Se contrastaron las normas y reformas identificadas en las fuentes de esta lección. La aprobación editorial humana está pendiente; los asuntos específicos no comprobados se señalan en la explicación.
Un trámite liquidatorio basado en el acuerdo
La liquidación notarial de herencia permite solemnizar la partición o adjudicación dentro del régimen especial de los Decretos 902 de 1988 y 1729 de 1989. No es una sentencia que resuelva por imposición un litigio entre personas enfrentadas. El acuerdo debe abarcar la actuación de los interesados y el trabajo que se presenta, sin vulnerar derechos indisponibles ni excluir a quien debe concurrir.
La cuantía, por sí sola, no obliga a escoger la vía judicial: el artículo 1 del Decreto 902, reformado por el 1729, permite herencias de cualquier cuantía dentro de sus presupuestos. También puede acogerse el heredero único. La presencia de un menor no cierra de forma absoluta esta vía, porque los artículos 33–37 del Decreto 2651 de 1991 establecen el régimen complementario examinado en la siguiente lección. La discapacidad de una persona adulta se analiza conforme a la Ley 1996 de 2019, sin presumir incapacidad por el diagnóstico.
El artículo 1 sitúa la solicitud ante el notario del círculo del último domicilio del causante en el territorio nacional y, si tenía varios, del asiento principal de sus negocios. Si hay varios notarios en el lugar, la elección requiere el acuerdo unánime correspondiente. No se convierte cualquier notaría del país en competente por el hecho de poder enviar documentos electrónicamente.
Petición, apoderamiento y declaración responsable
La regla general del decreto exige solicitud por escrito mediante apoderado abogado. Las excepciones y cuantías operativas deben verificarse en su régimen actualizado; la cifra nominal histórica de 1988 no se utiliza aquí como valor actual. El poder acredita representación, pero no demuestra por sí mismo quiénes tienen derecho ni autoriza al apoderado a disponer por fuera del encargo.
El artículo 2 exige nombres, vecindad, interés de los solicitantes, identificación del causante y último domicilio, y manifestación sobre la forma de aceptación. Incluye declaración bajo juramento de no conocer interesados de igual o mejor derecho ni otros legatarios o acreedores distintos de los relacionados. La firma no convierte en verdadera una declaración falsa ni elimina el deber de verificar los documentos disponibles.
La ocultación de interesados, bienes o testamentos y la declaración de pasivos inexistentes generan la responsabilidad solidaria de indemnizar a los perjudicados prevista por el artículo 2, sin perjuicio de otras consecuencias legales. No se presume esa conducta por cualquier error material, pero tampoco se la neutraliza diciendo que «todos los que firmaron estaban de acuerdo»: un acuerdo obtenido mediante exclusión puede perjudicar precisamente a quien no participó.
Inventario, partición y publicidad
El artículo 3 exige documentación, inventario y avalúo, relación de pasivos y trabajo de partición o adjudicación. Su referencia histórica al Código de Procedimiento Civil debe armonizarse con el régimen actual de documentos sucesorales, incluido el artículo 489 del CGP según corresponda. El interesado debe acreditar defunción, calidad, títulos, activos y obligaciones; no basta presentar el certificado de un único inmueble si existen otros derechos o deudas conocidos.
La aceptación de la solicitud se plasma en acta si cumple los requisitos. El régimen prevé edicto, publicaciones y comunicaciones a autoridades tributarias y a la Superintendencia de Notariado y Registro. El numeral 3 condiciona la escritura al cumplimiento de publicidad, intervención tributaria y demás exigencias. El plazo de diez días que allí aparece no es una garantía de que cualquier sucesión quedará terminada en diez días desde la primera visita a la notaría.
La escritura de partición o adjudicación solemniza el resultado conforme al procedimiento. Debe ser suscrita por quienes deban hacerlo o por apoderados con facultades suficientes. El artículo 5 exige los registros correspondientes a inmuebles, derechos sociales y otros bienes sujetos a publicidad especial. La escritura guardada en una carpeta no reemplaza la inscripción legalmente necesaria.
Aparición de interesados, desacuerdo y adiciones
Si aparece otro interesado antes de la escritura, el artículo 3.5 exige rehacer de común acuerdo la partición y la liquidación pertinente; si no existe acuerdo, termina la actuación notarial. El numeral 7 establece la terminación cuando surge desacuerdo entre los intervinientes. El notario no puede resolver de manera definitiva qué persona es hija o quién tiene mejor derecho de propiedad mediante un reparto que una parte rechaza.
Después de la escritura, el numeral 6 diferencia la aparición de nuevos interesados: pueden hacer valer derechos ante juez o pedir, conjuntamente con los participantes anteriores y bajo el régimen legal, que se rehaga la liquidación. El numeral 8 trata nuevos bienes o bienes inventariados que no fueron adjudicados y permite la liquidación adicional en sus términos. Un nuevo bien y una persona omitida no son el mismo problema ni se solucionan siempre con idéntico documento.
El artículo 10 regula la concurrencia con un proceso judicial: si antes de otorgar la escritura se acredita la iniciación del proceso sucesoral correspondiente, procede la terminación y remisión previstas. Los artículos 7–9 también atienden duplicidades notariales. Iniciar varias actuaciones para obtener el primer registro no es una estrategia que elimine los derechos de los demás interesados ni impida el control judicial.
Ejemplo colombiano 1: acuerdo que se rompe en Pereira
Dos herederos presentan un inventario y reparto acordados. Antes de firmar la escritura, uno acredita un depósito y pide incorporarlo; el otro se niega y exige que el notario adjudique únicamente lo que habían relacionado. Hay una controversia relevante que no se supera con el formulario inicial.
Debe intentarse el acuerdo completo con el patrimonio correcto. Si persiste el desacuerdo entre quienes intervienen, se aplica la terminación del artículo 3.7 y se acude al cauce judicial pertinente. El notario no puede imponer el reparto discutido ni tratar la primera firma como renuncia irrevocable a informar un activo conocido después.
Ejemplo colombiano 2: hija conocida no incluida
En una solicitud presentada en Santa Marta se afirma que no existen otros herederos, aunque los solicitantes conocen a una hija del causante y conservan su registro civil. Ella comparece antes de la escritura. Deben examinarse su calidad y la necesidad de rehacer de común acuerdo el trabajo conforme al numeral 5.
La declaración juramentada inicial no la excluye por sí sola. Si se acreditan ocultación y perjuicios, el artículo 2 prevé consecuencias indemnizatorias; su aplicación exige demostrar el supuesto correspondiente. No se puede convertir la unanimidad de quienes la omitieron en consentimiento de la persona afectada.
Ejemplo colombiano 3: activo hallado después de la escritura
Una sucesión notarial en Bucaramanga quedó terminada y registrada. Después se acredita una cuenta propia del causante que no figuró en la liquidación. Los interesados estudian la liquidación adicional del artículo 3.8 ante el mismo notario en los términos legales; no necesitan fingir que la cuenta pertenece al heredero que encontró el extracto.
Si lo que aparece es una persona con mejor o igual derecho, se analiza el numeral 6 y no se la reduce a una partida contable. El diagnóstico de la novedad —activo o interesado— determina documentación, consentimiento y eventual intervención judicial.
Consulta de fuentes: 2026-11-04. Revisión jurídica humana pendiente.
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