Se contrastaron las normas y reformas identificadas en las fuentes de esta lección. La aprobación editorial humana está pendiente; los asuntos específicos no comprobados se señalan en la explicación.
Acuerdo para terminar y acuerdo sobre consecuencias
El divorcio de común acuerdo supone voluntad coincidente de los cónyuges de terminar el vínculo o sus efectos civiles, junto con regulación jurídicamente admisible de las consecuencias pertinentes. No basta que ambos estén cansados de la convivencia si persiste un conflicto que impide formalizar el acuerdo requerido para la vía escogida. Tampoco toda cláusula resulta válida porque tenga dos firmas: subsisten normas protectoras de hijos, alimentos y libertad.
El artículo 34 de la Ley 962 de 2005 permite divorcio civil y cesación de efectos civiles de matrimonio religioso ante notario por mutuo acuerdo, mediante escritura pública y por intermedio de abogado. Conserva la competencia judicial y equipara los efectos del acto notarial a los del divorcio judicial. La Ley 2442, artículo 7, mantiene la alternativa notarial ligada al acuerdo; no autoriza al notario a imponer una propuesta unilateral controvertida. Su redacción menciona literalmente «causal 1a», pese al contexto de la reforma; se advierte esa inconsistencia y la conclusión sobre mutuo acuerdo se funda también en el artículo 34 de Ley 962 y el reglamento, sin corregir silenciosamente la ley.
Las reglas reglamentarias se encuentran en el Decreto 1069 de 2015, artículos 2.2.6.8.1–2.2.6.8.7, que compilaron los artículos del Decreto 4436 de 2005. Se utiliza la compilación y se explica su procedencia, evitando presentar la norma de 2005 como si no hubiera sido compilada. Su referencia antigua al Código del Menor debe contrastarse con el artículo 24 de Ley 1098, que el decreto único ya recoge.
Petición, poder y documentos
La petición identifica cónyuges, documentos, edad y residencia. El acuerdo expresa voluntad de divorciarse o de hacer cesar efectos civiles, regula alimentos entre las partes cuando corresponde e indica el estado de la sociedad conyugal. Debe informarse existencia de hijos menores y regular contribuciones, custodia, cuidado y visitas. Identificar estado patrimonial no equivale a afirmar que toda liquidación de bienes deba haberse terminado antes de cualquier divorcio.
Se anexan registros civiles pertinentes, poder al abogado y documentos exigibles. Si se faculta al abogado para firmar la escritura, debe existir habilitación expresa en los términos reglamentarios. Una representación procesal genérica no debe suponerse suficiente para cualquier acto de disposición patrimonial adicional. Documentos extranjeros, poderes a distancia o inconsistencias registrales requieren examen particular, sin inventar formalidades iguales para todos los países.
Los interesados escogen el círculo notarial según la regla del artículo 2.2.6.8.1. No debe trasladarse automáticamente la regla territorial de celebración del matrimonio al divorcio notarial. El control de identidad, autenticidad y libertad sigue siendo necesario: la elección de oficina no permite formalizar un acuerdo obtenido bajo amenaza ni ignorar reparaciones o medidas de protección relevantes.
Intervención protectora cuando hay hijos menores
El notario notifica el acuerdo a la Defensoría de Familia del lugar de residencia de los hijos. El artículo 2.2.6.8.3 establece quince días siguientes a la notificación para el concepto. Si no llega dentro del plazo, el notario deja constancia, autoriza la escritura en los términos reglamentarios y remite copia. Esta consecuencia no elimina el control de los demás requisitos sustanciales ni habilita cualquier cláusula lesiva.
Las observaciones legalmente sustentadas relativas a protección de hijos se incorporan si los cónyuges las aceptan. En caso contrario, se entiende desistido el perfeccionamiento de la escritura y se devuelven documentos bajo recibo. No se trata de que el notario dirima a su arbitrio una controversia sobre custodia o reemplace la protección requerida por silencio de las partes. Una discrepancia sustancial puede exigir la vía judicial y las medidas necesarias.
El plazo para concepto no equivale a una promesa de duración total. No debe asegurarse que cualquier divorcio estará listo en diez, quince o treinta días: pueden faltar documentos, existir observaciones o dificultades de notificación. Las tarifas y costos cambian y quedan pendientes de consulta para un trámite concreto; esta lección no ofrece un precio vigente inventado ni confunde honorarios profesionales con derechos notariales.
Escritura, desistimiento y registro
La solicitud, poder, registros y concepto se protocolizan conforme al artículo 2.2.6.8.5. Satisfechos requisitos, se autoriza la escritura. El artículo 2.2.6.8.4 contempla desistimiento si transcurren dos meses desde que el instrumento se puso a disposición sin que concurran a otorgarlo. El punto de partida no es necesariamente la primera conversación con el abogado ni la fecha en que la pareja dejó de vivir junta.
El artículo 2.2.6.8.6 regula comunicación para anotaciones del estado civil. Debe diferenciarse autorización del instrumento y publicidad registral, procurando coherencia entre matrimonio y nacimientos. La escritura de divorcio tampoco adjudica por sí misma todo inmueble social si no incorpora y cumple las operaciones y registros patrimoniales pertinentes. Un expediente completo conserva trazabilidad de los actos, en vez de utilizar una sola copia como respuesta universal a todas las cuestiones.
Ejemplo colombiano 1: acuerdo con hijos en Santa Marta
Dos cónyuges acuerdan divorciarse y presentan una cláusula que permite suspender alimentos cuando el niño no visite al otro progenitor. La relación paterno-filial no puede utilizarse como intercambio de dinero por contacto. Deben revisarse legalidad, suficiencia y protección, y comunicarse el acuerdo a Defensoría según el régimen. Si hay observaciones sustentadas y no son aceptadas, el reglamento prevé desistimiento del perfeccionamiento de la escritura. El notario no debe convertir una cláusula lesiva en válida porque ambos adultos la firmaron.
Ejemplo colombiano 2: un bien pendiente en Bucaramanga
La pareja está de acuerdo en terminar el matrimonio, pero informa que una liquidación patrimonial seguirá por su vía. El acuerdo debe identificar el estado de la sociedad y regular lo pertinente; divorcio y adjudicación no se confunden. Si se pretende incluir liquidación en el instrumento, deben cumplirse sus requisitos, inventarios y garantías de terceros. No se presume que el divorcio adjudica automáticamente la mitad material de un apartamento ni que la falta de reparto convierte al otro cónyuge en dueño exclusivo.
Ejemplo colombiano 3: falta de otorgamiento en Cali
La notaría pone a disposición la escritura y ninguno comparece durante los dos meses siguientes. El supuesto reglamentario de desistimiento se vincula a esa puesta a disposición, no a cualquier demora informal anterior. Si luego desean continuar, deben verificar la situación del trámite y requisitos actualizados. Una propuesta sin escritura autorizada no debe usarse como prueba concluyente de que el vínculo terminó. Tampoco una separación de hecho anterior sustituye la formalización del divorcio que se pretendía obtener.
Acuerdo libre y límites
El trámite notarial facilita la formalización cuando hay consenso jurídicamente admisible. No obliga a negociar bajo riesgo ni impide acudir al juez. La persona que sufrió violencia conserva los derechos protectores de la Ley 1257, incluido el alcance de no confrontación voluntaria del artículo 8.k. La revisión debe garantizar que el acuerdo sea una decisión libre y no una condición impuesta para recuperar documentos, acceso a hijos o recursos de subsistencia.
Fuentes: Ley 962, 34; Ley 2442, 7; Decreto 1069, 2.2.6.8.1–7, contrastado con Decreto 4436 de 2005; Ley 1098, 24; Ley 1257, 8. Consulta: 2026-11-04. Estado: REVISADO_CON_FUENTES_PENDIENTE_REVISION_HUMANA.
Repasa lo aprendido
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