El control fiscal territorial aplicado a las finanzas de departamentos, distritos y municipios no pregunta solo qué órgano vigila, sino qué examina cuando se acerca a un presupuesto, a una cuenta o a un pago. El artículo 267 de la Constitución comprende la gestión fiscal de la administración y de quienes manejen fondos o bienes públicos respecto de todo tipo de recursos, y el artículo 272 permite a los contralores territoriales ejercer las atribuciones del artículo 268 en lo que sea pertinente dentro de su jurisdicción. Ese ámbito incluye recaudo, programación, ejecución, destinación e información de los recursos territoriales. Su objeto es la gestión de dinero y bienes públicos con parámetros jurídicos verificables, no la conveniencia política de un programa.
El parámetro del examen está en el presupuesto y en las normas que regulan cada fuente. El artículo 53 del Decreto Ley 403 de 2020 define el control posterior como la fiscalización que determina si actividades, operaciones y procesos ejecutados se ajustan a principios, planes, presupuestos y normatividad aplicables y logran efectos positivos para los fines del Estado. El artículo 345 constitucional impide hacer erogaciones no incluidas en el presupuesto de gastos o transferir crédito a un objeto no previsto, y el 353 extiende esos principios a las entidades territoriales en lo pertinente. El artículo 354 atribuye a la Contraloría la contabilidad de la ejecución del presupuesto, separada de la contabilidad general. Por eso la apropiación aprobada y su ejecución real son la medida con la que se contrasta cada operación.
La ejecución del gasto tiene una secuencia que el control reconstruye. El artículo 71 del Decreto 111 de 1996 exige certificado de disponibilidad previo para los actos que afecten apropiaciones y registro presupuestal para que los recursos no se desvíen a otro fin; prohíbe contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes o en exceso del saldo y anuncia responsabilidad personal y pecuniaria para quien asuma compromisos con violación de esos preceptos. Los artículos 112 y 113 señalan como fiscalmente responsables a ordenadores, pagadores y otros funcionarios que contraen obligaciones no autorizadas o pagan sin los requisitos legales. El artículo 109 ordena adaptar ese régimen a cada entidad territorial y aplicarlo en lo pertinente mientras tanto, de modo que el estatuto orgánico territorial debe consultarse antes de concluir.
El origen del recurso no solo condiciona su uso: también orienta qué contraloría ejerce el control de manera principal. El artículo 4 del Decreto Ley 403 atribuye a las contralorías territoriales la vigilancia de los recursos endógenos de sus entidades, en concurrencia con la Contraloría General, y reserva a esta, de manera prevalente, los recursos de la Nación transferidos a cualquier título y las rentas cedidas. El artículo 29 resuelve la cofinanciación: si confluyen fuentes nacionales y territoriales, la Contraloría General prevalece cuando los recursos nacionales superan la mitad de la financiación total, y con participaciones iguales la competencia se ejerce a prevención. Para regalías, el artículo 183 de la Ley 2056 de 2020 asigna el control fiscal a la Contraloría General. El artículo 164 distingue de este el seguimiento, evaluación y control administrativo del sistema, que actúa coordinado sin sustituir la competencia fiscal.
El control posterior y selectivo determina cómo se escoge lo examinado. El artículo 3 del Decreto Ley 403 permite dirigir el control a los procesos de mayor riesgo de detrimento o seleccionar técnicamente una muestra representativa de recursos, cuentas u operaciones para obtener conclusiones sobre el universo. Esa selección se apoya en información: el artículo 53 admite seguimiento permanente con acceso irrestricto, y el artículo 267 constitucional excluye la oponibilidad de reserva legal frente a los órganos de control fiscal. La selectividad es un método de priorización. No crea una zona exenta para las operaciones territoriales que no entraron en la muestra, ni convierte la elección de un proceso en un indicio de responsabilidad de quienes lo ejecutaron.
La información fiscal territorial circula por cauces que deben distinguirse. Los numerales 1 y 4 del artículo 268 permiten prescribir la forma de rendir cuentas y exigir informes sobre gestión fiscal, y el artículo 5 del Decreto Ley 403 reconoce a los contralores territoriales esa potestad dentro de su competencia, sin perjuicio de la estandarización que dicte el Contralor General. Por otra vía, el artículo 188 de la Ley 1753 de 2015, modificado por la Ley 2294 de 2023, ordena reportar la ejecución presupuestal territorial de ingresos y gastos a través de la Categoría Única de Información Presupuestal Ordinaria (CUIPO). El Decreto 709 de 2026 reglamenta ese reporte de programación y ejecución con el catálogo presupuestal territorial y dirige sus datos a las entidades del orden nacional.
Según ese reglamento, gobernaciones y alcaldías recopilan y reportan la información presupuestal de la administración central, las corporaciones, las personerías y las contralorías territoriales, cuyos ordenadores deben suministrarla oportunamente, mientras las descentralizadas reportan de forma independiente. El Ministerio de Hacienda impulsa la coordinación con la Contraloría General, en colaboración armónica, sobre contenido, calidad y operación del instrumento. El decreto también relaciona el reporte con la distribución del Sistema General de Participaciones, al permitir que las entidades de una muestra estadística corrijan sus reportes para ese efecto hasta la fecha límite del último trimestre. Un reporte describe la ejecución; no la produce. No sustituye el certificado, el registro ni el acto de gasto, y tampoco reemplaza la rendición de cuenta exigida por la contraloría competente.
La responsabilidad fiscal exige más que una ejecución irregular. El artículo 3 de la Ley 610 de 2000 define la gestión fiscal como las actividades sobre adquisición, administración, gasto, inversión y disposición de bienes públicos y sobre recaudación e inversión de rentas; la compilación institucional registra un condicionamiento de la expresión «con ocasión de ésta» del artículo 1, que exige conexión próxima y necesaria con la gestión fiscal. El artículo 6 entiende por daño la lesión del patrimonio público representada en menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro, producida por gestión antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna. En el texto vigente, el uso indebido no figura como categoría autónoma de daño. Una desviación presupuestal puede producir responsabilidad fiscal si de ella se deriva una lesión demostrada.
Esa exigencia ordena el análisis de los casos territoriales. Un pago doble, una erogación sin contraprestación, un sobrecosto acreditado o una pérdida de recursos de una cuenta específica pueden constituir daño; un registro tardío o una clasificación equivocada pueden ser irregularidades sin lesión patrimonial. El artículo 16 de la Ley 610 ordena archivar cuando el hecho no constituye daño, no comporta gestión fiscal o el daño fue resarcido totalmente, y el artículo 118 de la Ley 1474 de 2011 exige dolo o culpa grave. La responsabilidad personal y pecuniaria que anuncia el estatuto presupuestal no dispensa esos presupuestos cuando se pretende declararla en un proceso de responsabilidad fiscal.
El control fiscal coexiste con otros controles sobre las mismas finanzas sin confundirse con ellos. El artículo 209 constitucional exige control interno en toda la administración y el 269 obliga a las autoridades de cada entidad a diseñarlo y aplicarlo; la contraloría puede conceptuar sobre la calidad del control fiscal interno, según el numeral 6 del artículo 268, pero no lo administra. El poder disciplinario preferente del Procurador, previsto en el artículo 277, protege deberes funcionales: el parágrafo del artículo 112 del Decreto 111 califica como mala conducta demorar sin justa causa un pago con fondos disponibles y compromisos legalizados, sin que esa calificación pruebe daño. El debate del concejo o de la asamblea valora responsabilidad política. La advertencia del control preventivo corresponde de manera exclusiva e indelegable al Contralor General, según el artículo 67 del Decreto Ley 403. En síntesis, el examen identifica fuente y destinación, órgano competente, parámetro presupuestal, operación ejecutada, información disponible y, solo después, daño, gestión fiscal y culpabilidad.
Ejemplo colombiano 1: pago sin compromiso ni prestación
La tesorería de un municipio colombiano paga con ingresos corrientes de libre destinación una factura de suministro. El expediente acredita que no existe certificado de disponibilidad, registro presupuestal ni contrato que respalde la obligación, y la supervisión y el inventario demuestran que los bienes facturados nunca se entregaron. Se excluyen recursos de transferencias nacionales, habilitaciones excepcionales y cualquier examen penal. La contraloría territorial competente inicia el examen y uno de los involucrados alega que se trata de un simple defecto de trámite presupuestal.
La alegación separa lo que los hechos unen. El artículo 71 del Decreto 111, aplicable en lo pertinente o mediante el estatuto territorial que lo adapte, prohíbe contraer obligaciones sin apropiación ni registro, y los artículos 112 y 113 señalan la responsabilidad de ordenadores y pagadores por pagos sin requisitos. Además, el pago salió del patrimonio municipal sin contraprestación, lo que configura menoscabo en los términos del artículo 6 de la Ley 610, dentro de una gestión fiscal de gasto. Al tratarse de recursos endógenos, la contraloría territorial actúa conforme al artículo 4 del Decreto Ley 403, en concurrencia con la Contraloría General. El caso justifica avanzar en el proceso, pero no resuelve quién responde: falta individualizar conductas, probar dolo o culpa grave y establecer la relación causal de cada participante.
Ejemplo colombiano 2: participación sectorial empleada en otra finalidad
Un departamento colombiano recibe recursos de una participación sectorial del Sistema General de Participaciones con destinación legal acreditada y paga con ellos gastos generales de funcionamiento. Los servicios contratados se recibieron a precios de mercado. La contraloría departamental afirma que es la única autoridad competente porque los recursos ya ingresaron al presupuesto departamental, y propone fijar como daño, sin más análisis, el valor total desviado. No se acredita una habilitación especial para ese uso ni se discuten medidas de emergencia.
Hay dos límites a esa postura. El ingreso de recursos nacionales transferidos al presupuesto territorial no elimina la competencia prevalente que el artículo 4 del Decreto Ley 403 reserva a la Contraloría General; la contraloría departamental debe coordinarse en lugar de presumir exclusividad. Además, la desviación demuestra incumplimiento de la destinación, pero el texto vigente del artículo 6 de la Ley 610 no hace del uso indebido un daño autónomo: debe establecerse qué lesión patrimonial se produjo y en qué cuantía, por ejemplo, si se acredita un perjuicio cuantificable para la finalidad desfinanciada o un costo adicional atribuible a la desviación. El ejemplo no resuelve el régimen sectorial de destinación ni las consecuencias disciplinarias o penales que puedan examinarse por separado.
Ejemplo colombiano 3: reporte inexacto frente a daño patrimonial
La secretaría de hacienda de un municipio colombiano reporta en la CUIPO, para un trimestre, compromisos superiores a los registros presupuestales efectivamente expedidos. No se realizó ningún pago irregular y los recursos permanecen en las cuentas municipales. En la contraloría territorial, un funcionario sostiene que la diferencia reportada constituye daño patrimonial por su valor; otro, que la información de la CUIPO va dirigida a entidades nacionales y por eso no puede utilizarse en el control fiscal.
Ambas posiciones confunden planos. El reporte es un deber de información regulado por la Ley 1753 y el Decreto 709 de 2026, y su inexactitud afecta la calidad de un dato que el reglamento destina a funciones nacionales y relaciona con la distribución del Sistema General de Participaciones. Pero una cifra mal reportada, sin salida ni pérdida de recursos, no constituye la lesión del artículo 6 de la Ley 610. A la vez, la contraloría puede exigir informes y acceder a la información sin reserva oponible, según los artículos 267 y 268 constitucionales, y usarla para seleccionar y contrastar con los registros. La conclusión no descarta responsabilidad disciplinaria o una revisión del control interno; tampoco determina si la inexactitud alteró alguna distribución, lo cual exigiría pruebas adicionales.