El artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 ordena a todas las autoridades interpretar y aplicar las disposiciones sobre actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios de la Constitución, de la Parte Primera del código y de las leyes especiales. Enuncia luego trece: debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. La lista no es idéntica a la del artículo 209 de la Constitución, que nombra la igualdad, la moralidad, la eficacia, la economía, la celeridad, la imparcialidad y la publicidad, y añade en su segundo inciso el deber de coordinar las actuaciones. El código agrega el debido proceso, que el artículo 29 constitucional aplica a toda actuación judicial y administrativa, la buena fe del artículo 83, y la participación, la responsabilidad y la transparencia. Conviene distinguir, en cada caso, si se invoca un principio constitucional o uno legal.
Un principio no se aplica como una regla. La Sentencia C-634 de 2011 explica que los principios difieren de las reglas porque no se construyen bajo el esquema de supuesto y sanción, sino como mandatos de optimización que deben cumplirse en la mayor medida posible; por eso no ofrecen por sí solos respuestas particulares a casos concretos y deben armonizarse con las demás fuentes aplicables. En el procedimiento administrativo, el principio orienta la interpretación, ayuda a llenar vacíos y sirve de parámetro para controlar la decisión, pero, según la lectura de este curso, no autoriza a desconocer una regla expresa del código ni una ley especial que resuelva el punto.
El debido proceso es el primer principio de la lista y su descripción es la más extensa. El numeral 1 del artículo 3 dispone que las actuaciones se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia de la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción. En materia sancionatoria agrega la legalidad de las faltas y de las sanciones, la presunción de inocencia, la prohibición de reformatio in pejus y el non bis in idem. Esos contenidos se concretan en normas del código: la comunicación a los terceros que puedan resultar afectados (artículo 37), la oportunidad de controvertir las pruebas antes de la decisión (artículo 40), la formulación de cargos con precisión (artículo 47) y la motivación de la decisión (artículo 42).
El numeral 2 exige igual trato y protección a quienes intervienen, pero ordena protección especial para las personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en debilidad manifiesta, lo que el numeral 6 del artículo 5 desarrolla como derecho a atención especial y preferente de personas con discapacidad, niños, adolescentes, mujeres gestantes y adultos mayores. La imparcialidad exige actuar sin motivaciones subjetivas, y el código la protege con los impedimentos y recusaciones de los artículos 11 y 12: el servidor con interés particular y directo debe declararse impedido y la actuación se suspende hasta que se decida.
La buena fe se presume en las actuaciones de autoridades y particulares, conforme al artículo 83 constitucional, y tiene una versión de deberes en el artículo 6 del código, que prohíbe a las personas las maniobras dilatorias y las declaraciones falsas. Su parágrafo introduce una garantía importante: el incumplimiento de esos deberes no puede ser invocado por la administración como pretexto para desconocer el derecho reclamado, sin perjuicio de las sanciones penales, disciplinarias o de policía que correspondan. Las prohibiciones del artículo 9, como pedir documentos que reposan en la entidad o crear requisitos adicionales, y las reglas de racionalización de la Ley 962 de 2005 y del Decreto 19 de 2012 desarrollan esa línea.
La eficacia, la economía y la celeridad forman un grupo. La eficacia ordena remover de oficio los obstáculos puramente formales, evitar decisiones inhibitorias y sanear las irregularidades procedimentales para procurar la efectividad del derecho material; el artículo 41 lo concreta al exigir que la autoridad corrija, en cualquier momento anterior al acto, las irregularidades de la actuación, y el artículo 45 permite corregir errores simplemente formales sin cambiar el sentido material de la decisión y sin revivir términos para demandar. La economía exige austeridad y eficiencia, y la celeridad el impulso oficioso y el uso de tecnologías. El artículo 4 del Decreto 19 precisa un límite: suprimir trámites innecesarios no releva a la autoridad de considerar y valorar todos los argumentos de los interesados ni las pruebas practicadas.
La publicidad y la transparencia no son sinónimos. La publicidad (numeral 9) impone a las autoridades dar a conocer sus actos, contratos y resoluciones sin necesidad de petición, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley. El artículo 65 la concreta al disponer que los actos de carácter general no son obligatorios mientras no se publiquen en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales; las entidades territoriales sin órgano oficial pueden usar otros medios que garanticen amplia divulgación. La transparencia (numeral 8) declara la actividad administrativa de dominio público, de modo que toda persona puede conocer las actuaciones salvo reserva legal; se desarrolla en el deber de información del artículo 8 y en la Ley 1712 de 2014.
La participación, la coordinación y la responsabilidad completan la lista. La participación obliga a atender las iniciativas ciudadanas; el artículo 8 la concreta al exigir publicar proyectos de regulación con plazo para observaciones, aunque la autoridad decide autónomamente. La coordinación ordena concertar actividades con otras instancias estatales. La responsabilidad hace que autoridades y agentes asuman las consecuencias de sus decisiones y omisiones; el artículo 31 califica como falta del servidor público la desatención de peticiones, términos y derechos de la Parte Primera.
El artículo 10 conecta los principios con la jurisprudencia. Ordena a las autoridades aplicar las disposiciones de manera uniforme a situaciones con los mismos supuestos fácticos y jurídicos y tener en cuenta las sentencias de unificación del Consejo de Estado. La Corte, que lo declaró exequible con el condicionamiento a favor de sus propias decisiones, fundó la fuerza de los precedentes en la igualdad y la seguridad jurídica: los ciudadanos esperan decisiones similares ante asuntos análogos.
Ejemplo colombiano 1: vecino que no fue comunicado
Una secretaría de planeación municipal tramita en 2025 una solicitud de licencia de construcción y, cuando va a decidir, advierte que nunca comunicó la existencia de la actuación al propietario del predio colindante, a quien la obra podría afectar directamente. El proyecto de resolución ya está redactado y el solicitante pide que se firme para no demorar el trámite.
La autoridad debe aplicar el debido proceso y la eficacia. El artículo 37 exige comunicar a los terceros que puedan resultar directamente afectados la existencia de la actuación, su objeto y el nombre del peticionario, para que puedan constituirse como parte. El artículo 41 ordena corregir las irregularidades antes de expedir el acto. La salida es comunicar al vecino, dejar constancia en el expediente, dar espacio a su intervención y decidir después. Firmar de inmediato por celeridad arriesga la validez del acto y afecta los derechos de un interesado.
Ejemplo colombiano 2: multa aumentada al resolver la apelación
Una autoridad de tránsito departamental impone a una empresa una multa de cinco millones de pesos. La empresa, único sujeto que recurre, apela para pedir que se reduzca. El superior jerárquico, al revisar el expediente, considera que la sanción es leve y la eleva a ocho millones.
El numeral 1 del artículo 3 incorpora, en materia sancionatoria, la prohibición de reformatio in pejus como parte del debido proceso. Si solo apeló la sancionada, empeorar su situación al resolver su recurso desconoce esa garantía, aunque el superior estime que la multa era baja. El análisis cambiaría si apelara otra parte, supuesto ausente del caso. Elevar la multa es contrario a ese principio.
Ejemplo colombiano 3: tarifa aplicada antes de publicarse
Un concejo municipal expide el 2 de septiembre de 2025 un acuerdo que ajusta tarifas y la alcaldía comienza a cobrarlas desde el 5 de septiembre. El texto se publica en la gaceta municipal el 20 de septiembre. Un usuario que pagó el 10 de septiembre reclama que el cobro era anterior a la publicación.
La norma es de carácter general, y el artículo 65 dispone que los actos de carácter general no son obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas territoriales, según el caso. Si el municipio cuenta con gaceta, la publicidad se perfecciona con la publicación en ella. El cobro del 10 de septiembre se apoya en un acto aún no obligatorio, sin perjuicio de otras normas sobre tarifas que el caso no menciona.