Dos formas de conducta y una exigencia de atribución
La responsabilidad estatal por acción u omisión exige relacionar una conducta atribuible con el daño antijurídico en los términos del artículo 90 constitucional. Una acción interviene positivamente; una omisión deja de realizar una actuación jurídicamente debida en sus condiciones. La diferencia no permite concluir que el Estado solo responda por contactos físicos o, al contrario, por no evitar cualquier pérdida. Deben identificarse conducta, deber pertinente, oportunidad y conexión, con el título que resulte adecuado a los hechos del supuesto.
La acción puede consistir en una operación material, una decisión o una divulgación, con regímenes y consecuencias diferentes. No toda actuación estatal que precede un daño lo causa ni cualquier uso de una atribución es ilícito. C-333/96 permite examinar daño antijurídico derivado también de conducta legítima bajo el fundamento correspondiente. Cuando se alega falla, deben comprobarse las condiciones de incumplimiento del servicio y su incidencia, sin confundir la actividad positiva con prueba automática de culpa o de una obligación de indemnizar.
La omisión estatal jurídicamente relevante supone algo más preciso que una autoridad pudo haber hecho más. Se necesita identificar qué debía realizar en el caso, por qué le correspondía, en qué momento y con qué posibilidad efectiva de actuación. Después se examina su relación con el daño no evitado. La referencia constitucional a protección de personas y bienes orienta las funciones, pero no convierte por sí sola toda lesión causada por terceros en consecuencia indemnizable de una omisión de cualquier entidad.
Reconstruir deber y oportunidad
El contenido obligacional del servicio se determina por las fuentes pertinentes y las condiciones reales de la actividad. Puede exigir inspeccionar, advertir, conservar, proteger información o ejecutar una actuación específica, sin que esas tareas sean idénticas en todo sector. Debe precisarse el sujeto obligado y el objeto protegido. Una recomendación deseable no equivale necesariamente a un deber jurídico concreto, y una obligación expresamente aplicable no desaparece solo porque la oficina prefiera otra prioridad sin fundamento suficiente en el supuesto.
La oportunidad importa para atribuir una omisión. Conocer un peligro con tiempo y posibilidad de adoptar una medida debida no es lo mismo que recibir información después del daño. Tampoco el conocimiento individual de una persona se atribuye sin examen a toda la organización. Deben establecerse recepción, funciones, medios y actuación exigible, sin deducir automáticamente ausencia de deber desde no existir una carta formal cuando la fuente y la prueba permitan acreditarlo de otro modo.
La posibilidad de actuar requiere una valoración concreta y no una exigencia de perfección absoluta. Deben identificarse medidas jurídicamente admisibles y materialmente posibles en las circunstancias, y explicar su función frente al daño. Una limitación real relevante no equivale a cualquier alegación genérica de falta de recursos. Tampoco se impone al Estado lo imposible por afirmar retrospectivamente que habría sido ideal evitar la pérdida. El juicio necesita relacionar condiciones, deber y mecanismo, sin sustituirlo por indulgencia universal o garantía total de resultado.
Comprobar incidencia y distinguir participantes
La omisión debe tener incidencia en el resultado reclamado bajo el régimen. Probar que un informe se presentó tarde no demuestra que esa tardanza produjo cualquier lesión posterior. Debe explicarse cómo la actuación debida habría intervenido en la secuencia, atendiendo la evidencia y la finalidad del deber. Si la medida omitida no podía evitar o incidir en ese perjuicio, el dato de incumplimiento no basta para atribuirlo por esa razón. No se niega la irregularidad: se delimita su consecuencia patrimonial.
En el expediente 56888 de 2023, el Consejo de Estado examinó obligaciones concretas de control, inspección y mantenimiento, así como el tiempo disponible para detectar una instalación irregular. La atribución por falla no se apoyó únicamente en que ocurrió una muerte cerca de una red, sino en omisiones con incidencia en la energización del elemento y la lesión. La explicación sirve para ordenar el análisis de deber, posibilidad y nexo; las distancias técnicas y normas del hecho de 2009 no se trasladan como manual vigente de 2026.
Una lesión puede surgir de acción de un particular y de omisión relevante de una autoridad, o no ser imputable a esta si faltan sus presupuestos. La participación privada no decide por sí sola la respuesta. Deben examinarse deberes propios, material causal y título, sin transformar todo contrato en transferencia total de obligaciones ni en garantía estatal universal. En los supuestos del artículo 140 del CPACA, la influencia causal de quienes intervienen requiere determinación, no una atribución indiferenciada por el solo número de participantes.
Conducta, garantías y resultado patrimonial
El análisis de una divulgación debe distinguir licitud de hacer pública cierta información y el deber de proteger lo que tiene reserva o protección aplicable. El artículo 15 constitucional conserva intimidad, buen nombre y garantías en tratamiento y circulación de datos. Si el caso acredita divulgación indebida, todavía deben precisarse lesión propia, conexión y atribución para resolver reparación. Ni toda publicación es dañosa ni la finalidad de transparencia habilita por sí sola revelar indiscriminadamente cualquier contenido que una entidad custodia.
La conducta por acción u omisión puede tener consecuencias organizativas, disciplinarias, penales o de corrección diferentes del deber de reparar. El artículo 6 constitucional conserva responsabilidad de servidores por omisión o extralimitación en funciones; el 90 regula daño imputable y repetición en su ámbito. No se traslada automáticamente una conclusión de un plano a todos los demás. Determinar una falla del servicio no equivale por sí solo a probar dolo o culpa grave personal de cada funcionario mencionado en el expediente.
La conclusión patrimonial debe indicar cuál conducta y qué deber o título justifican responder, y por qué lesión. En una omisión, necesita explicarse el paso de deber incumplido a daño atribuible; en una acción, el carácter positivo no elimina ese análisis. La precisión permite tratar de manera diferente una obligación incumplida que causó el perjuicio y un deber general sin conexión concreta. El artículo 90 comprende ambas formas de actuación, pero no autoriza condenar desde una formulación vacía de que la administración debió impedirlo todo.
Ejemplo colombiano 1: divulgación positiva de contenido protegido
Una entidad colombiana incorpora en una publicación abierta información personal que custodiaba. En el caso se acredita la protección jurídica de ese contenido, ausencia de habilitación para divulgarlo, lesión propia y conexión con la publicación, además de los presupuestos pertinentes de atribución. La entidad pretende excluir responsabilidad solo porque no hubo contacto físico con la víctima y se actuó mediante un archivo en línea. No se trata de datos legalmente públicos ni de una reserva invocada sin fuente.
La acción estatal puede consistir en divulgar y producir una lesión jurídicamente relevante. La inexistencia de contacto corporal no elimina los elementos acreditados ni convierte el daño en inexistente. Corresponde resolver la pretensión y su alcance bajo el régimen, sin considerar toda publicación dañosa o imponer una cifra automática. El ejemplo distingue forma de conducta y requisitos de responsabilidad: el soporte digital no desplaza la protección del artículo 15 ni prueba por sí solo todos los daños adicionales que pudiera narrar quien reclama.
Ejemplo colombiano 2: obstáculo vial conocido y medida debida omitida
Una autoridad colombiana tiene, por la fuente aplicable al tramo y actuación, el deber concreto de señalizar un obstáculo que conoce oportunamente. Cuenta con medios y tiempo razonable para hacerlo y omite la medida. Prueba válida establece que la falta de señal incidió en el accidente y que la actuación debida habría permitido advertir y evitar el obstáculo en las condiciones dadas. Se acreditan daño antijurídico y los otros presupuestos de la falla; no se fija aquí un catálogo universal de competencias viales.
Debe examinarse la omisión propia y su incidencia, sin exigir que la autoridad haya creado físicamente el obstáculo para poder responder. La conclusión no significa que toda entidad sea garante de cualquier accidente ni que todo conductor quede dispensado de sus deberes. Los hechos acreditan sujeto, medida, oportunidad y conexión, que deben tratarse junto con las demás circunstancias pertinentes. El caso muestra cómo una omisión jurídicamente delimitada puede integrar el fundamento de reparación, en lugar de reducir causalidad a quien puso el objeto en la vía.
Ejemplo colombiano 3: deber general convertido en seguro de todo fraude
Una persona sufre un fraude cometido por otro particular en Colombia. Dirige su reclamación contra una entidad únicamente con el argumento de que el artículo 2 obliga al Estado a proteger los bienes de las personas. No acredita acción estatal, conocimiento previo de un riesgo concreto, deber específico incumplido, relación de garantía o título que permita atribuir esa pérdida a la demandada. El supuesto no niega que en otros hechos pueda existir omisión de protección jurídicamente relevante ni excluye la responsabilidad del autor del fraude.
La finalidad general de protección no basta por sí sola para imputar a cualquier entidad toda lesión privada. Deben establecerse los presupuestos concretos de acción u omisión y el título pertinente, sin inventarlos por la gravedad del perjuicio. La conclusión no afirma que la víctima deba soportar jurídicamente el fraude ni que el Estado sea inmune por actos de terceros: identifica qué falta demostrar respecto de la entidad demandada. La cláusula de responsabilidad requiere atribución fundada y no una garantía universal de que nunca ocurra una conducta privada dañosa.