El artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 autoriza a las autoridades a revocar «de oficio», es decir, por iniciativa propia y sin que nadie lo solicite. El artículo 4 reconoce que las actuaciones administrativas pueden iniciarse «por las autoridades, oficiosamente», y la Sentencia C-742 de 1999 explica que, cuando la administración constata por sí misma una causal, la revocación deja de ser solo una prerrogativa y se convierte en una obligación: tiene el deber de revocar el acto lesivo de la constitucionalidad o legalidad, atentatorio del interés público o causante de agravio injustificado. El origen del conocimiento es variado: una auditoría, una queja ciudadana, una denuncia o el descubrimiento de un documento falso ponen en marcha el deber, y una petición de quien perdió la vía de la solicitud por los límites del artículo 94 sirve al menos como noticia para que la autoridad decida si actúa por su cuenta.
La actuación de oficio tiene reglas de forma que el código impone y que no se pueden omitir. El inciso segundo del artículo 35 dispone que, cuando las autoridades proceden de oficio, los procedimientos administrativos solo pueden iniciarse por escrito, y que deben informar de la iniciación de la actuación al interesado para el ejercicio del derecho de defensa. El artículo 37 exige comunicar la actuación a los terceros que puedan resultar directamente afectados, con indicación de su objeto, para que puedan constituirse como parte. Según el artículo 40, hasta antes de la decisión de fondo se pueden aportar, pedir y practicar pruebas, y el interesado tiene oportunidad de controvertir las que se aporten. El parágrafo del artículo 97 resume el estándar: en el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de audiencia y defensa. Este estándar no depende de que el acto sea particular; el principio de debido proceso del numeral 1 del artículo 3 y el artículo 29 de la Constitución lo exigen en toda actuación administrativa.
La competencia sigue el artículo 93: la autoridad que expidió el acto o su inmediato superior jerárquico o funcional. Esto permite que el superior actúe de oficio sobre actos de sus subordinados sin que medie recurso, y que el autor del acto lo reconsidere cuando advierte su error.
Respecto de la oportunidad, el código es más parco con la actuación de oficio que con la solicitud. El artículo 94, que cierra vías por haber agotado recursos o por caducidad, habla de la revocación «a solicitud de parte», y la C-742 de 1999 destacó que esa restricción no impide que la administración revoque de oficio si hay lugar a ello. El inciso primero del artículo 95, en cambio, se refiere a la revocación directa en general: puede cumplirse aun después de acudir a la jurisdicción, mientras no se haya notificado el auto admisorio de la demanda. En una lectura de este curso, la regla vale tanto para la solicitud como para la actuación oficiosa. El inciso segundo del mismo artículo, que fija dos meses para decidir, está redactado para las solicitudes; el código no señala un término para la actuación de oficio, y la autoridad debe cumplir el principio de celeridad del numeral 13 del artículo 3 sin dilaciones injustificadas.
Existen límites que la sentencia C-835 de 2003, aunque dictada sobre la verificación oficiosa de pensiones, permite extender como criterios de sana administración. La Corte sostuvo que los motivos que dan lugar a revisar un acto deben ser reales, objetivos, trascendentes y verificables, no el capricho, la animadversión o la simple arbitrariedad del funcionario, y que la Administración no puede revisar una y otra vez lo que ya revisó sin incurrir en un cuestionamiento recurrente que roza el non bis in idem. Esos criterios nacieron en un contexto concreto, el del artículo 19 de la Ley 797 de 2003, y su uso general en la revocatoria es una proyección de este curso. Aun así, ilustran por qué la actuación de oficio exige un motivo definido y una causal identificada.
La Sentencia C-835 de 2003 insistió también, para las pensiones, en la carga de la prueba: a la administración le corresponde allegar los medios de convicción que acrediten la irregularidad del acto que cuestiona. La presunción de legalidad del artículo 88 del código y la presunción de buena fe del artículo 83 de la Constitución protegen al destinatario del acto. Según esta lectura, la autoridad que actúa de oficio no puede trasladar al afectado la carga de demostrar que su acto es válido.
Un instrumento especial de revocatoria oficiosa se encuentra en el parágrafo del artículo 95, que permite hacerla durante el proceso judicial. Hasta antes de que se profiera sentencia de segunda instancia, de oficio o a petición del interesado o del Ministerio Público, las autoridades demandadas pueden formular una oferta de revocatoria de los actos impugnados, previa aprobación del Comité de Conciliación de la entidad. La oferta debe señalar los actos y decisiones que abarca y la forma en que se propone restablecer el derecho conculcado o reparar los perjuicios. Si el juez encuentra que se ajusta al ordenamiento, la pone en conocimiento del demandante, que debe manifestar si la acepta en el término que se le señale; de aceptarla, el proceso termina mediante un auto que presta mérito ejecutivo y especifica las obligaciones que la autoridad cumplirá desde su ejecutoria. Es una salida pactada a un litigio, que supone la voluntad de ambas partes y el control del juez; no equivale a la revocación directa del inciso primero, que ya no puede cumplirse una vez notificado el auto admisorio.
Ejemplo colombiano 1: el superior revoca un cierre de atención
El director seccional de una entidad nacional hipotética, con sede en Barranquilla, expide el 2 de junio de 2025 una resolución de carácter general que cierra por un mes la atención presencial en todos sus puntos, sin habilitar canales alternos. El director nacional, su inmediato superior funcional, se entera por una queja colectiva.
La resolución es un acto general, y el director nacional es competente porque el artículo 93 habilita al inmediato superior. La causal más clara es el numeral 2: el cierre general atenta contra el interés público, pues deja sin atención a los usuarios. La actuación debe iniciarse por escrito, según el artículo 35, aunque el acto general no tenga destinatarios determinados que comunicar, y la decisión debe ser motivada. Como el acto revocatorio es también general, debe publicarse conforme al artículo 65 para ser obligatorio.
Ejemplo colombiano 2: oferta de revocatoria en segunda instancia
Un docente demanda a un municipio hipotético porque una resolución de 2022 le descontó parte de su salario. El juzgado profiere sentencia de primera instancia el 15 de agosto de 2025 y el municipio apela. El 30 de septiembre, el Comité de Conciliación aprueba ofrecer la revocatoria de la resolución y la devolución de lo descontado.
El parágrafo del artículo 95 permite la oferta hasta antes de la sentencia de segunda instancia, y en este caso aún no se ha dictado. El comité aprobó la oferta, requisito expreso. La oferta debe señalar el acto y la forma de reparar, y así lo hace. El juez debe valorar si se ajusta al ordenamiento y, de ser así, ponerla en conocimiento del docente, que decide si la acepta. Si la acepta, el proceso termina por un auto que presta mérito ejecutivo y que detalla las obligaciones del municipio. Si la rechaza, el proceso sigue.
Ejemplo colombiano 3: actuación oficiosa sin informar al interesado
Una secretaría departamental de salud hipotética decide revisar de oficio una resolución que habilita a una clínica para operar un servicio. Durante dos meses recopila pruebas con visitas de inspección, pero no informa a la clínica de la actuación y, el 12 de noviembre de 2025, expide el acto revocatorio.
El inciso segundo del artículo 35 obligaba a informar el inicio de la actuación al interesado para que pudiera defenderse, y el parágrafo del artículo 97 garantiza audiencia y defensa en el trámite de revocación. La clínica no pudo controvertir las pruebas de las visitas (artículo 40) ni presentar descargos. Según la lectura de este curso, el acto revocatorio nace con un vicio de procedimiento y de debido proceso que la clínica podría alegar ante la jurisdicción. Además, la revocación de un acto particular que reconoce una habilitación debe examinarse con el artículo 97, que se estudia en el subtema siguiente.