Las referencias de esta lección requieren revisión jurídica individual. No se ha declarado una aprobación editorial final de su contenido.
A. Del modelo sustitutivo al reconocimiento de la autonomía
Durante décadas, diversos regímenes civiles asociaron determinadas discapacidades con restricciones a la capacidad y con decisiones tomadas por terceros. El modelo actual de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporada al ordenamiento colombiano mediante la Ley 1346 de 2009, parte de la igualdad ante la ley y del reconocimiento de la capacidad jurídica. El artículo 12 de la Convención impulsa medidas para que las personas accedan a los apoyos que necesiten al ejercerla.
La Ley 1996 de 2019 desarrolló este enfoque para personas mayores de edad con discapacidad. El artículo 6 dispone la presunción de capacidad legal en igualdad de condiciones, utilicen o no apoyos, y prohíbe que la discapacidad sea por sí misma motivo para restringir la capacidad de ejercicio. Esto modifica la lógica jurídica: la persona deja de ser tratada como objeto de decisiones familiares y se reconoce como titular de la decisión, mientras los apoyos se organizan alrededor de su voluntad y preferencias.
B. Diagnóstico, dificultades de comunicación y capacidad son asuntos diferentes
Una etiqueta médica no equivale a una sentencia de incapacidad. Tampoco puede exigirse que alguien tenga las mismas habilidades de lectura, memoria o comunicación que otra persona para ser reconocido como sujeto con capacidad legal. La ley distingue los ajustes razonables, que facilitan el acceso y la comprensión, de los apoyos, que pueden ayudar a formar, expresar o ejecutar decisiones respecto de actos determinados. Ninguna de estas medidas convierte automáticamente a quien ayuda en dueño de la voluntad ajena.
La Sentencia C-025 de 2021 de la Corte Constitucional examinó la presunción del artículo 6 y avaló su compatibilidad con la Constitución. La decisión resalta la dignidad, igualdad y autonomía como fundamentos del nuevo sistema. El cambio legislativo no elimina el deber de detectar fraude, presión, conflictos de interés u otros problemas reales de un acto: exige hacerlo con criterios jurídicos concretos, sin presumir incapacidad por una condición personal.
C. Ejemplo financiero: la solicitud que no puede rechazarse por prejuicio
Andrés, de 40 años, tiene una discapacidad intelectual y quiere abrir una cuenta de ahorro para administrar su salario. En la oficina, el funcionario le exige que su hermana firme «porque él no puede manejar dinero». Esa respuesta, basada únicamente en el diagnóstico, desconoce el punto de partida legal. La entidad puede aplicar controles ordinarios de identificación, seguridad y riesgos del producto, y debe facilitar los ajustes razonables necesarios para informar a Andrés.
Si Andrés decide utilizar un apoyo formal para un acto determinado, habrá que estudiar su alcance. Pero el uso o la ausencia de apoyos no son una condición general para reconocer su capacidad. Su hermana no adquiere automáticamente poder de disposición sobre su dinero por ser familiar o cuidadora.
D. Ejemplo de decisión difícil: autonomía también comprende asumir riesgos
Paula, adulta con discapacidad psicosocial, quiere arrendar un inmueble para emprender un negocio. Su familia considera que el precio es demasiado alto y solicita impedirle firmar. Aunque conviene ofrecer información clara y estudiar los riesgos económicos, un mal negocio posible no equivale por sí solo a incapacidad. Las salvaguardias buscan evitar abusos o influencia indebida, no imponer la decisión que un tercero considera óptima.
En contraste, si se demuestra que alguien la intimidó, falsificó documentos o manipuló la información esencial, corresponderá analizar las reglas sobre consentimiento, responsabilidad y mecanismos de protección. Estas situaciones requieren hechos y pruebas; el diagnóstico de Paula no reemplaza ese análisis.
Síntesis teórica: la regla vigente es la capacidad legal de la persona adulta con discapacidad. Los apoyos facilitan el ejercicio de sus decisiones, las salvaguardias previenen abusos y la autonomía no se pierde porque terceros discrepen de una elección.
Repasa lo aprendido
Comprueba esta lectura con un examen de diez preguntas y practica sus tarjetas de memoria.