El Decreto 1082 de 2015, expedido el 26 de mayo de 2015, es el Decreto Único Reglamentario del sector administrativo de Planeación Nacional. Su fundamento es la potestad reglamentaria del numeral 11 del artículo 189 de la Constitución, y sus considerandos explican que compila normas reglamentarias preexistentes, razón por la cual no requirió consulta previa. No es una ley ni un segundo estatuto, y en la jerarquía de fuentes ocupa el escalón del reglamento: desarrolla lo que la ley dispuso, sin poder contradecirla. Su artículo 2.1.1.1 dice que su objeto es compilar la normatividad reglamentaria expedida por el Gobierno para la cumplida ejecución de las leyes del sector, y el artículo 3.1.1 deroga integralmente las disposiciones reglamentarias del sector sobre las materias que regula, con algunas excepciones que enumera.
El decreto se cita por numeración decimal. La contratación estatal está en el Libro 2, Parte 2, Título 1, cuyos artículos empiezan por 2.2.1. Ese título tiene dos capítulos. El Capítulo 1, «Sistema de compras y contratación pública», trae en su sección primera los conceptos básicos: objetivos del sistema, partícipes, definiciones, Plan Anual de Adquisiciones, Registro Único de Proponentes, análisis del sector y publicidad; y en la sección segunda la estructura de los documentos del proceso, ordenada por planeación, selección, contratación y ejecución. El Capítulo 2 contiene las disposiciones especiales: reglas por modalidad de selección, enajenación de bienes del Estado, garantías, acuerdos comerciales e incentivos, contratos con organismos internacionales, Colombia Compra Eficiente y los documentos tipo de obra pública de transporte. El Título 2 reglamenta las asociaciones público privadas de la Ley 1508 de 2012. Debajo de cada artículo compilado el texto indica su origen, que en el Título 1 es en buena medida el Decreto 1510 de 2013.
Su ámbito está en el artículo 2.1.1.2, que el Decreto 1676 de 2016 reescribió para que el decreto aplique a las entidades del sector Planeación, a las demás entidades estatales, a las personas jurídicas públicas y privadas y a las personas naturales a las que se refiere. Las definiciones del artículo 2.2.1.1.1.3.1 aclaran términos que aparecen en toda la normativa: Entidad Estatal es cada una de las entidades del artículo 2 de la Ley 80, de los artículos 10, 14 y 24 de la Ley 1150 y las que por ley deban aplicar esas leyes; los Documentos del Proceso son los estudios previos, el aviso de convocatoria, los pliegos o la invitación, las adendas, la oferta, el informe de evaluación y el contrato; y Colombia Compra Eficiente es la Agencia Nacional de Contratación Pública creada por el Decreto-ley 4170 de 2011.
El decreto cumple funciones reglamentarias típicas. Detalla obligaciones que la ley enuncia: la entidad debe publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos dentro de los tres días siguientes a su expedición (artículo 2.2.1.1.1.7.1), debe elaborar y publicar un Plan Anual de Adquisiciones que no la obliga a adelantar todos los procesos que enumera (2.2.1.1.1.4.1 a 2.2.1.1.1.4.4), y debe cumplir las reglas del registro de proponentes, entre ellas el envío mensual a las cámaras de comercio de las multas, sanciones e inhabilidades (2.2.1.1.1.5.7). También precisa el contenido mínimo de los pliegos de condiciones y la forma de determinar la oferta más favorable, desarrollando el artículo 5 de la Ley 1150.
Los límites de la facultad reglamentaria aparecen en las propias notas de vigencia. La compilación registra que los artículos 158 y 160 del Decreto 1510 de 2013, compilados como 2.2.1.2.5.1 y 2.2.1.2.5.3, fueron declarados nulos por el Consejo de Estado, Sección Tercera, en una sentencia del 3 de abril de 2020 (así la fechan las notas de la Ley 489 de 1998 y la mayoría de las del decreto; una nota del decreto la registra como 03/05/2020), y apartes del artículo 159, compilado como 2.2.1.2.5.2, en una del 11 de abril de 2019. La nota transcribe el razonamiento de que el Presidente no puede trasladar a Colombia Compra Eficiente la potestad de reglamentar con efecto obligatorio. Esas sentencias no se leyeron completas, de modo que el alcance exacto de la nulidad queda PENDIENTE DE VERIFICACIÓN; sirve como advertencia de método: la vigencia de un artículo del decreto debe confirmarse con sus notas y no se presume por estar compilado. Algo similar ocurre con el artículo 2.2.1.1.2.2.9, sobre factores de desempate, que la compilación muestra derogado por el artículo 8 del Decreto 1860 de 2021.
Su actualización es constante. El Decreto 142 de 2023 modificó la definición de acuerdo marco de precios, el Plan Anual de Adquisiciones y otras normas para promover el acceso de las Mipyme y de la economía solidaria e incorporar criterios sociales y ambientales; el Decreto 442 de 2022 agregó artículos sobre soluciones innovadoras y diálogo técnico; y el Decreto 997 de 2026, publicado en el Diario Oficial del 5 de agosto de 2026, modifica el decreto en materia de compra pública sostenible, caución para impugnar el RUP, información sobre multas e inhabilidades, cláusulas anticorrupción y verificación de listas internacionales. Su artículo 14 distingue dos regímenes de vigencia. Los artículos 2, 3, 8 y 11 rigen desde el día siguiente a la publicación. Los demás, entre ellos los de planeación estratégica, ciclo de vida, estudios previos y oferta más favorable, entran de forma progresiva: seis meses para las entidades del orden nacional, los distritos especiales y las corporaciones autónomas regionales, entre otras; nueve para los departamentos de categoría especial y primera y los municipios de categorías especial, primera y segunda; doce para los departamentos de categorías segunda y tercera y los municipios de categorías tercera y cuarta; y quince para los departamentos de categoría cuarta, los municipios de categorías quinta y sexta y las demás entidades sometidas al Estatuto. Se aplican a los procesos cuyo aviso de convocatoria se publique después de la entrada en vigencia, y una entidad puede adoptarlos anticipadamente solo si lo hace en su integridad.
Una última distinción evita confusiones: el Decreto 1082 no es el único reglamento. Hay decretos autónomos, como el Decreto 92 de 2017 sobre el artículo 355, y hay actos de Colombia Compra Eficiente, como manuales y guías, que no tienen la jerarquía del decreto. Además, el reglamento cede ante la ley: cuando una ley regula directamente una materia, como los factores de desempate en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, el reglamento no puede contradecirla.
Ejemplo colombiano 1: Plan Anual de Adquisiciones con obras que no se ejecutan
Un municipio hipotético publicó en enero de 2025 su Plan Anual de Adquisiciones con tres obras, una de ellas un acueducto veredal. En junio el concejo prioriza una vía y el alcalde decide no abrir el proceso del acueducto. Un concejal sostiene que el plan obliga a adjudicarlo.
El artículo 2.2.1.1.1.4.2 del decreto dice que el plan no obliga a las entidades a efectuar los procesos de adquisición que enumera, así que no hay incumplimiento. Pero para incluir la nueva vía la entidad debe actualizar el plan, porque el artículo 2.2.1.1.1.4.4 lo exige cuando se incluyen obras, bienes o servicios, y publicar la actualización en su página web y en el SECOP.
Ejemplo colombiano 2: aviso de convocatoria de un municipio pequeño en noviembre de 2026
Un municipio hipotético de categoría sexta publica el 12 de noviembre de 2026 el aviso de una selección abreviada. El jefe jurídico duda si debe aplicar las reglas del Decreto 997 de 2026, publicado el 5 de agosto de ese año.
El artículo 14 de ese decreto separa dos grupos. Cuatro de sus artículos, el 2, el 3, el 8 y el 11, ya rigen, de modo que el pliego debe incluir las cláusulas y el compromiso anticorrupción de la versión modificada del artículo 2.2.1.1.2.1.3. En cambio, las medidas de ciclo de vida y planeación estratégica llegan a los municipios de categoría sexta quince meses después de la publicación, por lo que aún no obligan a esa entidad, que puede adoptarlas en su integridad si quiere.
Ejemplo colombiano 3: la propuesta de compilar la ley por decreto
Un asesor del departamento de planeación de una gobernación hipotética propone que el Gobierno expida un decreto que compile las Leyes 80 y 1150 en un solo «Estatuto General» con nueva numeración, para facilitar su consulta.
La Sentencia C-259 de 2008 declaró inexequible la autorización del artículo 30 de la Ley 1150 para hacerlo, porque la compilación solo podía hacerse por decreto ejecutivo, de rango inferior a las leyes compiladas. El Decreto 1082, por su parte, compila solo normas reglamentarias. Por eso la propuesta no es viable por esa vía; la consulta unificada puede hacerse con compilaciones informativas, pero el texto oficial seguirá siendo el de cada ley.