Los requisitos de la extensión de jurisprudencia se leen en dos planos. Unos son presupuestos de fondo, que se refieren a la sentencia invocada y a la situación del solicitante; otros son requisitos de forma de la petición, que enumera el artículo 102 del CPACA. Son acumulativos: si falta un presupuesto de fondo, la mejor redactada de las peticiones no prospera, y si falta uno de forma, la petición todavía puede subsanarse. Distinguir ambos planos evita tanto aceptar peticiones que no cumplen como rechazar por razones de forma lo que sí merece estudio de fondo.
El primer presupuesto es que la providencia invocada sea una sentencia de unificación. La Sentencia C-588 de 2012 declaró constitucional que el legislador limitara el mecanismo a esas sentencias, y el artículo 269 lo confirma al ordenar rechazar de plano ante el Consejo de Estado la petición que pida extender una sentencia que no sea de unificación. Una sentencia reiterada, una tesis consolidada de una sección o una providencia que simplemente cita doctrina no sirven de base, aunque puedan orientar la interpretación que la autoridad hace de las normas aplicables.
El segundo presupuesto es que la sentencia de unificación haya reconocido un derecho. El texto del inciso primero del artículo 102 habla de una sentencia «en la que se haya reconocido un derecho», y el numeral 4 del artículo 269 ordena rechazar la petición cuando la sentencia invocada no sea de aquellas que reconocen un derecho. Una decisión de unificación que negó las pretensiones, que fijó un criterio sin reconocer prestación alguna o que se limitó a resolver un aspecto procesal puede ser relevante para el artículo 10, pero no es extensible. La extensión traslada el reconocimiento, no la mera interpretación.
El tercer presupuesto es la identidad de supuestos. El peticionario debe acreditar los mismos supuestos fácticos y jurídicos, y el numeral 1 del artículo 102 lo concreta: una justificación razonada que evidencie que se encuentra en la misma situación de hecho y de derecho en la que se encontraba el demandante al cual se le reconoció el derecho. La comparación no exige coincidencia en todos los detalles biográficos, sino en lo que la sentencia consideró determinante. En la práctica interesan tres cosas: los hechos relevantes (la calidad del vínculo, las fechas, la actuación administrativa previa), la norma aplicable al caso en el tiempo y el razonamiento central de la sentencia. Si el solicitante se rige por un régimen distinto o carece de un hecho que la sentencia tuvo por esencial, no hay identidad, aunque el tema general sea el mismo.
El numeral 2 exige las pruebas que el peticionario tenga en su poder, enunciando las que reposen en los archivos de la entidad y las que haría valer si hubiera necesidad de ir a un proceso. Esta redacción distribuye la carga: el solicitante aporta lo que tiene e indica dónde está lo demás, y la autoridad debe consultar sus propios archivos. Se articula con el parágrafo 1 del artículo 16 de la Ley 1755 de 2015, que impide estimar incompleta una petición por falta de documentos que se encuentren en los archivos de la entidad, y con el parágrafo 2, que prohíbe rechazarla por fundamentación inadecuada o incompleta. La autoridad puede negar la extensión en el fondo, pero no desechar la petición como si no existiera.
El numeral 3 pide la referencia de la sentencia de unificación que el peticionario invoca a su favor. La Ley 2080 de 2021 eliminó la expresión «copia o» que traía el texto original, de modo que hoy basta la referencia y no se exige adjuntar la providencia. Una referencia útil permite identificar sin duda cuál es la providencia: la corporación y la sala que la dictó, su fecha y el dato que la individualiza. Esa precisión es una exigencia práctica, derivada del propósito del requisito, y no un formalismo adicional que el texto imponga.
Fuera de ese contenido, hay requisitos que condicionan la procedencia. El primero es la vigencia de la acción: el artículo 102 permite la petición «siempre que la pretensión judicial no haya caducado», y el numeral 5 del artículo 269 recoge ante el Consejo de Estado la caducidad del medio de control procedente y la prescripción total del derecho reclamado como causas de rechazo. Un derecho prescrito en su totalidad no se revive por vía de extensión. El segundo es no haber acudido a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para obtener el mismo derecho: el artículo 269 exige manifestarlo bajo juramento, que se entiende prestado con la sola presentación de la solicitud, y ordena rechazar la petición si el peticionario ya acudió a la jurisdicción con ese fin. El tercero es la materia: según el parágrafo 2 del mismo artículo, la extensión no se tramita si el asunto no es de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, según los artículos 104 y 105.
Estos límites se ven bien al comparar los dos escenarios en que se puede estar. Ante la autoridad, el trámite es una petición: el artículo 102 no exige apoderado y se aplican las reglas de la petición, con las especialidades de ese artículo. Ante el Consejo de Estado, el interesado actúa a través de apoderado, presenta escrito razonado, anexa la actuación surtida y presta el juramento mencionado. Quien se prepara para la primera etapa debe pensar desde el inicio en la segunda, porque los defectos de una petición mal construida se arrastran: si el peticionario no acredita la similitud desde el principio, el numeral 6 del artículo 269 permite rechazar de plano por no existir o no estar acreditada la similitud con la sentencia invocada.
Cuando la petición adolece de defectos formales, el camino es el requerimiento. El artículo 17 de la Ley 1755 permite a la autoridad requerir al peticionario dentro de los diez días siguientes a la radicación para que complete la petición en el término máximo de un mes, y prevé el desistimiento tácito si no responde. Ese mecanismo no cambia los presupuestos de fondo: ayuda a corregir lo que falta en la forma, pero no sustituye la identidad de supuestos ni la existencia de una sentencia de unificación que reconozca un derecho.
Ejemplo colombiano 1: sentencia de unificación que no reconoce el derecho
Una exfuncionaria de una alcaldía invoca una sentencia de unificación que resolvió que cierto factor no debía incluirse en la base de liquidación de una prestación. Pide que se le extiendan sus efectos para reliquidar su prestación. La alcaldía revisa el requisito: la sentencia es de unificación, pero no reconoció un derecho a quien demandó, sino que negó la inclusión del factor. No hay derecho reconocido que extender. La decisión negativa debe explicar esto, y la autoridad puede aplicar el criterio de la sentencia al resolver otros asuntos en cumplimiento del artículo 10.
Ejemplo colombiano 2: diferencia en el régimen aplicable
Un grupo de empleados públicos obtuvo en una sentencia de unificación el reconocimiento de un derecho porque estaban vinculados antes de una fecha fijada por la ley y se regían por el régimen anterior. Un servidor vinculado después de esa fecha, sometido a la ley nueva, pide la extensión. La entidad compara supuestos: el hecho de la vinculación y la norma aplicable son distintos. No se cumple la identidad fáctica y jurídica, y la entidad debe negar exponiendo las razones por las cuales considera que la situación del solicitante es distinta a la resuelta en la sentencia.
Ejemplo colombiano 3: documentos que reposan en la propia entidad
Un docente anexa una petición razonada y enuncia que la certificación de su tiempo de servicio reposa en la secretaría de educación, sin adjuntarla. La secretaría considera que la petición está incompleta. Según el artículo 102, el peticionario debía enunciar las pruebas que reposan en los archivos de la entidad, y según el parágrafo 1 del artículo 16 de la Ley 1755 la autoridad no puede estimar incompleta una petición por falta de documentos que se encuentren en sus archivos. La secretaría debe incorporar la certificación y decidir. Solo si falta algo que el docente deba gestionar, puede requerirlo conforme al artículo 17.