El inciso primero del artículo 102 del CPACA, en la redacción de la Ley 2080 de 2021, artículo 17, impone a las autoridades un deber: extender los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado, en la que se haya reconocido un derecho, a quienes lo soliciten y acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos. El deber nace de una petición y no opera de oficio. La Sentencia C-816 de 2011 declaró exequibles los incisos primero y séptimo del texto original, entendiendo que las autoridades, al extender los efectos de esas sentencias e interpretar las normas constitucionales base de sus decisiones, deben observar con preferencia los precedentes de la Corte Constitucional. Esa condición aparece como nota de vigencia en los incisos del texto actual cuyo contenido coincide con el original.
La Corte fundó la constitucionalidad del deber en la igualdad de trato que debe la administración a las personas (Constitución, artículos 13 y 209) y en la legalidad, porque la voluntad del legislador es la que obliga a aplicar el precedente. Explicó también que «autoridad» tiene aquí un sentido funcional: es todo titular de función administrativa, sin importar la rama, el órgano autónomo o el nivel territorial, e incluye a los particulares que cumplen esas funciones, de acuerdo con el artículo 2 del Código. Por eso el deber alcanza a un ministerio, a una gobernación, a una caja de previsión y a un particular que ejerza función pública administrativa.
La petición se presenta ante la autoridad legalmente competente para reconocer el derecho. No se dirige al Consejo de Estado, que interviene después y solo si la autoridad niega o calla, ni necesariamente a la entidad que fue demandada en el proceso que dio origen a la sentencia de unificación. La competencia se determina por la relación sustancial del peticionario: quien tendría que reconocer la prestación, el salario, la indemnización o el derecho que reclama si su pretensión prosperara. Este criterio evita que la extensión se convierta en un camino distinto del ordinario: lo que cambia es la fuente de la que la autoridad extrae el criterio de decisión, no quién decide.
El texto subordina la petición a un límite: que la pretensión judicial no haya caducado. El artículo 164 establece, por ejemplo, que la nulidad y restablecimiento del derecho se demanda dentro de los cuatro meses siguientes al día de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto, salvo las excepciones de otras disposiciones, y que ciertas demandas, como las dirigidas contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, pueden presentarse en cualquier tiempo. Para extender una sentencia de unificación hay que establecer qué medio de control tendría el interesado y si su término sigue vigente. Qué ocurre cuando el interesado nunca recibió un acto formal sobre su situación depende del medio de control aplicable y no se desarrolla aquí.
Como contrapeso, la solicitud de extensión suspende los términos para presentar la demanda que procediere. Es un inciso que el texto compilado marca como condicionalmente exequible por la sentencia C-816 de 2011. Los términos se reanudan al vencimiento de los treinta días que el interesado tiene para acudir al Consejo de Estado, si decide no hacerlo, o conforme a lo dispuesto en el artículo 269 si acude. La suspensión protege al peticionario de perder la vía judicial mientras espera la respuesta, pero no revive una pretensión ya caducada: el artículo exige que la caducidad no haya operado al momento de pedir.
El artículo 102 prevé el caso del peticionario que antes presentó una petición con el mismo propósito sin invocar la extensión. Debe indicarlo, y al resolverse la solicitud de extensión se entiende resuelta la primera. La regla evita dos trámites paralelos sobre una misma pretensión y asegura que la respuesta a la segunda petición cubra lo pedido en la primera. Quien oculta una petición previa compromete la claridad de la actuación y puede dar a la autoridad un motivo para sostener que no se cumplieron los presupuestos de la solicitud.
Aunque el artículo 102 trae sus requisitos propios, la petición sigue siendo una petición. El artículo 16 de la Ley 1755 de 2015 exige designar la autoridad, identificar al solicitante, indicar el objeto y las razones, relacionar los documentos y firmar cuando corresponda, y su parágrafo 1 prohíbe estimar incompleta una petición por falta de documentos que se encuentren en los archivos de la autoridad. El artículo 17 de esa ley autoriza a la autoridad a requerir al peticionario, dentro de los diez días siguientes a la radicación, para que complete la petición en el término máximo de un mes, y reactiva el término de decisión cuando se aportan los documentos. El plazo general de quince días del artículo 14 cede ante la norma especial de treinta días del artículo 102.
El Código General del Proceso añadió una exigencia a las entidades públicas. Su artículo 614 dispone que, para resolver las peticiones de extensión a que se refieren los artículos 10 y 102 del CPACA, deben solicitar concepto previo a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; la Agencia informa en diez días si rendirá el concepto y debe emitirlo en un máximo de veinte. La Ley 2080 derogó los artículos 612 y 616 de ese código, pero la compilación consultada no marca el 614 como derogado, y el editor de la compilación lo transcribe en una nota del artículo 102 para su interpretación. Cómo se articula hoy la remisión del artículo 614 al plazo de treinta días con la numeración actual del artículo 102, y qué orientan las circulares de la Agencia, quedan PENDIENTE DE VERIFICACIÓN.
También hay interlocutores distintos del peticionario. El numeral 6 del artículo 303 faculta al Ministerio Público para solicitar la aplicación de la extensión de la jurisprudencia. Y el parágrafo 2 del artículo 269 excluye el mecanismo cuando la materia no es de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo según los artículos 104 y 105, lo que incide en la petición: no puede pedirse la extensión de una sentencia de unificación de lo contencioso administrativo para un asunto que esa jurisdicción no conoce.
En la práctica, antes de radicar conviene verificar cinco puntos en este orden: que la providencia sea de unificación, que haya reconocido un derecho, que el solicitante esté en la misma situación fáctica y jurídica, que la pretensión judicial siga vigente y que la petición se dirija a la autoridad con competencia para reconocer el derecho. La falla en cualquiera de ellos conduce a una respuesta negativa o, peor, a una pérdida de tiempo.
Ejemplo colombiano 1: petición presentada cuando la demanda ya caducó
Un exfuncionario de una empresa social del Estado pide en 2026 que se le extienda una sentencia de unificación que reconoció un derecho salarial a otros trabajadores. El acto que le negó ese reconocimiento se le notificó en 2024, y nunca demandó. La entidad aplica el artículo 102: la petición exige que la pretensión judicial no haya caducado, y el plazo ordinario de cuatro meses para la nulidad y restablecimiento ya se agotó. Salvo que otra disposición cree una excepción, la autoridad puede negar la solicitud porque no se cumple un presupuesto de procedencia que el propio artículo 102 exige verificar, sin entrar a comparar los hechos.
Ejemplo colombiano 2: lo que ocurre con el término mientras se espera
A una exdocente le quedan cuarenta días del término de caducidad cuando radica la solicitud de extensión ante la secretaría de educación. La solicitud suspende el término. La secretaría niega a los veinte días y la peticionaria decide no acudir al Consejo de Estado. Según el artículo 102, el término se reanuda al vencimiento de los treinta días para acudir a esa corporación, y a la peticionaria le restan los cuarenta días que tenía al radicar. Si acudiera al Consejo de Estado, la reanudación se regiría por el artículo 269.
Ejemplo colombiano 3: la petición previa sin citar la sentencia
Un pensionado radicó en enero ante un fondo de previsión territorial una petición para que le reliquidaran su mesada, sin invocar ninguna sentencia. En marzo conoce una sentencia de unificación y presenta una solicitud de extensión ante la misma entidad. Debe declarar que existe la primera petición. El fondo resuelve entonces ambas con una sola decisión, porque al resolverse la solicitud de extensión se entiende resuelta la anterior, y, según el artículo 102, cuenta con treinta días desde la recepción de la segunda para pronunciarse, sin perjuicio de la articulación de ese plazo con el concepto previo de la Agencia del artículo 614 del Código General del Proceso, que queda PENDIENTE DE VERIFICACIÓN.