El artículo 23 de la Constitución reconoce el derecho a presentar peticiones respetuosas y a obtener pronta resolución. El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el artículo 14 que sustituyó la Ley 1755 de 2015, fija como regla general quince días para resolver, so pena de sanción disciplinaria. Pero el vencimiento de esos quince días no produce silencio administrativo: produce mora. El silencio negativo es una figura distinta, regulada en el artículo 83, que llega más tarde y cumple otra función. Confundir ambos momentos lleva a creer que la petición «ya se negó» a los dieciséis días, cuando la ley solo permite hablar de acto presunto a partir de los tres meses.
El artículo 83 dispone que, transcurridos tres meses contados a partir de la presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entiende que esta es negativa. Los elementos son tres. Debe existir una petición presentada, lo que remite a la radicación y a la constancia de fecha del artículo 15. Debe haber corrido el plazo de tres meses desde esa presentación, no desde que el asunto llegó al área competente. Y no debe haberse notificado una decisión: la norma no habla de decisión proferida o firmada sino de decisión notificada, de modo que una respuesta redactada dentro del plazo pero comunicada después no evita el silencio.
Si la ley especial señala para resolver un plazo superior a tres meses, el inciso segundo del artículo 83 ajusta la regla: el silencio se produce al cabo de un mes contado desde la fecha en que debió adoptarse la decisión. Así, el interesado no queda obligado a esperar indefinidamente, pero tampoco se le permite alegar silencio antes de que el plazo especial haya vencido. El parágrafo del artículo 14 permite, excepcionalmente, informar al interesado un plazo razonable de respuesta que no exceda del doble del inicialmente previsto; el artículo 83 no menciona esa prórroga, que no es un plazo fijado por la ley especial, y el texto no resuelve si incide en el cómputo de los tres meses, por ejemplo cuando una consulta de treinta días se amplía al doble. Ese punto queda PENDIENTE DE VERIFICACIÓN en la jurisprudencia, y la lectura prudente es contar el silencio desde la presentación, como dice el inciso primero.
La Corte Constitucional ha descrito la naturaleza de esta figura. En la Sentencia C-875 de 2011, al explicar el silencio administrativo, la Corte lo presenta como una ficción por la cual, vencidos los plazos sin respuesta, se genera un acto ficto que niega la solicitud y que el administrado puede recurrir ante la misma administración o ante la jurisdicción. Añade que el silencio negativo no equivale a una respuesta: es una ficción con fines procesales, establecida en beneficio del administrado, que no satisface el derecho de petición porque este solo se cumple con una respuesta clara, precisa y de fondo. Esa es la razón por la cual el legislador no extingue con el silencio el deber de decidir.
El inciso tercero del artículo 83 lo dice con claridad. La ocurrencia del silencio negativo no exime de responsabilidad a las autoridades ni las excusa del deber de decidir sobre la petición inicial. La excepción tiene dos supuestos: que el interesado haya hecho uso de los recursos contra el acto presunto, o que, habiendo acudido a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se le haya notificado el auto admisorio de la demanda. Mientras ninguno ocurra, la autoridad conserva la competencia y puede resolver expresamente, aunque lo haga fuera de término y con la responsabilidad que de ello se derive. Es un deber que sobrevive al plazo, no una facultad que la mora le otorgue.
El cómputo de los tres meses puede detenerse o reiniciarse por razones previstas en el propio código. El artículo 12 ordena que, ante un impedimento o una recusación, la actuación se suspenda, y que el cómputo de los términos para que proceda el silencio se reinicie una vez vencidos los plazos a que se refiere el inciso primero de ese artículo. El artículo 17 prevé que, cuando la autoridad requiere dentro de los diez días siguientes a la radicación completar una petición, el término para resolver se reactiva a partir del día siguiente a que el interesado aporte lo pedido. Y el artículo 21 dispone que, si la petición llegó a una autoridad incompetente, los términos se cuentan desde el día siguiente a la recepción por la competente. Cada una de estas reglas desplaza el punto de partida del cómputo y por eso debe verificarse antes de afirmar que el silencio ya se configuró.
Ciertas solicitudes quedan fuera del silencio negativo por voluntad de la ley. La solicitud de revocación directa de un acto no genera silencio administrativo, según el artículo 96, ni revive los términos para demandar el acto. Las peticiones de documentos e información tienen, según el numeral 1 del artículo 14, una consecuencia distinta: vencidos diez días sin respuesta se entiende aceptada la solicitud. Y la petición de extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado, regulada en el artículo 102 tras la Ley 2080 de 2021, remite al interesado, cuando la autoridad guarda silencio, a acudir al Consejo de Estado dentro de los treinta días siguientes. El artículo 83 es la regla general; las reglas especiales la desplazan.
Frente al acto presunto negativo, el interesado puede escoger. Puede esperar la respuesta expresa; puede interponer los recursos, que según el artículo 76 pueden presentarse en cualquier tiempo mientras no se haya acudido al juez; o puede demandar. Para esto último, el numeral 2 del artículo 161 establece que el silencio negativo en relación con la primera petición permite demandar directamente el acto presunto, sin tener que agotar recursos, y el artículo 138 reconoce expresamente el acto particular «presunto» como objeto de nulidad y restablecimiento. Además, el literal d del numeral 1 del artículo 164 permite demandar en cualquier tiempo los actos producto del silencio administrativo. Esperar, por tanto, no es una carga que cierre la vía judicial.
La Sentencia C-951 de 2014, que revisó la ley estatutaria que sustituyó el título de peticiones, recoge una idea afín: la figura del silencio no libera a la administración de resolver oportunamente la petición, y cuando se configura silencio negativo en los recursos puede afectarse el derecho de petición, caso en el cual el propio acto ficto sirve de prueba y el interesado puede acudir a la acción de tutela. La lectura práctica es que el silencio no es una respuesta y que, además de la vía contenciosa, existe una protección constitucional por la omisión.
Finalmente, la compilación del artículo 14 anota una ampliación temporal de términos del artículo 5 del Decreto Legislativo 491 de 2020. Ese artículo fue derogado por el artículo 2 de la Ley 2207 de 2022, pero el efecto de esa ampliación sobre peticiones presentadas durante la emergencia sanitaria y la forma de contar su silencio quedan PENDIENTES DE VERIFICACIÓN.
Ejemplo colombiano 1: multa de tránsito sin respuesta
El 10 de marzo de 2026 un conductor radica ante una secretaría distrital de movilidad la petición de que se reconozca la prescripción de una multa. La entidad no contesta. Vencidos los quince días del artículo 14 hay mora y eventual responsabilidad disciplinaria, pero todavía no hay acto presunto. Solo el 10 de junio se cumplen los tres meses del artículo 83 sin decisión notificada y aparece el acto negativo. El conductor puede demandar directamente (artículo 161, numeral 2), recurrir ese acto o esperar la respuesta; la secretaría puede aún resolver expresamente mientras no se le notifique un auto admisorio.
Ejemplo colombiano 2: plazo especial de seis meses
Supóngase, como hipótesis, que una ley especial dio a una superintendencia seis meses para decidir sobre una solicitud presentada el 5 de febrero. La decisión debía adoptarse el 5 de agosto. Como el plazo legal supera los tres meses, el artículo 83 desplaza el cálculo general: el silencio negativo se produce un mes después de esa fecha, es decir, el 5 de septiembre. Alegar silencio en mayo, al cumplirse tres meses desde la radicación, sería prematuro, porque el legislador especial había concedido más tiempo.
Ejemplo colombiano 3: demanda y respuesta tardía
Una empresa pidió a una gobernación la devolución de un pago de derechos. Pasados tres meses sin decisión notificada presentó demanda; el 1 de junio se le notificó el auto admisorio. El 15 de junio la gobernación notifica una resolución que niega la devolución. El inciso tercero del artículo 83 solo mantiene el deber de decidir mientras no se haya notificado el auto admisorio; después de esa notificación, la discusión sobre el acto presunto corresponde al juez. La respuesta tardía no sustituye el control judicial, y la responsabilidad del funcionario por la mora permanece.