El artículo 41 de la Ley 909 de 2004 enumera las causales de retiro de los empleados de libre nombramiento y remoción y de carrera. Además de la renuncia, la edad de retiro forzoso, la insubsistencia, la destitución y la supresión del empleo, el listado incluye el retiro por haber obtenido la pensión de jubilación o vejez, la invalidez absoluta, la declaratoria de vacancia por abandono del cargo, la revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos del empleo, la orden o decisión judicial, la muerte y las demás que determinen la Constitución y las leyes. El artículo 2.2.11.1.1 del Decreto 1083 de 2015 reproduce esa enumeración. Cada causal tiene un supuesto, un procedimiento y un efecto propios. No existe una potestad residual de retiro que permita agrupar hechos heterogéneos bajo la etiqueta de otras causales para prescindir de los requisitos de cada una.
La historia del propio artículo 41 confirma ese límite. Su texto original contenía un literal c, que permitía retirar a empleados de carrera por razones de buen servicio, y un parágrafo que definía esas razones como incumplimiento grave de funciones con afectación directa del servicio. En la sentencia C-501 de 2005, la Corte Constitucional declaró inexequibles ambos apartes: el juicio sobre el incumplimiento de deberes funcionales tenía una proyección disciplinaria, de modo que el retiro exigía las garantías completas del debido proceso disciplinario, que esas normas no ofrecían. La misma decisión recordó que las causales adicionales que establezca el legislador solo pueden fundarse en razones objetivas, racionales y proporcionales a sus fines. Por eso una entidad no puede rotular como causal legal autónoma lo que en realidad es un reproche de conducta.
El retiro por pensión tiene una condición temporal precisa. La C-501 de 2005 declaró exequible el literal e del artículo 41 en el entendido de que no puede darse por terminada la relación laboral sin que se notifique debidamente al servidor su inclusión en la nómina de pensionados correspondiente. La Corte apoyó esa condición en la necesidad de que no exista solución de continuidad entre el último salario y el pago efectivo de la mesada. El artículo 2.2.11.1.4 del Decreto 1083 incorporó la regla: el empleador puede terminar la relación cuando la administradora reconozca o notifique la pensión, siempre que, además, se notifique la inclusión en nómina. El mismo artículo, invocando el parágrafo 3 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, califica el cumplimiento de los requisitos como justa causa y permite al empleador pedir el reconocimiento si el servidor no lo hace dentro de los treinta días siguientes a reunirlos.
Esa causal tiene, sin embargo, un límite legal que impide aplicarla mecánicamente. Como se vio al estudiar el retiro por edad, el artículo 2 de la Ley 1821 de 2016 permite a quienes ejercen funciones públicas permanecer voluntariamente, cotizando, aunque hayan completado los requisitos de la pensión de jubilación, y excluye para ellos el parágrafo 3 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003; el último inciso del artículo 2.2.11.1.4 precisa que esa permanencia se extiende hasta la edad de retiro forzoso. Lo propio de esta causal es la secuencia: reunir requisitos, obtener el reconocimiento, ser incluido en nómina y manifestar la voluntad de permanecer son hechos diferentes, y el retiro por pensión se configura por la combinación que la norma exige y no por el solo hecho de que el servidor tenga la edad o el tiempo necesarios.
La invalidez absoluta, prevista en el literal f, conecta el retiro con el sistema de seguridad social. El artículo 2.2.11.1.6 del Decreto 1083 remite a la Ley 100 de 1993 y precisa que, en el retiro por invalidez, la pensión se debe desde que cese el subsidio por incapacidad y se paga según el procedimiento de esa ley. La causal presupone una determinación de invalidez conforme al régimen aplicable; una incapacidad temporal, una licencia por enfermedad o la opinión de un superior sobre la salud del servidor no la configuran. Esta lección no fija porcentajes ni procedimientos de calificación, que pertenecen a la seguridad social, y tampoco convierte la enfermedad en una causa de retiro diferente de las previstas.
La declaratoria de vacancia por abandono del cargo, prevista en el literal i, responde a la necesidad de proveer rápidamente un empleo que su titular dejó de servir. El artículo 2.2.11.1.9 del Decreto 1083 precisa que el abandono se produce cuando el empleado, sin justa causa, no reasume funciones al vencer una licencia, un permiso, las vacaciones o una comisión, o dentro de los treinta días siguientes al fin del servicio militar; deja de concurrir al trabajo tres días consecutivos; no concurre antes de que se le autorice separarse del servicio o, en caso de renuncia, antes de vencer el plazo previsto; o deja de prestar el servicio antes de que asuma quien debe reemplazarlo. El artículo 2.2.11.1.10 ordena al jefe del organismo establecer la ocurrencia de esas conductas con sujeción al procedimiento administrativo del CPACA, y su parágrafo deja a salvo las responsabilidades disciplinarias, fiscales, civiles y penales si el abandono perjudica el servicio. En cambio, quien presentó su renuncia y se separa del cargo después de vencido el plazo sin que la autoridad la haya decidido no incurre en abandono, según el artículo 2.2.11.1.3.
La exigencia de defensa previa proviene de una decisión de constitucionalidad. En la sentencia C-1189 de 2005, la Corte declaró exequible el literal i en el entendido de que, para aplicarlo, debe permitirse al afectado ejercer su derecho de defensa antes de expedir el acto que declare el retiro. La providencia sostuvo que esta causal no es una sanción disciplinaria, sino una medida administrativa compatible con los principios de la función administrativa; pero consideró que la gravedad de sus consecuencias hace insuficientes los controles posteriores, como los recursos o la demanda. La Corte resaltó la importancia de esa audiencia para empleados de libre nombramiento, cuyo retiro se hace por acto no motivado, y también para los de carrera, por la estabilidad que los protege. La vacancia y el proceso disciplinario pueden coexistir porque tienen finalidades diferentes.
La revocatoria del nombramiento por no acreditar requisitos, del literal j, remite al artículo 5 de la Ley 190 de 1995, que ordena solicitar la revocación inmediatamente se advierta un nombramiento o posesión sin el cumplimiento de los requisitos del cargo. El artículo 2.2.11.1.11 del Decreto 1083 condiciona esa revocatoria al consentimiento previo y expreso del empleado, en el marco del debido proceso, la buena fe y el procedimiento del CPACA. Esa exigencia coincide con el artículo 97 del CPACA: un acto que creó una situación particular no puede revocarse sin consentimiento previo, expreso y escrito de su titular; si este lo niega y la autoridad considera el acto contrario a la Constitución o a la ley, debe demandarlo ante la jurisdicción, y si estima que ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo demanda sin conciliación previa y pide su suspensión provisional. El mismo decreto contiene otra regla, el artículo 2.2.5.1.13, según la cual la autoridad nominadora deberá revocar el nombramiento que recaiga en quien no reúne los requisitos, procediendo conforme al artículo 5 de la Ley 190 y al CPACA. Los textos no resuelven expresamente cómo se armoniza ese deber con la exigencia de consentimiento del artículo 2.2.11.1.11; la cuestión queda pendiente de verificación en la jurisprudencia aplicable, y esta lección no afirma que la entidad pueda revocar sin consentimiento ni que el consentimiento resuelva todos los casos.
La orden o decisión judicial, la muerte y las demás causales cierran el listado con supuestos de naturaleza diversa. En el literal k, el retiro ejecuta una providencia; la entidad debe identificar cuál es, si está en firme y qué ordena, sin ampliar su alcance. Un supuesto que puede conducir a esa causal es la sentencia que anula un acto de nombramiento en el medio de control electoral, que el artículo 139 del CPACA extiende a los nombramientos de autoridades de todo orden. La muerte del literal m produce la vacancia por un hecho jurídico que no admite procedimiento con el titular. El literal n exige localizar la disposición constitucional o legal concreta que establece la causa. A ello se suma una pérdida de derechos distinta del retiro del servicio: el artículo 42 retira de la carrera a quien se posesiona en un empleo de libre nombramiento sin la comisión respectiva, mientras que el encargo no produce esa consecuencia.
Ejemplo colombiano 1: pensión reconocida sin inclusión en nómina
Un empleado de carrera de un ministerio obtiene de su administradora de pensiones el acto que reconoce su pensión de vejez, y lo entrega a la oficina de personal. Todavía no ha recibido notificación de su inclusión en la nómina de pensionados. No ha manifestado la voluntad de permanecer en el cargo prevista en la Ley 1821 de 2016. La entidad expide una resolución que lo retira a partir del día siguiente, con el argumento de que el reconocimiento ya configuró la causal.
La C-501 de 2005 y el artículo 2.2.11.1.4 del Decreto 1083 exigen, además del reconocimiento, la notificación debida de la inclusión en nómina antes de terminar la relación. El retiro se anticipó a ese momento y expone al servidor a quedarse sin salario ni mesada. La entidad puede programar el retiro para cuando se acredite la inclusión. La conclusión no se pronuncia sobre el monto de la pensión ni sobre la corrección del reconocimiento, que pertenecen a otro régimen, y no habría sido la misma si el servidor hubiera ejercido la opción de permanencia que la ley le reconoce.
Ejemplo colombiano 2: inasistencia consecutiva sin oportunidad previa de explicación
Una empleada de una gobernación deja de asistir al trabajo durante tres días consecutivos sin aviso a su jefe inmediato. Al cuarto día, el secretario competente expide un acto que declara la vacancia del empleo por abandono, sin haberle comunicado el inicio de la actuación ni haberle dado oportunidad de explicarse. Días después, la empleada aporta una constancia de hospitalización de urgencia que cubre exactamente esas fechas. No se discute la competencia de quien firmó el acto.
El artículo 2.2.11.1.9 del Decreto 1083 exige que la inasistencia ocurra sin justa causa, y la C-1189 de 2005 condiciona la causal a que el afectado pueda defenderse antes del acto de retiro. La administración omitió esa oportunidad, que habría permitido examinar la hospitalización antes de decidir. El acto queda expuesto a un cargo por desconocimiento del derecho de audiencia y defensa. La conclusión no afirma que toda constancia médica justifique automáticamente la ausencia, cuya valoración corresponde hacer con las pruebas, ni excluye que se examine disciplinariamente otra conducta distinta.
Ejemplo colombiano 3: requisito no acreditado y consentimiento para revocar
Después de la posesión de un servidor, una entidad descentralizada advierte que el título de posgrado exigido por el manual de funciones para su empleo nunca fue acreditado. No hay indicios de documentos falsos ni de ocultamiento de información. El servidor se niega por escrito a consentir la revocatoria de su nombramiento. La oficina jurídica propone entonces destituirlo, con el argumento de que la falta del requisito equivale a una falta grave, aunque no se ha abierto ningún proceso disciplinario.
La destitución del literal h solo procede como sanción disciplinaria con el procedimiento correspondiente, según el artículo 2.2.11.1.8 del Decreto 1083, y no puede usarse para suplir el consentimiento que exige la revocatoria. El artículo 2.2.11.1.11 sujeta esa revocatoria al consentimiento del empleado y al procedimiento del CPACA, cuyo artículo 97 dispone que, negado el consentimiento, la autoridad que considere el acto contrario a la ley debe demandarlo ante la jurisdicción. La conclusión no decide si el nombramiento es nulo, cuestión que resolverá el juez, deja abierta la relación entre esa regla y el deber de revocar del artículo 2.2.5.1.13, y no impide investigar disciplinariamente hechos distintos si llegaran a acreditarse.