El artículo 269 del CPACA, en la versión de la Ley 2080 de 2021, artículo 77, abre la intervención del Consejo de Estado cuando se niega la extensión de los efectos de una sentencia de unificación o la autoridad guardó silencio en los términos del artículo 102. El interesado debe actuar a través de apoderado y mediante escrito razonado en el que evidencie que se encuentra en situación de hecho y de derecho similar a la del demandante al que la sentencia de unificación reconoció el derecho. El plazo para acudir es el que fija el artículo 102: treinta días siguientes a la negativa o al silencio. La Sentencia C-588 de 2012 explicó que esta etapa completa la figura: la decisión de la administración no es definitiva, porque el interesado puede propiciar la intervención del máximo órgano de lo contencioso administrativo, cuya decisión resulta obligatoria para aquella.
El escrito debe ir acompañado de la copia de la actuación surtida ante la autoridad competente y de la manifestación, bajo la gravedad del juramento, de que el peticionario no ha acudido a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para obtener el reconocimiento del derecho que pretende. El juramento se entiende prestado con la sola presentación de la solicitud. Estos dos anexos muestran el carácter subsidiario del trámite: presupone que antes se agotó la vía administrativa de la extensión y que el interesado no escogió simultáneamente la vía ordinaria.
La admisión sigue un orden preciso. Si el escrito no cumple los requisitos, se inadmite para que se corrija en los diez días siguientes, y si no se corrige se rechaza la solicitud. Aparte de esa inadmisión, el ponente rechaza de plano la petición en seis supuestos: que el peticionario ya hubiera acudido a la jurisdicción para obtener el derecho; que se haya presentado extemporáneamente; que se pida extender una sentencia que no sea de unificación; que la sentencia de unificación invocada no sea de aquellas que reconocen un derecho; que haya operado la caducidad del medio de control procedente o la prescripción total del derecho reclamado; y que se establezca que no procede la extensión por no existir o no estar acreditada la similitud con la sentencia invocada. El artículo 246 del mismo código, tal como lo modificó la Ley 2080 en su artículo 66, prevé el recurso de súplica contra los autos del ponente que rechacen de plano la extensión.
Si la solicitud cumple los requisitos se admite, y del escrito se corre traslado a la entidad frente a la cual se pide la extensión y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por el término común de treinta días, para que aporten las pruebas que consideren pertinentes. La entidad y la Agencia solo podrán oponerse a la extensión por las mismas razones del artículo 102. Esa limitación es importante: no basta invocar razones presupuestales, discrepancias generales o dificultades administrativas; la oposición se mueve dentro de los fundamentos que la ley reconoce para negar. La C-588 de 2012, en su motivación, entendió en ese sentido que la negación administrativa y la oposición proceden por las causales de los numerales 1 y 2 del artículo 102.
Vencido el traslado, las partes y el Ministerio Público pueden presentar alegaciones escritas en el término común de diez días, sin necesidad de auto que lo ordene. Dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de ese término se decide la petición. Cuando resulte pertinente se convoca a audiencia de alegatos, en la que se adopta la decisión, y a ella se puede ordenar la presencia del funcionario de la entidad que tenga la competencia para decidir el asunto, quien está obligado a asistir so pena de incurrir en falta grave. El artículo 125 atribuye a las salas, secciones y subsecciones la decisión de fondo de las solicitudes de extensión de jurisprudencia. Qué sección conoce según el reglamento y la especialidad no se verificó y queda PENDIENTE DE VERIFICACIÓN.
Si la solicitud se estima procedente, la Sala ordena por escrito la extensión de la jurisprudencia y el reconocimiento del derecho, y la decisión tiene los mismos efectos del fallo extendido. Cuando el reconocimiento implica un derecho patrimonial que deba liquidarse, la liquidación se hace en la misma decisión con base en las pruebas aportadas. Si no hay acervo probatorio suficiente, la decisión se dicta en abstracto, y la liquidación se hace, a petición del interesado, mediante el trámite incidental del artículo 193 del código para la liquidación de condenas. El peticionario promueve el incidente dentro de los treinta días siguientes a la ejecutoria de la decisión que ordenó la extensión, ante la autoridad judicial que habría sido competente para conocer del medio de control relacionado con el asunto. Contra la decisión que liquida procede reposición, exclusivamente por desacuerdo con el monto.
Si la solicitud se niega, el interesado puede acudir a la autoridad para que resuelva de fondo el asunto según las reglas generales, si no lo había hecho antes, y esa decisión puede ser objeto de nulidad y restablecimiento del derecho cuando proceda. Si ya existía decisión administrativa de fondo, o si el medio de control procedente no requiere pronunciamiento expreso de la entidad, la ejecutoria de la providencia que niega la extensión reanuda el término para demandar. Así se explica por qué el trámite no destruye la vía ordinaria: la suspende, y la reanuda cuando termina.
El artículo agrega dos reglas. Si el Consejo de Estado encuentra que la solicitud es manifiestamente improcedente, condena en costas al peticionario. Y la sola decisión sobre extensión de jurisprudencia no es causal de impedimento ni de recusación del funcionario judicial.
La reforma de 2021 transformó el procedimiento. El texto anterior, en la versión que le dio el artículo 616 del Código General del Proceso, corría traslado por treinta días a la administración y a la Agencia, y fijaba audiencia dentro de los quince días siguientes para escuchar alegatos y decidir. La Ley 2080 derogó ese artículo 616 y adoptó un diseño más escrito, con inadmisión, causales de rechazo de plano, alegatos escritos, plazo de decisión, audiencia solo cuando resulte pertinente y liquidación en la misma providencia. El artículo 86 de la Ley 2080 aplica sus reglas de competencia a demandas presentadas un año después de su publicación. Cómo se aplicó esa transición a las solicitudes presentadas cerca de la reforma queda PENDIENTE DE VERIFICACIÓN.
Ejemplo colombiano 1: escrito presentado fuera de plazo
Una secretaría de educación niega el 10 de marzo de 2026 la extensión pedida por un docente. Su apoderado presenta el escrito razonado ante el Consejo de Estado a finales de mayo, cuando ya transcurrieron más de treinta días desde la negativa. El ponente verifica la oportunidad: el artículo 102 fija treinta días para acudir, y el artículo 269 manda rechazar de plano la petición presentada extemporáneamente. El apoderado puede interponer súplica contra ese auto, pero la discusión se limita a si realmente transcurrió el plazo.
Ejemplo colombiano 2: oposición por razones que la ley no admite
Un hospital público, convocado al trámite, se opone a la extensión alegando que reconocer el derecho afectaría su presupuesto del año y que carece de recursos disponibles. El Consejo de Estado examina la oposición con la regla del artículo 269: la entidad solo puede oponerse por las mismas razones del artículo 102, es decir, por la necesidad de una etapa probatoria o por la diferencia entre la situación del solicitante y la resuelta en la sentencia. La insuficiencia presupuestal no es una de ellas, y no basta para impedir la extensión.
Ejemplo colombiano 3: extensión con liquidación en abstracto
La Sala ordena extender una sentencia de unificación a una exempleada de una empresa social del Estado y reconoce su derecho, pero el expediente no contiene las pruebas necesarias para calcular el valor. Dicta entonces la decisión en abstracto. La peticionaria dispone de treinta días desde la ejecutoria para promover el incidente del artículo 193 ante la autoridad judicial que habría sido competente para el medio de control del asunto. Contra la decisión que liquide solo podrá interponerse reposición por desacuerdo con el monto.