce modalidades, requisitos habilitantes, garantías y reglas de transparencia; la Ley 1882 afina subsanabilidad, documentos tipo y publicación del informe de evaluación; y las leyes posteriores, estudiadas en el subtema 13.1.5, vuelven a tocar esos mismos artículos. Por eso, al citar una regla de selección conviene escribir el artículo y la ley que le dio su redacción actual, y no solo la ley en que nació.
Ejemplo colombiano 1: proponente que omite un certificado y lo entrega durante el traslado
En una licitación pública hipotética de una gobernación para construir un puente, un oferente no incluyó en su propuesta el certificado de existencia y representación legal de una sociedad integrante, que no otorga puntaje. La entidad se lo solicita y el oferente lo entrega dentro del término de traslado del informe de evaluación.
Según el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150, tal como lo modificó la Ley 1882, la falta de documentos no necesarios para comparar las ofertas no justifica el rechazo, y los requisitos que no afectan el puntaje pueden entregarse hasta el traslado del informe de evaluación. Como el certificado llegó dentro de ese término y acredita una situación existente al cierre, la oferta no puede rechazarse por ese motivo.
Ejemplo colombiano 2: garantía de seriedad que llega después del cierre
Otro oferente, en la misma licitación, entregó su oferta el día del cierre sin la garantía de seriedad. Una semana después, durante el traslado del informe, presenta una póliza con fecha anterior al cierre y pide que se la reciban como subsanación.
El parágrafo 3 del artículo 5 de la Ley 1150, adicionado por el artículo 5 de la Ley 1882, dispone que la no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no es subsanable y causa el rechazo. La fecha de expedición de la póliza no cambia que no fue entregada con la oferta, por lo que la entidad debe rechazar la oferta y no puede abrir una oportunidad que la ley niega.
Ejemplo colombiano 3: liquidación de un contrato de suministro sin plazo pactado
Una alcaldía hipotética celebró un contrato de suministro cuyo plazo de ejecución terminó en 2024, y el contrato y el pliego no fijaron término para liquidar. La contratista no se presentó a la convocatoria de liquidación.
El artículo 11 de la Ley 1150 dispone que, sin término pactado, la liquidación de mutuo acuerdo se hace dentro de los cuatro meses siguientes a la expiración del plazo de ejecución. Si el contratista no se presenta o no hay acuerdo, la entidad puede liquidar unilateralmente dentro de los dos meses siguientes. Vencidos esos plazos, aún puede liquidarse de mutuo acuerdo o unilateralmente dentro de los dos años siguientes, sin perjuicio de la norma procesal que el propio artículo cita.