Se contrastaron las normas y reformas identificadas en las fuentes de esta lección. La aprobación editorial humana está pendiente; los asuntos específicos no comprobados se señalan en la explicación.
El patrimonio del hijo conserva su autonomía
La patria potestad, definida por el artículo 288 del Código Civil, facilita el cumplimiento de deberes parentales respecto de hijos no emancipados. No hace a los padres dueños de sus bienes ni permite utilizarlos sin límites para resolver sus propios problemas económicos. Debe distinguirse propiedad del hijo, administración, representación y eventual usufructo legal, porque no son facultades idénticas ni tienen necesariamente el mismo alcance.
La administración parental cumple una función protectora y está sujeta a responsabilidad. Un activo recibido por el hijo mediante herencia no ingresa por ese solo hecho a la sociedad conyugal o patrimonial de sus padres. Tampoco su titularidad se extingue porque viva en el hogar o porque los adultos paguen gastos de conservación. Las relaciones económicas que correspondan deben analizarse con su causa, sin transferencias tácitas inventadas a favor de quien administra.
Usufructo y clases de peculio
El artículo 291 regula usufructo parental y excepciones. Los bienes obtenidos con el trabajo o industria del hijo forman peculio profesional o industrial. También contempla exclusiones relacionadas con donaciones, herencias o legados en los términos de la voluntad del disponente y situaciones de indignidad o desheredamiento. Los bienes con usufructo legal integran peculio adventicio ordinario; aquellos sobre los cuales ninguno de los padres tiene usufructo, peculio adventicio extraordinario.
Estas categorías no deben presentarse como licencia ilimitada de los padres sobre frutos ni como incapacidad absoluta del adolescente para toda actividad patrimonial. El artículo 294 reconoce administración y goce del peculio profesional o industrial, con las restricciones legales que continúan aplicándose. La autonomía progresiva y la protección del menor exigen estudiar el acto específico, no deducir de una clasificación una capacidad general para cualquier negocio inmobiliario.
Los artículos 295 y 296 diferencian administración y usufructo cuando donante o testador establece condiciones. Privar de una facultad no priva automáticamente de la otra salvo disposición expresa en los términos legales. El instrumento debe leerse cuidadosamente: una cláusula que excluye administración no significa por sí sola exclusión del usufructo, y viceversa. Si los padres no administran, el artículo 300 contempla la figura correspondiente para esa administración.
Información y responsabilidad de quien administra
El artículo 297 exige descripción circunstanciada de bienes desde el inicio de la administración cuando no se hace inventario solemne en el supuesto legal. La exención de formalidad no equivale a ausencia de registro, rendición o control. Conviene conservar títulos, ingresos, egresos y justificación de decisiones, para diferenciar uso legítimo de actos que disminuyen injustificadamente el patrimonio infantil.
El artículo 298 establece responsabilidad por disminución o deterioro imputable a culpa, aun leve, o dolo. El artículo 299 regula cesación y contempla la presunción asociada a disminución considerable de bienes o aumento injustificado del pasivo. No toda variación de mercado prueba culpa parental; debe analizarse conducta, causalidad y régimen. Tampoco se puede justificar cualquier detrimento con una referencia genérica al bienestar familiar sin demostrar destino y necesidad.
Los conflictos de interés requieren especial atención. Quien administra no puede suponer que representa adecuadamente al hijo en un negocio que busca trasladarle al adulto el valor del inmueble sin contraprestación suficiente. La necesidad de representación especial y control debe examinarse según el acto. No se presume resuelto el conflicto porque ambos padres acuerden entre sí una operación contraria al interés patrimonial del menor.
Inmuebles: licencia con conocimiento de causa
El artículo 303 dispone que los bienes raíces del hijo, incluso de su peculio profesional, no se enajenan ni hipotecan sin autorización judicial con conocimiento de causa. El artículo 581 del CGP exige justificar necesidad y expresar destinación del producto en los casos correspondientes; la autorización judicial tiene plazo fijado en sentencia que no puede exceder seis meses. La licencia no es una aprobación indefinida de cualquier negocio futuro.
El control no se satisface afirmando que vender «es conveniente». Deben individualizarse bien, valor, finalidad, alternativa y destino del producto, con soportes. Una autorización protege frente al acto examinado y sus condiciones; no permite sustituir luego la operación por otra sustancialmente diferente sin revisar procedencia. La enajenación autorizada judicialmente no se realiza en pública subasta bajo el artículo 581, sin perjuicio de medidas de protección que el juez estime necesarias.
Competencia notarial actual y garantías
La lectura del artículo 303 se integra con CGP 617 y Decreto 1069, artículos 2.2.6.15.2.1.1–5. Estos prevén autorización notarial para enajenar bajo sus condiciones, sin perjuicio de competencia judicial. Por ello, es impreciso afirmar que todo acto de venta de un bien de menor exige exclusivamente acudir a un juez, aunque el título de la lección destaque la garantía judicial del régimen civil.
La solicitud notarial debe justificar necesidad, individualizar bienes y comprometer destino del producto; no puede formularse para enajenar una universalidad de bienes en los términos del reglamento. Se comunica a Defensoría de Familia para el control legal y, ante concepto desfavorable, se remite al juez competente. La escritura de autorización tiene vigencia de seis meses desde el otorgamiento. Controversias y oposiciones se tramitan conforme a la remisión del CGP, sin convertir la notaría en un proceso contencioso.
Esta regulación conserva lenguaje histórico sobre adultos «incapaces». Su aplicación no permite desconocer Ley 1996: la discapacidad adulta no constituye por sí sola incapacidad ni habilita nuevos procesos de interdicción. Aquí se estudia patrimonio de hijos menores bajo sus reglas, sin trasladar a personas adultas una sustitución general de voluntad. Al alcanzar mayoría de edad deben revisarse las posiciones vigentes y los apoyos procedentes, en lugar de perpetuar automáticamente potestades parentales.
Ejemplo colombiano 1: apartamento heredado por una niña
En Santa Marta, una niña de diez años hereda un apartamento y sus padres quieren venderlo para pagar una deuda empresarial exclusivamente propia. El inmueble sigue siendo de la niña. Deben justificar la necesidad del acto y el destino del precio conforme al régimen protector; la conveniencia personal del adulto no reemplaza ese examen. La autoridad evaluará el interés patrimonial infantil y los requisitos de autorización. Una firma de los padres o su acuerdo de divorcio no basta para disponer libremente del activo ajeno.
Ejemplo colombiano 2: ahorro de trabajo y adquisición inmobiliaria
En Medellín, un adolescente obtiene ingresos de una actividad permitida y con ellos adquiere un derecho inmobiliario. Su familia afirma que por tratarse de peculio profesional puede hipotecarlo sin control. El artículo 303 incluye expresamente inmuebles aun de ese peculio dentro de la autorización requerida. La autonomía respecto de administración y goce no suprime las restricciones específicas al acto real. Debe identificarse exactamente si se pretende vender o hipotecar y verificar el mecanismo habilitado para esa operación, sin extender automáticamente una vía notarial de enajenación a cualquier gravamen.
Ejemplo colombiano 3: autorización notarial y concepto desfavorable
En Neiva, los padres solicitan autorización notarial para vender una cuota de su hijo, detallan el precio proyectado y anuncian reinversión. Defensoría encuentra insuficiente la justificación del destino y emite concepto desfavorable. El reglamento ordena remisión al juez competente; no permite ignorar el concepto porque los adultos estén de acuerdo. Deben aportar y controvertir los soportes dentro de la vía pertinente. La intervención protectora controla una operación concreta y no convierte al defensor en propietario ni exime al representante de responsabilidad por el uso del producto.
Fuentes examinadas: Código Civil, artículos 288 y 291–303, notas de mayoría de edad y reformas; CGP, artículos 581 y 617; Decreto 1069, artículos 2.2.6.15.2.1.1–5; Ley 1996, artículos 6–9 y 53. Consulta: 2026-11-04. Se diferencia autorización notarial de enajenación y control de gravámenes; no se asimila discapacidad adulta a incapacidad. Revisión humana pendiente.
Repasa lo aprendido
Comprueba esta lectura con un examen de diez preguntas y practica sus tarjetas de memoria.