Las referencias de esta lección requieren revisión jurídica individual. No se ha declarado una aprobación editorial final de su contenido.
A. Personalidad plena y reglas especiales de ejercicio
Los menores de edad son sujetos plenos de derechos. La Constitución Política, artículos 44 y 45, reconoce una protección reforzada de la infancia y la adolescencia y exige que se tengan en cuenta sus intereses y participación. En el ámbito civil, sin embargo, algunos negocios requieren representación o autorizaciones. El sentido de este régimen es proteger los intereses personales y patrimoniales sin negar la personalidad jurídica del menor.
La clasificación civil de impúberes y menores púberes no debe confundirse con todas las categorías de la legislación de infancia. El artículo 34 del Código Civil, leído conforme a la Sentencia C-534 de 2005, utiliza el umbral de 14 años para distinguir la impubertad civil sin discriminación por sexo. A su vez, la Ley 1098 de 2006, artículo 3, emplea sus propias categorías de niño, niña y adolescente para la protección integral. Son clasificaciones con finalidades distintas y no pueden intercambiarse como si fueran idénticas.
El artículo 1504 del Código Civil, reformado por la Ley 1996, considera absolutamente incapaces a los impúberes para los actos comprendidos por la regla y establece una incapacidad relativa de los menores púberes, cuyos actos pueden tener valor bajo circunstancias previstas por las leyes. De allí se desprende un principio de interpretación: estudiar la clase de acto y sus excepciones, no suponer que una persona menor de 18 años carece de todos los espacios de decisión.
B. Autonomía progresiva: aprender a decidir y participar
La autonomía progresiva significa que la participación y el ejercicio de derechos se relacionan con el desarrollo y la situación de la persona menor de edad, teniendo en cuenta las normas específicas de cada materia. No elimina automáticamente las reglas de representación patrimonial, pero obliga a que madres, padres, cuidadores, profesionales y autoridades respeten la dignidad y escuchen la posición del niño o adolescente cuando el asunto lo permita o lo exija.
El artículo 7 de la Ley 1996 de 2019 aporta un matiz relevante: los menores de edad con discapacidad tienen derecho a apoyos para actos que puedan realizar autónomamente y para las situaciones en las que deba tenerse en cuenta su voluntad y preferencias en el ejercicio digno de la patria potestad. Esta disposición no convierte a todos los menores en personas mayores de edad, pero impide que la discapacidad silencie sus preferencias.
C. Ejemplo sucesoral: el local que recibió Emilia
Emilia tiene 12 años y figura como beneficiaria de derechos hereditarios sobre un local. Sus familiares quieren arrendarlo por diez años. El primer paso es reconocer que Emilia puede ser titular de derechos patrimoniales; su minoría de edad no borra la herencia. El segundo es identificar quién tiene facultades de representación o administración y si la duración y características del negocio exigen reglas especiales. El tercero es estudiar si las condiciones del arrendamiento protegen el interés patrimonial de la menor.
Si un familiar firma sin estar habilitado, el conflicto no se soluciona diciendo que «Emilia no cuenta». Su posición jurídica debe mantenerse en el centro: el patrimonio pertenece a quien resulte titular y la actuación del adulto necesita fundamento legal. La intervención de representantes tiene límites y puede estar sometida a controles.
D. Ejemplo cotidiano: una decisión educativa y una compra digital
Tomás, de 16 años, desea elegir una formación técnica y, por otra parte, adquirir un equipo costoso mediante financiación. Son decisiones diferentes. La primera involucra autonomía, participación y derechos educativos; la segunda puede generar obligaciones patrimoniales y requerir revisión de la capacidad contractual, las condiciones del crédito y la representación. La edad no produce una respuesta uniforme a situaciones jurídicamente distintas.
Síntesis teórica: los menores son personas y titulares de derechos; el ejercicio civil de ciertos negocios se sujeta a reglas de protección, capacidad y representación. La autonomía progresiva exige participación real y una lectura constitucional de tales límites.
Repasa lo aprendido
Comprueba esta lectura con un examen de diez preguntas y practica sus tarjetas de memoria.