Se contrastaron las normas y reformas identificadas en las fuentes de esta lección. La aprobación editorial humana está pendiente; los asuntos específicos no comprobados se señalan en la explicación.
La voluntad permite terminar; los efectos requieren regulación
La Ley 2442 de 2024 añadió al artículo 154 la causal 10: sola voluntad de cualquiera de los cónyuges. La institución protege la decisión personal de dejar de estar casado sin exigir consentimiento de la pareja ni la prueba de una infracción conyugal. Su ejercicio no depende de que el otro cónyuge considere razonable la ruptura o acepte un precio para concederla.
La autonomía para terminar no significa fijar unilateralmente todos los efectos. El artículo 156 exige acompañar la demanda con una propuesta de divorcio. El demandado puede oponerse al contenido y proponer una alternativa; su desacuerdo no funciona como veto a la terminación. Deben preservarse notificación, defensa y oportunidad de controvertir las medidas que incidan sobre sus derechos.
Esta distinción impide dos errores. El primero consiste en prometer que basta comunicar por mensaje que el matrimonio terminó: sigue siendo necesaria la actuación jurídica y su publicidad. El segundo consiste en tratar toda controversia patrimonial como razón para mantener forzosamente el vínculo. La ley atribuye al juez la definición de medidas cuando falta acuerdo, con las garantías del proceso y el alcance de las pretensiones.
Contenido de la propuesta
El parágrafo 1 del artículo 156 contempla, cuando corresponda, obligaciones alimentarias, reparación integral económica y simbólica y liquidación de la sociedad conyugal. No todas las propuestas tienen idéntico contenido material: depende de hijos, necesidades, violencia y situación patrimonial. Una cláusula que diga simplemente «cada uno responde por lo suyo» resulta insuficiente si omite cuestiones legalmente relevantes.
Cuando existen hijos, deben precisarse contribuciones a crianza, educación y establecimiento; cuantía alimentaria, lugar y forma de pago; custodia y cuidado personal; visitas y periodicidad. La remisión al artículo 24 de Ley 1098 exige comprender alimentos en sentido amplio, no como una suma exclusiva para comida. Deben considerarse necesidades reales y capacidad, sin convertir una cifra arbitraria en tarifa nacional.
La propuesta debe ser concreta: identificar quién asume qué prestación, cómo se paga, desde cuándo y con qué mecanismo de actualización o verificación procedente. Un calendario de cuidado debe responder a edad, escolaridad, desplazamientos y riesgos; no puede redactarse únicamente como reparto de horas entre adultos. Escuchar al niño según sus condiciones y protegerlo de violencia no equivale a hacerlo decidir la disputa parental.
Respecto del patrimonio, debe distinguirse la disolución que deriva del divorcio y las operaciones de inventario, pasivos, recompensas y adjudicación. La propuesta puede orientar el arreglo, pero no convierte bienes de terceros en sociales ni cancela créditos por acuerdo de los cónyuges. Si se discute titularidad u origen, deben aportarse documentos y garantizar contradicción.
Control de oficio y protección de subsistencia
El artículo 156 ordena revisar de oficio los alimentos propuestos cuando hay menores y los correspondientes entre las partes para verificar si alguno carece de medios de subsistencia. El artículo 411.13, añadido por la reforma, establece el título alimentario ligado al divorcio por causal 10 para el cónyuge que carezca de medios, mientras no contraiga nuevo matrimonio o nueva unión marital de hecho. No es una sanción automática a quien toma la iniciativa.
Necesidad y capacidad deben analizarse con las demás reglas del régimen alimentario. El trabajo de cuidado, la dependencia y las condiciones de acceso a ingresos son relevantes; no se presume que una persona puede sostenerse inmediatamente porque alcanzó mayoría de edad. Tampoco toda diferencia salarial genera por sí sola una pensión vitalicia o del mismo monto.
El juez debe revisar desde una perspectiva de género la existencia de otras causales y adoptar medidas frente a riesgos para integridad, vida o propiedad. Por ello, utilizar la causal 10 no puede funcionar como mecanismo para ocultar violencia y borrar la reparación que corresponda. La actuación de oficio debe ser motivada, permitir prueba y contradicción y distinguir la urgencia protectora de una condena definitiva.
El parágrafo 2 permite regular en capitulaciones indemnizaciones por terminación unilateral. La habilitación no elimina límites de orden público ni vuelve válida cualquier cláusula que coaccione la permanencia, desconozca derechos de hijos o suprima protección. Su contenido concreto debe examinarse con el régimen de capitulaciones del capítulo 5.5; no se presume exigible toda penalidad privada por llamarla indemnización.
Ejemplo colombiano 1: oposición al divorcio en Bogotá
Samuel demanda por causal 10 y su cónyuge responde que nunca firmará el divorcio. Esa negativa no suprime la causal. Sí puede controvertir una propuesta que omite gastos de una hija o calcula ingresos de manera incompleta. El proceso debe garantizar su notificación y defensa respecto de esos efectos. El juez no debe confundir una alternativa alimentaria con un veto al vínculo, ni resolver por simple adhesión a la primera cifra presentada. La autonomía de Samuel y la protección económica familiar se examinan simultáneamente en sus respectivos ámbitos.
Ejemplo colombiano 2: propuesta insuficiente en Pereira
Una demanda propone que cada progenitor pague exactamente la mitad, aunque uno tiene ingreso estable y el otro realiza cuidado y carece de salario. La igualdad jurídica no obliga a ignorar capacidades, necesidades y cargas efectivas. Deben documentarse gastos, ingresos y contribuciones en especie y formular medidas realizables. La ausencia de empleo no extingue toda responsabilidad parental, pero tampoco permite inventar capacidad económica. El control de oficio busca suficiencia y proporcionalidad, no premiar al primer demandante.
Ejemplo colombiano 3: violencia omitida en Florencia
Un cónyuge presenta divorcio unilateral y ofrece una suma global a cambio de que su pareja renuncie a toda protección y reparación por agresiones. La causal 10 no valida automáticamente esa condición. El juez debe examinar los indicios, proteger a la persona en riesgo y garantizar debate sobre efectos. Una eventual reparación requiere fundamento y prueba, mientras las medidas urgentes tienen finalidad preventiva. Las obligaciones de hijos no pueden negociarse como contraprestación por obtener el divorcio ni renunciarse mediante una declaración genérica de paz y salvo.
Ruta y cumplimiento
El desacuerdo sustancial sobre efectos requiere decisión judicial; no convierte al notario en juez de un divorcio unilateral contencioso. La reforma mantiene la vía notarial asociada al mutuo acuerdo cuando se cumplen sus requisitos. Debe distinguirse negociación previa, proceso, decisión y registro. Para que la protección sea efectiva, la propuesta y la providencia deben permitir identificar prestaciones y mecanismos de cumplimiento sin dejar a hijos o cónyuges dependientes en un vacío entre ruptura y liquidación.
Fuentes: Ley 2442, artículos 2–7; Código Civil, 154.10, 156, 160 y 411.13; Ley 1098, 24; CGP, 388–389 y 598. Consulta: 2026-11-04. Estado: REVISADO_CON_FUENTES_PENDIENTE_REVISION_HUMANA.
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