Se contrastaron las normas y reformas identificadas en las fuentes de esta lección. La aprobación editorial humana está pendiente; los asuntos específicos no comprobados se señalan en la explicación.
El expediente permite comprobar presupuestos del vínculo
Antes de celebrar matrimonio deben establecerse identidad, capacidad, libertad y ausencia de impedimentos relevantes. El expediente no es una colección de papeles sin función: permite comprobar circunstancias que pueden afectar validez, proteger a terceros y dejar trazabilidad del acto. Un documento aparentemente completo no elimina la obligación de examinar inconsistencias; una exigencia documental tampoco puede convertirse en una barrera discriminatoria desvinculada de la ley.
Los artículos 115, 116 y 140 del Código Civil cumplen funciones complementarias: consentimiento y solemnidad, capacidad actual y causales de nulidad. La Ley 2447 de 2025 modificó edad y reglas protectoras, por lo que los expedientes deben depurarse de formatos que todavía admitan permisos matrimoniales para menores. La circulación de una guía antigua no restablece un requisito o excepción derogados.
Impedimentos: no toda objeción familiar tiene relevancia legal
El vínculo matrimonial anterior subsistente aparece en el artículo 140.12. Separarse de hecho o liquidar una sociedad de bienes no equivale a disolver el matrimonio y, por tanto, no permite celebrar otro como si ya se hubiera obtenido divorcio. Debe verificarse qué acto terminó el vínculo previo y su prueba, en lugar de inferir soltería de la ausencia de convivencia o de un reparto económico.
El numeral 9 contempla relaciones de ascendencia, descendencia y entre hermanos; el numeral 11 regula supuestos vinculados a adopción con los condicionamientos señalados en la compilación. El parentesco exige reconstrucción jurídica y probatoria, no solo coincidencia de apellidos. Tampoco debe enseñarse como vigente todo el listado histórico: varios numerales del artículo 140 fueron derogados o retirados por control constitucional.
La oposición de familiares por falta de simpatía, diferencia económica o desacuerdo con la orientación sexual no se convierte por sí misma en impedimento legal. Debe identificarse un hecho y relacionarlo con una prohibición aplicable. Esa precisión protege tanto libertad de los contrayentes como seriedad de las verificaciones previas. La autoridad no está habilitada para añadir restricciones morales de su preferencia.
Documentación básica y antecedentes de un matrimonio anterior
El Decreto 2668 de 1988, artículos 2 y 3, contempla solicitud con identificación, datos personales, declaración de ausencia de impedimentos y voluntad libre, junto con registros civiles y los antecedentes que correspondan a segundas nupcias. El texto normativo fue examinado en su transcripción oficial incorporada a C-358/16; se utiliza esa transcripción como fuente del decreto, sin atribuir a dicha sentencia una regla de fondo no estudiada aquí.
La solicitud debe permitir establecer quiénes van a casarse y verificar su situación civil. Si existió un matrimonio previo, se requiere el documento idóneo que acredite la causa de terminación y las anotaciones pertinentes. Una manifestación privada de «ya no tengo relación con mi ex» no reemplaza una prueba de divorcio o defunción. A su vez, la terminación del vínculo y la liquidación de los bienes son cuestiones diferentes y no deben confundirse en una sola certificación imaginaria.
La actualidad y el contenido de los documentos deben comprobarse según el trámite. Esta lección no fija una tarifa notarial ni presenta un listado universal para todos los extranjeros, países y situaciones. Cuando existe un elemento internacional pueden requerirse autenticidad, traducción y comprobación del régimen aplicable; una lista general de internet no sustituye esa revisión.
Protección del patrimonio de los hijos
Los artículos 169–171 del Código Civil regulan inventario y curador especial en los supuestos relacionados con hijos bajo las condiciones que describen. Su lectura debe excluir las limitaciones históricas por origen matrimonial de los hijos y considerar las afectaciones registradas. La finalidad consiste en identificar bienes administrados que pertenecen a los hijos, no en distribuirlos entre quienes van a casarse.
El artículo 170 contempla curador aun cuando los hijos no tengan bienes propios en poder del progenitor, para que se haga constar esa circunstancia. Por ello, afirmar que «no hay propiedades, entonces nada debe verificarse» puede omitir una garantía expresa. La procedencia concreta y formalización deben examinarse según la situación familiar y el régimen del trámite, sin reproducir categorías de incapacidad adulta superadas por la Ley 1996.
Un inventario protege separación de patrimonios y hace visible qué administra el progenitor. No constituye autorización general para vender bienes del niño, no modifica su titularidad y no reemplaza los permisos judiciales que puedan exigirse para un acto posterior. La celebración matrimonial de un adulto no convierte en bienes comunes aquellos que pertenecen a sus hijos.
Competencia y formalidades sin discriminación
La C-112/00 examinó la preferencia exclusiva por el domicilio de la mujer y la retiró de las disposiciones estudiadas, incluido el artículo 1 del Decreto 2668. La sentencia permite entender por qué una regla formal aparentemente neutral puede perpetuar discriminación. Su contexto histórico no debe confundirse con la vigencia actual de todos los artículos citados: el artículo 126 del Código Civil fue posteriormente derogado y la competencia judicial se identifica en el CGP.
Las solemnidades cumplen una función de certeza. No pueden reemplazarse por un acuerdo privado que declare innecesaria toda actuación de la autoridad, pero tampoco se deben multiplicar arbitrariamente para obstaculizar un matrimonio permitido. La verificación debe atender los hechos relevantes, respetar igualdad y facilitar comunicación accesible, sin trasladar a familiares el consentimiento de adultos que pueden decidir.
Ejemplo colombiano 1: liquidación sin divorcio
En Bogotá, una persona presenta escritura de liquidación de sociedad conyugal y afirma que ya está habilitada para casarse con otra pareja. Debe examinarse si el vínculo anterior fue efectivamente disuelto: liquidar bienes no es divorciarse. Si el matrimonio subsiste, el artículo 140.12 plantea el impedimento correspondiente. El expediente debe reflejar la distinción, aunque la persona viva separada desde hace años o ya no tenga activos comunes con su cónyuge.
Ejemplo colombiano 2: oposición por orientación sexual
En Pasto, un familiar se opone al matrimonio de dos adultos del mismo sexo porque considera que esa relación no corresponde a sus creencias. Esa preferencia personal no identifica un impedimento legal. La autoridad debe aplicar los requisitos generales en igualdad y examinar solo objeciones jurídicamente pertinentes con soporte fáctico. El desacuerdo religioso de un tercero no sustituye consentimiento de los contrayentes ni permite ofrecerles un contrato de menor protección.
Ejemplo colombiano 3: inventario y dinero de una hija
En Neiva, una madre administra dinero perteneciente a su hija y proyecta casarse. La verificación del inventario y de las garantías aplicables permite separar ese patrimonio del suyo y del régimen de la futura pareja. Enumerar el dinero no lo transfiere a la sociedad conyugal ni autoriza gastarlo para la ceremonia. Si se afirma que ya no existen bienes administrados, debe verificarse la situación conforme a las reglas pertinentes, sin ocultar activos del niño mediante una declaración informal.
Una revisión funcional de los requisitos
Un expediente bien construido conecta cada documento con el presupuesto que demuestra. Identidad, capacidad, impedimentos y protección de bienes de hijos no son comprobaciones intercambiables. La revisión debe detectar normas históricas superadas, distinguir terminación personal de liquidación económica y excluir obstáculos discriminatorios. Así las solemnidades sirven a la certeza del vínculo y a la protección de quienes pueden resultar afectados.
Fuentes examinadas: Código Civil, artículos 115, 116, 140, 169–171, con afectaciones; Ley 2447, artículos 3, 4 y 20; Decreto 2668, artículos 1–3, en transcripción oficial indicada; C-112/00 íntegra; CGP, artículo 17.3. Consulta: 2026-11-04. Tarifas y requisitos documentales particulares se verifican al momento del trámite; revisión humana pendiente.
Repasa lo aprendido
Comprueba esta lectura con un examen de diez preguntas y practica sus tarjetas de memoria.