Se contrastaron las normas y reformas identificadas en las fuentes de esta lección. La aprobación editorial humana está pendiente; los asuntos específicos no comprobados se señalan en la explicación.
Una ley especial con reglas de tránsito
La Ley 2524 fue publicada en el Diario Oficial 53.204 del 6 de agosto de 2025 y su artículo 41 dispone vigencia desde la promulgación. La fecha importa para el tránsito: las solicitudes que estaban en fase administrativa continúan esa fase bajo la Ley 1098, pero pasan al nuevo procedimiento judicial; las demandas ya admitidas judicialmente al momento de promulgación siguen el régimen anterior previsto por la disposición. No corresponde aplicar la misma transición a cualquier expediente antiguo.
El artículo 40 derogó, entre otras disposiciones, los artículos 112, 119.3 y 137 de la Ley 1098 y el artículo 22.23 del CGP. Citar este último como competencia actual general de restitución sería reproducir una regla desplazada. La ley nueva contiene competencia y procedimiento propios, que deben leerse sin borrar las situaciones de tránsito expresamente conservadas.
Colombia como requirente y como Estado requerido
Cuando se busca retorno desde otro Estado, los artículos 11–13 regulan recepción y remisión por el ICBF, con documentos que permiten identificar al niño, hechos, residencia habitual y derechos. Las exigencias deben atender a su disponibilidad legal: la información de la persona a quien se atribuyen los hechos no puede convertirse en requisito imposible cuando la norma admite lo que se conoce. Una vez completa la solicitud, la ley establece término de 15 días para remitir, con reglas de requerimiento y subsanación.
Cuando Colombia es requerida, se verifica la solicitud, se procura localizar al niño y se adoptan actuaciones urgentes dentro de las competencias. Los artículos 21–23 regulan asignación territorial, localización y fase administrativa. El defensor de familia o comisario en subsidiariedad procura retorno voluntario dentro de cinco días contados según los supuestos de recepción, registro o localización previstos. Si no se logra, remite el informe al juez en el término legal. La no localización exige explicar demora; no permite dar por cumplido un retorno inexistente.
La protección de derechos puede requerir verificación y proceso administrativo correspondiente, pero no suspende el deber de presentar oportunamente el informe. El artículo 23 distingue esas actuaciones para evitar que la restitución quede indefinidamente reemplazada por una discusión diferente. El reporte judicial marca la iniciación para los efectos convencionales que señala la ley.
Mandamiento, notificación y oposición
El artículo 25 atribuye primera instancia al juez de familia o promiscuo de familia del lugar donde se encuentre el niño. El artículo 26 establece el mandamiento de restitución dentro de tres días una vez completo el informe. Si faltan requisitos se ordena completarlo; el cómputo debe atender al momento legal y no utilizar la subsanación para negar acceso sin fundamento.
La persona requerida dispone de tres días desde la notificación para acceder al retorno u oponerse por las excepciones previstas. La rapidez no elimina notificación efectiva ni defensa. En comunicaciones electrónicas deben observarse los requisitos específicos de envío, acceso y cómputo; no basta asumir que todo término corre desde pulsar enviar. Se cita al defensor y al Ministerio Público y se garantiza escucha reservada del niño conforme a la norma.
La oposición del artículo 28 se traslada al requirente por tres días. El artículo 29 ordena programar audiencia dentro del esquema breve allí previsto: el juez actúa en tres días y la audiencia debe celebrarse dentro de diez. La prueba se dirige al objeto restitutorio y a las excepciones, sin abrir un juicio de custodia completo. La decisión sobre admisión y rechazo de pruebas tiene la regla especial de impugnación establecida en ese artículo.
Audiencia, decisión y recurso
El artículo 30 permite realizar audiencia aunque las partes no asistan y organiza prueba y decisión, con una suspensión excepcional muy breve. El niño es entrevistado reservadamente en las condiciones pertinentes; su oposición se examina por razones y madurez, no como simple encuesta de preferencias. Deben preservarse asistencia jurídica e información comprensible.
El artículo 31 exige precisar forma, tiempo, lugar y condiciones de ejecución del retorno cuando procede, además de gastos y medidas protectoras. No basta ordenar regreso sin examinar cómo se hará seguro y efectivo. Si se acredita riesgo grave, la ley exige explorar medidas que lo neutralicen en el Estado de residencia habitual y condiciona el retorno a su adopción cuando corresponda; si no pueden establecerse, se deniega según la regulación.
El artículo 32 permite apelación ante el superior con efecto suspensivo. Debe interponerse y sustentarse oral e inmediatamente en los términos especiales; el tribunal decide por escrito dentro de diez días desde la recepción por secretaría, con tratamiento preferente y regla especial si decreta pruebas. No debe trasplantarse sin examen el trámite ordinario de apelación de otros asuntos de familia.
Vía directa y ausencia de trámites dilatorios
El artículo 35 excluye incidentes, acumulación, reconvención y requisitos de procedibilidad en el proceso especial. No se exige una conciliación previa de custodia para poder reclamar restitución por esa vía. El artículo 36 conserva solicitud directa ante juez de familia, sin pasar por autoridad central, mediante procedimiento verbal sumario. Por ello, sería incorrecto enseñar que toda petición tiene necesariamente idéntica secuencia administrativa.
En cualquier ruta debe informarse a la autoridad central conforme al artículo 37. Las comunicaciones y la asistencia permiten coordinar localización, pruebas y ejecución, sin convertir al ICBF en juez de todas las excepciones. La selección del régimen exige identificar vía, fase, fecha de iniciación y transición, además de edad y convenio aplicable.
Asistencia, traducción y disponibilidad real
Los artículos 18 y 19 contemplan asistencia y traducción dentro de sus supuestos. Deben revisarse las condiciones de asignación y las necesidades de cada interviniente, sin asumir que contratar privadamente es la única vía posible o que cualquier servicio está disponible inmediatamente en toda oficina. La obligación normativa y la implementación administrativa son planos distintos; una ausencia comprobada de recursos requiere gestión y respuesta institucional, no una promesa ficticia al usuario.
La persona debe comprender notificación, objeto y consecuencias de la oposición. La representación formal no basta si no puede comunicarse con quien la asiste o no recibe documentos en condiciones accesibles. La rapidez del trámite exige preparar oportunamente información relevante y evitar prueba sobre asuntos ajenos a su objeto. Esta concentración permite resolver con garantías sin convertir el procedimiento en una custodia ordinaria de duración indefinida.
Ejemplo colombiano 1: expediente pendiente en agosto de 2025
Una solicitud seguía en fase administrativa al promulgarse la ley. Debe aplicarse el tránsito del artículo 41: esa fase conserva el régimen anterior, pero el procedimiento judicial será el nuevo. Si la demanda ya estaba admitida judicialmente, la respuesta cambia según la regla especial. La fecha de una carta inicial no basta para escoger el régimen; se comprueba la fase procesal real.
Ejemplo colombiano 2: niño localizado en Cali
Una solicitud recibida por Colombia permite localizar al niño en Cali. Se activa la fase territorial y, si no se obtiene retorno voluntario dentro del marco legal, se presenta informe al juez competente del lugar. El juez examina requisitos y expide el mandamiento en el término especial. La autoridad no puede reemplazar indefinidamente el reporte por conversaciones informales mientras se acumulan retrasos.
Ejemplo colombiano 3: petición directa ante juez
Un interesado plantea directamente restitución ante el juez de familia competente sin acudir primero al ICBF. El artículo 36 prevé esa posibilidad y remite a verbal sumario. Deben comprobarse sus requisitos y mantenerse la información a la autoridad central. No corresponde rechazarla únicamente porque no siguió la secuencia del informe administrativo, ni confundir esa vía con una demanda de custodia de fondo.
Fuentes examinadas: Ley 2524 de 2025 completa, especialmente artículos 11–13, 18–32 y 35–41. Consulta: 2026-11-04. Revisión humana pendiente.
Repasa lo aprendido
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