Se contrastaron las normas y reformas identificadas en las fuentes de esta lección. La aprobación editorial humana está pendiente; los asuntos específicos no comprobados se señalan en la explicación.
La edad actual no se sustituye por un permiso familiar
La capacidad para contraer matrimonio es una exigencia propia del acto y debe verificarse antes de celebrarlo. La Ley 2447 de 2025, artículo 3, modificó el artículo 116 del Código Civil para reservar esa capacidad a personas mayores de dieciocho años en los términos de la reforma. El artículo 4 modificó la causal de nulidad del artículo 140.2 para comprender matrimonios con una persona menor de dieciocho o entre menores.
La consecuencia pedagógica es directa: no debe mantenerse como opción actual el matrimonio adolescente autorizado por padres, guardadores o juez. La reforma derogó las disposiciones de permisos enumeradas en su artículo 20. Una autorización doméstica no reemplaza la edad legal, y la firma del adolescente no elimina la prohibición. La protección tampoco depende de que su familia considere conveniente la unión por razones económicas o de reputación.
Uniones tempranas y protección integral
El objeto de la Ley 2447 comprende matrimonio infantil y uniones maritales tempranas. Respecto de estas últimas, su artículo 10 modificó la Ley 54 para exigir mayoría de edad e incorporar activación de mecanismos de restablecimiento. La respuesta jurídica no consiste en abandonar a quien ya está expuesto a una convivencia temprana, sino en proteger sus derechos y examinar los efectos especiales establecidos por la reforma.
La norma exige una lectura articulada: negar reconocimiento ordinario de una unión como si fuera entre adultos no elimina los derechos de sus hijos ni autoriza al adulto a apropiarse de bienes del menor. Los artículos 7–15 contienen medidas personales, alimentarias y patrimoniales que requieren estudio propio. La prohibición de celebrar no debe simplificarse como una regla que borra toda consecuencia o deja desprotegida a la persona menor.
El artículo 44 constitucional y los artículos 7, 8 y 22 de la Ley 1098 dan contexto a estas medidas: protección de derechos, desarrollo integral y prevención de decisiones familiares que sacrifiquen al niño. Un embarazo no convierte en adecuada una unión prohibida ni permite usar el matrimonio para resolver por vía formal una situación que requiere atención, sostenimiento y protección.
Capacidad, consentimiento y discapacidad son cuestiones distintas
Alcanzar la edad exigida no demuestra por sí solo que el consentimiento fue libre; ser una persona adulta con discapacidad tampoco permite presumir su ausencia. El artículo 6 de la Ley 1996 de 2019 reconoce capacidad legal en igualdad de condiciones e impide restringirla por la sola existencia de discapacidad. Deben facilitarse apoyos y ajustes pertinentes para conocer y expresar una decisión propia.
Un apoyo no puede reemplazar la voluntad matrimonial con su propia conveniencia. Tampoco corresponde exigir autorización de padres a una persona adulta solo porque utiliza una forma de comunicación diferente. El artículo 138 del Código Civil admite manifestaciones por señales que no dejen duda, lo que obliga a evitar una exigencia absoluta de expresión oral. La comprobación del consentimiento debe centrarse en la decisión real y en las garantías del acto.
La presunción de capacidad no equivale a ignorar coacción, suplantación o ausencia de una manifestación atribuible a la persona. Si aparecen hechos concretos que afectan consentimiento, deben examinarse por sus reglas, sin convertir el diagnóstico en prueba automática. Este enfoque protege simultáneamente autonomía y autenticidad de la decisión.
Efectos de una celebración contraria a la edad legal
La nulidad por minoría de edad tiene legitimación y efectos específicos. El artículo 6 de la Ley 2447 modificó el artículo 143 y permite intervención protectora durante la minoría, con reglas distintas después de alcanzar dieciocho. La ley señala que esta nulidad puede demandarse en cualquier tiempo. No debe trasladarse sin más a este supuesto una regla de saneamiento concebida para otros vicios o una autorización parental hoy derogada.
El artículo 7 prevé efectos hacia el futuro desde la declaratoria, protección de hijos, disolución de sociedad conyugal y reglas sobre responsabilidad por mala fe. Además, presume mala fe del contrayente adulto que celebra con menor y excluye que se beneficie de bienes o derechos patrimoniales de este en los términos legales. Los artículos 8 y 9 protegen bienes adquiridos durante la minoría mediante cambios en los artículos 1783 y 1795 del Código Civil.
Estas disposiciones muestran por qué la respuesta no puede reducirse a «el matrimonio nunca produjo nada». Hay que identificar el acto, la edad y fecha pertinentes, la acción, sus efectos y las medidas de protección. Para situaciones anteriores a la reforma deben revisarse el régimen temporal y las decisiones aplicables; no se presenta una regla retroactiva universal ni se da por saneado cualquier vínculo histórico.
Ejemplo colombiano 1: permiso escrito para una adolescente
En Sincelejo, unos padres autorizan por escrito el matrimonio de su hija de dieciséis años con un adulto y solicitan que el documento sea autenticado. La autorización no satisface la capacidad exigida por el artículo 116 actual. La celebración no puede fundarse en el régimen derogado de permisos. Deben atenderse las circunstancias que motivan la solicitud y posibles riesgos, sin tratar el consentimiento parental como excepción vigente a la Ley 2447.
Ejemplo colombiano 2: comunicación mediante apoyos
En Bogotá, una persona adulta con discapacidad auditiva desea casarse y utiliza lengua de señas. Se le exige que su padre autorice porque no responde oralmente. El diagnóstico y la forma de comunicación no eliminan capacidad: deben facilitarse los medios adecuados para expresar una voluntad libre e inequívoca, conforme a Ley 1996 y artículo 138. La participación de un intérprete o apoyo no lo convierte en contrayente ni le permite elegir pareja por la persona. Los demás requisitos se verifican en igualdad de condiciones.
Ejemplo colombiano 3: bienes de una menor en una unión temprana
En Apartadó, una adolescente adquirió ahorros con su trabajo permitido y fue llevada a convivir con un adulto. Este sostiene que la prohibición de reconocer ordinariamente la unión le permite conservar el dinero porque no existe nada que liquidar. La conclusión desconoce las medidas especiales de la Ley 2447, incluida la exclusión de bienes adquiridos durante la minoría y la prohibición de beneficio patrimonial del adulto. Deben activarse protección y vías pertinentes; la prohibición de unión temprana no autoriza despojo ni elimina derechos alimentarios o filiales de eventuales hijos.
La verificación previa evita una protección tardía
Comprobar capacidad no es reunir una firma más, sino impedir celebraciones que la ley prohíbe y garantizar libertad de quienes sí pueden decidir. La mayoría de edad, el consentimiento y los ajustes de comunicación se estudian por separado. Frente a uniones tempranas existentes, la respuesta combina protección personal y consecuencias especiales, sin rehabilitar permisos abolidos ni atribuir retroactividad automática.
Fuentes examinadas: Ley 2447, artículos 1–15 y 20–21, con correcciones del Decreto 312 de 2025 anotadas en la compilación; Código Civil, artículos 116, 138, 140.2 y 143; Ley 1996, artículo 6; Constitución, artículo 44; Ley 1098, artículos 7, 8 y 22. Consulta: 2026-11-04. Régimen temporal de un caso histórico: requiere comprobación individual; revisión humana pendiente.
Repasa lo aprendido
Comprueba esta lectura con un examen de diez preguntas y practica sus tarjetas de memoria.