Configurar el silencio y acreditarlo son dos operaciones distintas. La configuración es un hecho jurídico que la ley produce por el solo paso del tiempo: los artículos 83, 84 y 86 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dicen que, vencido el plazo, «se entenderá» negativa o positiva la decisión, y ninguno condiciona esa consecuencia a una declaración de la autoridad. La acreditación es la actividad del interesado para demostrar ese hecho ante quien debe reconocerlo, ya sea un juez, una notaría o la propia entidad. Mientras la primera sigue las reglas de cómputo del código, la segunda depende de si el silencio es negativo o positivo.
La configuración exige, en primer lugar, que exista una petición o un recurso debidamente presentado. El artículo 15, en la redacción de la Ley 1755 de 2015, dispone que las peticiones pueden presentarse verbalmente, con constancia, o por escrito y por cualquier medio idóneo. Si se envían por un medio de comunicación de datos, los datos de fecha y hora de radicación, y de número y clase de documentos recibidos, son los registrados en el medio por el cual se recibieron. El parágrafo 2 prohíbe a toda autoridad negarse a recibir y radicar peticiones respetuosas. Si la petición carece de documentos que la ley exige, la autoridad debe indicarlos al recibirla y, si el peticionario insiste, se radica dejando constancia de lo faltante. La radicación es el punto de partida: sin ella no hay plazo que contar.
En segundo lugar, debe haber vencido el plazo, y su cómputo exige atender las reglas de suspensión que ya se vieron. El artículo 84 precisa que, en el silencio positivo, los términos empiezan el día en que se presentó la petición o el recurso. El artículo 83 usa la misma referencia para el negativo. A esa cuenta se le descuentan o reinician los intervalos que el código ordena: el artículo 12 para impedimentos y recusaciones, el artículo 17 mientras el peticionario completa una solicitud que la autoridad requirió a tiempo, el artículo 21 cuando la petición se envió a una autoridad incompetente y el artículo 86 durante la práctica de pruebas del recurso. La autoridad que invoque una de ellas debe poder señalar el hecho que la activa, porque las suspensiones son excepciones y no se presumen.
En tercer lugar, no debe haberse notificado una decisión que resuelva. La referencia a la notificación es constante en los artículos 83, 85 y 86: lo que impide el silencio no es que la autoridad hubiera decidido internamente, sino que la decisión llegara al interesado dentro del plazo. Además, debe tratarse de una decisión «que la resuelva»; una comunicación que se limita a acusar recibo o a informar que el asunto está en trámite no es la decisión que el código exige. Esta lectura se apoya en el texto de los artículos y en la insistencia de la Corte Constitucional, en la Sentencia C-875 de 2011, en que el derecho de petición solo se satisface con una respuesta clara, precisa y de fondo.
Cuando el silencio es negativo, la acreditación es sencilla. No hay formalidad previa, porque el acto presunto se demanda o se recurre tal cual. El artículo 166 exige anexar a la demanda la copia del acto acusado con sus constancias y agrega que, si se alega el silencio administrativo, deben acompañarse las pruebas que lo demuestren. Esas pruebas son, ante todo, la constancia de radicación con fecha y hora, que el artículo 15 manda devolver al interesado en copia, y la constatación de que no se notificó decisión dentro del plazo. Si la entidad afirma haber notificado una respuesta, el debate se traslada a la notificación y a su constancia.
Cuando el silencio es positivo, el código exige un procedimiento de acreditación. El artículo 85 dispone que la persona que se halle en las condiciones previstas por la ley especial «protocolizará» la constancia o copia del artículo 15, junto con una declaración jurada de no haberle sido notificada la decisión dentro del término. La escritura que se otorga y sus copias auténticas producen todos los efectos legales de la decisión favorable que se pidió, y es deber de todas las personas y autoridades reconocerla así. Para efectos de la protocolización, esos documentos se entienden sin valor económico. El artículo 87, numeral 5, añade que el acto queda en firme desde el día siguiente al de la protocolización.
De esos textos se deriva una consecuencia importante. Hay dos momentos, el vencimiento del plazo, que da nacimiento a la decisión positiva presunta, y la protocolización, que la hace oponible y la deja en firme. La Corte, en C-875 de 2011, refiriéndose al código anterior, describe la omisión de respuesta como generadora de una resolución afirmativa que «se debe protocolizar» para hacer válida la pretensión. Que el derecho nazca antes y se pruebe después no es una paradoja: el interesado tiene la decisión, pero necesita el documento que obligue a otros a reconocerla. La lectura de que entre ambos momentos el interesado ya es titular, aunque su acto no esté en firme, es una interpretación de los artículos 85 y 87, no una regla expresa.
La declaración jurada tiene una función probatoria y una función de responsabilidad. Afirma bajo juramento un hecho negativo, la falta de notificación, de modo que la persona que la presta responde por su verdad. Si la afirmación fuera falsa, por ejemplo porque la entidad sí notificó a tiempo, el acto no se habría configurado y su invocación podría tratarse como un medio ilegal o fraudulento; el artículo 97 prevé que la administración demande en esos casos sin conciliación previa, como se verá en el último subtema.
El artículo 85 está redactado para peticiones, pues remite a la constancia del artículo 15, aunque el artículo 84 menciona expresamente el término para el recurso. Cómo se acredita el silencio positivo en recursos, previsto en los artículos 52 y 49A, y si basta con el comprobante de interposición, no está desarrollado en los textos leídos y queda PENDIENTE DE VERIFICACIÓN. Tampoco se desarrolla allí si la consecuencia del numeral 1 del artículo 14, la entrega de copias dentro de tres días, requiere protocolización; el texto del artículo 14 no la menciona y la Sentencia C-951 de 2014 describe la entrega como la actuación procedente.
Ejemplo colombiano 1: petición enviada por la plataforma de una entidad
El 14 de enero de 2026 un ciudadano envía una petición por la plataforma electrónica de un instituto departamental y recibe un acuse automático con esa fecha y hora. Los funcionarios registran la radicación interna el 16 de enero. El parágrafo 1 del artículo 15 toma como fecha y hora de radicación las registradas en el medio por el cual se recibió, es decir, el 14 de enero. El plazo de tres meses del artículo 83 se cuenta desde esa fecha y no desde el registro interno; el 14 de abril se configura el silencio negativo si no se ha notificado decisión.
Ejemplo colombiano 2: inscripción en un registro sectorial hipotético
Supóngase, como hipótesis, que una ley especial prevé silencio positivo a los treinta días para la inscripción de guías de turismo en un registro. Una guía radica la solicitud completa el 2 de marzo de 2026 y no se le notifica decisión. Para acreditarlo otorga una escritura pública en la que protocoliza la copia sellada de la solicitud y una declaración jurada de no haber recibido notificación. Conforme al artículo 85, la escritura y sus copias producen los efectos de la inscripción solicitada y las autoridades deben reconocerlos; el acto queda en firme el día siguiente a la protocolización (artículo 87, numeral 5).
Ejemplo colombiano 3: respuesta firmada pero notificada tarde
Una alcaldía municipal recibe el 6 de octubre de 2025 una petición de licencia de un establecimiento. El secretario firma la respuesta el día 80, pero el correo con la notificación solo se envía el día 100. El artículo 83 se refiere a una decisión notificada dentro de los tres meses; como la notificación llegó después, el silencio negativo ya se había configurado el 6 de enero de 2026. El peticionario puede demandar el acto presunto, aunque la alcaldía conserva el deber de resolver mientras no se le notifique auto admisorio.