La Constitución Política no dedica un título a la contratación estatal, y por eso conviene leerla como un conjunto de reglas dispersas que cumplen cuatro funciones: distribuyen la competencia de normar, fijan los principios de la actuación, reparten entre autoridades la facultad de contratar y establecen prohibiciones y controles. La primera es el último inciso del artículo 150, según el cual compete al Congreso expedir el estatuto general de contratación de la administración pública y en especial de la administración nacional. En la Sentencia C-374 de 1994, al decidir sobre varios artículos de la Ley 80 de 1993, la Corte Constitucional señaló que el Congreso ejerció esa competencia al dictar esa ley y resolvió una aparente contradicción con el artículo 352: la ley orgánica del presupuesto puede definir la capacidad de contratar para efectos de la ejecución presupuestal, mientras que el estatuto determina concretamente qué funcionarios contratan en nombre de cada entidad. La Sentencia C-439 de 2016 recuerda, al citar la C-449 de 1992, que ese inciso encierra dos habilitaciones: un estatuto general para todas las entidades del Estado y uno especial para la Nación.
Que la competencia legislativa sea del Congreso no significa que la ley agote la regulación. El numeral 11 del artículo 189 atribuye al Presidente la potestad reglamentaria para la cumplida ejecución de las leyes, y de ahí nace el decreto reglamentario que se estudia en el subtema 13.1.4. El numeral 23 del mismo artículo dispone que el Presidente celebra los contratos que le correspondan con sujeción a la Constitución y a la ley, de modo que quien contrata a nombre de la Nación no escribe el régimen al que está sometido. La Sentencia C-259 de 2008 muestra el alcance práctico de esa jerarquía: declaró inexequible el artículo 30 de la Ley 1150 de 2007, que autorizaba al Gobierno a compilar las leyes de contratación, porque la compilación solo habría podido hacerse por decreto ejecutivo, norma de rango inferior a las leyes compiladas, sin facultades extraordinarias del artículo 150, numeral 10.
El artículo 209 aporta los principios de la función administrativa: igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, que se cumplen mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración, con coordinación entre autoridades y control interno. No son un adorno interpretativo. La Ley 80 de 1993 manda desarrollar las actuaciones contractuales conforme a los postulados de la función administrativa, y el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 impone esos principios, junto con los de la gestión fiscal del artículo 267, incluso a las entidades que por ley tienen un régimen contractual excepcional. Esa extensión se retoma en el subtema 13.1.6.
La Constitución también reparte la facultad de contratar. Para el nivel territorial, el numeral 9 del artículo 300 asigna a las asambleas la función de autorizar al gobernador para celebrar contratos, y el numeral 3 del artículo 313 hace lo propio con los concejos respecto del alcalde, a quien el numeral 3 del artículo 315 encarga dirigir la acción administrativa del municipio. El Estatuto General señala a gobernadores y alcaldes entre quienes tienen competencia para celebrar contratos a nombre de la entidad, pero el alcance y los casos en que la autorización de la corporación es exigible dependen de leyes territoriales que no se leyeron para esta ficha y quedan PENDIENTES DE VERIFICACIÓN.
Otro grupo de normas constitucionales limita a quién se puede contratar y por quién. El artículo 126, tal como lo modificó el Acto Legislativo 2 de 2015, prohíbe a los servidores públicos, en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular y contratar con personas con las que tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quienes estén ligados por matrimonio o unión permanente; añade que tampoco pueden celebrar contratos estatales con quienes hubieren intervenido en su postulación o designación. El artículo 127 prohíbe a los servidores públicos celebrar, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno con entidades públicas o con privados que administren recursos públicos, salvo excepciones legales. Para los congresistas, el numeral 3 del artículo 179 establece como inhabilidad haber intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas o en la celebración de contratos con ellas dentro de los seis meses anteriores a la elección, y el artículo 180 declara incompatible gestionar asuntos o celebrar contratos con entidades públicas, con las excepciones que fije la ley. La Ley 80 de 1993 desarrolla este bloque, que se profundiza en el capítulo 13.3.
El control fiscal ocupa el artículo 267, modificado por el Acto Legislativo 4 de 2019. Mantiene el control posterior y selectivo y admite, además, uno preventivo y concomitante que se hace en tiempo real mediante el seguimiento de los ciclos de ejecución y contratación de los recursos públicos. El mismo artículo precisa que ese control es excepcional, no vinculante, no implica coadministración y se ejerce como advertencia al gestor fiscal, y que su ejercicio y coordinación corresponden exclusivamente al Contralor General en materias específicas. Por su parte, el artículo 273 permite que cualquier proponente solicite que la adjudicación de una licitación se haga en audiencia pública; la Ley 1150 de 2007 la volvió obligatoria en la licitación pública.
Finalmente, el artículo 355 prohíbe los auxilios y donaciones a particulares, pero permite al Gobierno, con recursos de los presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad para impulsar programas de interés público acordes con los planes de desarrollo. La habilitación es para contratar, no para regalar, y la reglamentó el Decreto 92 de 2017. Ese decreto exige que el contrato no comporte una relación conmutativa con contraprestación directa a favor de la entidad y ordena un proceso competitivo cuando más de una entidad ofrezca el programa. La compilación registra que los literales a) y c) y un inciso del artículo 2, y el inciso final del artículo 4, fueron suspendidos provisionalmente por el Consejo de Estado en 2019 y que esa suspensión se confirmó en 2022, mientras que la suspensión del inciso segundo de los artículos 1 y 3 se levantó en ese mismo año; las providencias no se leyeron, ni se sabe si hubo decisión de fondo, de manera que su estado actual queda PENDIENTE DE VERIFICACIÓN.
Ejemplo colombiano 1: contrato con el cuñado de un secretario de despacho
El secretario de infraestructura de una gobernación hipotética, el 14 de marzo de 2025, firma un contrato de prestación de servicios con un ingeniero casado con su hermana. Los vínculos son de afinidad: el ingeniero es su cuñado, es decir, pariente por afinidad en segundo grado.
El artículo 126 de la Constitución prohíbe a los servidores públicos, en ejercicio de sus funciones, contratar con personas con las que tengan parentesco hasta el segundo grado de afinidad. El secretario actúa como servidor público y en ejercicio de sus funciones, y el parentesco entra en el rango prohibido, de modo que la prohibición constitucional se configura por el vínculo y el acto de contratar, y la Ley 80 de 1993 desarrolla sus consecuencias.
Ejemplo colombiano 2: fundación que pide un aporte para su campaña cultural
Una alcaldía hipotética recibe de una fundación juvenil sin ánimo de lucro una solicitud de 80 millones de pesos como aporte para su festival. La fundación no ofrece nada a cambio y la alcaldía quiere girar el dinero por acuerdo del concejo.
El artículo 355 prohíbe decretar auxilios o donaciones a favor de entidades privadas, de modo que el giro gratuito no es posible. La alternativa constitucional es un contrato con una entidad sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad para un programa de interés público acorde con el plan de desarrollo. Según el Decreto 92 de 2017, la alcaldía debería justificar la idoneidad, evitar una relación conmutativa y abrir un proceso competitivo si otra entidad ofrece el mismo programa; lo que figura suspendido provisionalmente en la compilación no se aplica como regla segura.
Ejemplo colombiano 3: advertencia de la Contraloría sobre una licitación en curso
La Contraloría General de la República comunica, el 2 de septiembre de 2025, una advertencia a una entidad hipotética porque considera que los estudios previos de una licitación de obra carecen de soporte de precios. La gerente piensa que la advertencia la obliga a suspender el proceso.
Conforme al artículo 267, el control concomitante y preventivo es excepcional, no vinculante, no implica coadministración y se ejerce como advertencia al gestor fiscal. La gerente debe valorar la advertencia, responder y dejar constancia de sus razones, pero no está obligada a suspender ni a cambiar la decisión; si la desatiende sin fundamento, el riesgo recae sobre ella en el control posterior.