Artículo 2532. Tiempo para la prescripción extraordinaria

- Artículo modificado por el artículo 6 de la Ley 791 de 2002, publicada en el Diario Oficial No 45.046, de 27 de diciembre de 2002.

Corte Constitucional

- Artículo modificado por la Ley 791 de 2002 declarado EXEQUIBLE, por los cargos examinados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-466-14 de 9 de julio de 2014, Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle Correa, 'en el entendido que la usucapión extraordinaria se suspende a favor de las víctimas de desplazamiento forzado, que por esta circunstancia se han visto ante la imposibilidad absoluta de ejercer su derecho de propiedad, en los términos del artículo 2530 del Código Civil'.

«(...) actualmente la prescripción adquisitiva extraordinaria se suspende en favor de las personas víctimas de los delitos de secuestro, toma de rehenes y desaparición forzada, mientras el delito continúe. Asimismo, se presume inexistente la posesión, en el plazo definido en la Ley 1448 de 2011, sobre predios de personas que hayan sido propietarias o poseedoras de predios inscritos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, y hayan sido despojadas de estos o se hayan visto obligadas a abandonarlos como consecuencia directa o indirecta de hechos que configuren infracciones al Derecho Internacional Humanitario o violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. En los demás casos, contemplados o no en el artículo 2530 del Código Civil, la usucapión extraordinaria no se suspende. Es entonces posible adquirir por esta vía el dominio sobre una cosa comerciable, cuando exista una posesión ininterrumpida durante diez (10) años.

Por lo cual, en síntesis, excepción hecha de las hipótesis mencionadas anteriormente, la prescripción adquisitiva extraordinaria no se suspende en favor de las personas enlistadas en el artículo 2530 del Código Civil, y continúa siendo cierto entonces que no se suspende en general respecto de los incapaces, o de quienes se encuentran en imposibilidad absoluta de hacer valer sus propios derechos.

(...)

Ahora bien, dicho esto, la Corte considera que en los casos de los civilmente incapaces, la legislación ya contempla instrumentos especiales de protección del derecho de propiedad, que funcionan incluso como garantías frente a la pretensión de ganar por usucapión extraordinaria los bienes que les pertenecen. En efecto, debe decirse ante todo que la incapacidad civil no es equivalente a indefensión o a estado de abandono de los derechos patrimoniales de los incapaces, gracias justamente a que existen instituciones como las acciones posesorias y reivindicatorias, la potestad parental, las guardas, las administradoras fiduciarias, las Defensorías de Familia y las curadurías ad litem, la agencia oficiosa, que están llamadas a funcionar también en defensa de la propiedad de los incapaces, de acuerdo con el caso (...)

En definitiva, si bien no está previsto en el ordenamiento un precepto que disponga la suspensión de la usucapión extraordinaria, cuando se trate de los civilmente incapaces, lo cierto es que no por ello puede decirse que el legislador hubiera dejado a estos últimos sin la protección especial a la cual tienen derecho, o bien por sufrir disminuciones físicas, mentales o sensoriales, o bien por ser menores de edad. La forma de proteger sus intereses es compleja, y está integrada por un grupo amplio de instituciones previstas para administrar adecuada y responsablemente los bienes de los incapaces en el orden civil, para representarlos judicialmente, para intervenir en defensa de sus derechos y, en fin, para activar todos estos mecanismos por otras vías. La Corte considera entonces que esta serie articulada de mecanismos cumple satisfactoriamente el deber de proteger especialmente a las personas incapaces antes señaladas. Cuando el legislador decide que la usucapión extraordinaria corre sin suspensión también en su contra, no sacrifica de un modo excesivo sus derechos de propiedad, en cuanto prevé estas medidas de protección.

(...)

La Corte no desconoce entonces que el ordenamiento contempla algunas instituciones orientadas a ofrecer protección especial de la propiedad de quienes se encuentran imposibilitados para hacer valer sus derechos, por cuenta de actos delictivos que atenten de manera grave contra sus derechos humanos o el derecho internacional humanitario. Es más, reconoce de forma abierta que algunos de estos instrumentos suministran protección especial suficiente, en específico respecto de la posibilidad de que sus bienes sean adquiridos por prescripción adquisitiva extraordinaria, como es el caso de las normas que suspenden esta última en favor de las personas víctimas de secuestro, toma de rehenes y desaparición forzada. No obstante, registra también que en lo que atañe a las víctimas de desplazamiento forzado no sólo no existe suspensión, sino que la presunción de inexistencia de la posesión opera únicamente sobre algunos de sus bienes, y en determinados casos. Los bienes muebles, o inmuebles no inscritos, no estarían amparados por este mecanismo, y no es claro si la presunción de inexistencia de la posesión es derrotable. Por lo tanto, un universo de sus bienes quedaría expuesto a ser adquirido por prescripción, a pesar de que sus propietarios estén absolutamente imposibilitados para poseerlos por cuenta de una fuerza ilícita extraña y arbitraria, gravemente lesiva de sus derechos humanos, que se los impide. Las personas desplazadas, además de sufrir entonces una situación extraordinaria de violación masiva, generalizada y prolongada de sus derechos fundamentales, estarían además sujetas a perder también su derecho de propiedad sobre algunos bienes por la violencia de la cual son víctimas.

La Corte Constitucional considera que estas personas tienen derecho a una protección más amplia y suficiente de su derecho de propiedad, que impida un impacto desproporcionado sobre sus derechos fundamentales.

(...)

Por este motivo, en aras del principio de conservación del derecho, la Corporación procederá a declarar exequible el artículo 2532 (parcial) del Código Civil, condicionándolo a que se entienda que la usucapión extraordinaria sí se suspende a favor de quienes han sido víctimas de desplazamiento forzado, mientras por esta circunstancia se vean ante la imposibilidad absoluta de hacer valer su derecho de propiedad, en los términos del artículo 2530 del Código Civil. Esta alusión al artículo 2530 del Código Civil se explica porque es también una remisión expresa que se hace en el segmento demandado. Importa finalmente señalar que esta decisión no supone una ruptura con la concepción jurídica de la usucapión extraordinaria. Como lo demuestran las leyes antes mencionadas, en el ámbito de la legislación se ha previsto la suspensión de esta clase de usucapión en favor de ciertos sujetos. Además, debe mencionarse que en nuestro país tampoco es esta la primera vez que jurisprudencialmente se reconoce la suspensión de la prescripción adquisitiva extraordinaria. En época incluso anterior a la Constitución de 1991, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia sostuvo que la prescripción adquisitiva extraordinaria se suspendía entre cónyuges, como lo decía el artículo 2530, a pesar de que el Código Civil establecía expresamente para la época que la misma no se suspendía 'a favor de las enumeradas en el artículo 2530'

En efecto, la Corporación observó que la Ley 1448 de 2011 no consagra la suspensión de la usucapión extraordinaria como lo hace la Ley 986 de 2005 respecto de las víctimas de secuestro, desaparición forzada y toma de rehenes. La forma de protección que contempla la Ley 1448 solo opera respecto de bienes raíces inscritos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, por lo que hay un universo de bienes (muebles o inmuebles no inscritos) que quedarían descubiertos en este complejo de instituciones de protección de sus derechos de propiedad. A su juicio, esta situación plantea un escenario inconstitucional, toda vez que la población desplazada de manera forzada ha experimentado una violación masiva, generalizada y prolongada de sus derechos fundamentales y resulta desproporcionado someterlos a una pérdida adicional, cuando esta se origina en imposibilidad absoluta y comprobada de poseer sus propios bienes e interrumpir así su prescripción. Además, observó que no es prima facie si esa presunción así consagrada es susceptible de ser o no desvirtuada, con lo cual, ni todos los bienes estarían amparados por esta institución, ni es claro si la presunción que contempla es definitiva o derrotable. Las personas desplazadas por la violencia tienen derecho a protección más amplia y suficiente de su derecho de propiedad.'»

- Artículo declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia No. 18 del 4 de mayo de 1989, Magistrado Ponente Dr. Hernando Gómez Otálora.

Texto original del Código Civil:

ARTÍCULO 2532. El lapso de tiempo necesario para adquirir por esta especie de prescripción, es de 20* años contra toda persona, y no se suspende a favor de las enumeradas en el artículo 2530.

Código Civil; Art. 1742

Ley 9 de 1989; Art. 51